La minería ilegal en el Amazonas, que durante el gobierno de Bolsonaro creció más del 500%, conlleva a la destrucción de la selva y la contaminación de los ríos, pero además, agudiza el exterminio de territorios indígenas, envenenando a su paso la sangre de las infancias indígenas con mercurio, y exponiendo a niñas y mujeres a violaciones sistemáticas.

Maicon tiene 11 años. Dice que su mamá suele repetirle que sus ojos tienen el mismo color de río. Y es verdad. Al derramarse la luz solar sobre los ojos de Maicon, es cuando más se nota ese tono verde azulado similar al  del río Tapajós. Este es uno de los cauces más importantes del Amazonas. La cuenca atraviesa los  estados brasileños de Pará, Mato Grosso y Amazonas. En su travesía de 871 kilómetros, el Tapajós baña las costas de arena blanca de numerosos pueblitos pesqueros y territorios indígenas.

 Maicon y su familia viven a orillas del Tapajós, al igual que sus antepasados. Su comunidad, Sawré Muybu, se ubica entre los municipios de Itaituba y Trairao, en el norteño estado de Pará. Aquí la pesca es sustento y cultura. Hace unos años, en 2016, Sawré Muybu obtuvo cierta trascendencia mediática por ser una de las comunidades indígenas que resistió hasta desterrar al proyecto hidroeléctrico “Sao Luiz Tapajós”, un emprendimiento que de haberse construido, hubiese anegado 722 kilómetros cuadrados, en los cuales viven más 12.000 indígenas mundurukú y cerca de 2.500 habitantes ribereños.

–Si hacían eso, nos íbamos a quedar sin casa, y sin río. El río es nuestra casa. Nos da alimento. Si hacían eso, iban a desaparecer los peces, las tortugas, nuestras hierbas medicinales, todo. Y a nosotros nos iban a sacar–, dice Maicon.

La lucha de los mundurukú logró evitar que el millonario proyecto se concretase, salvaguardando así el territorio. Incluso, con una ambientalista como Marina Silva al frente del Ministerio de Medio Ambiente y la incorporación al organigrama estatal de un Ministerio de los Pueblos Indígenas, la amenaza de una mega hidroeléctrica que arrase territorio ancestral pareciera disiparse del todo. Sin embargo, “la maldición” ahora es otra.

Mercurio en sangre: infancias minadas

Como el 16% de los niños y niñas mundurukú que fueron testeados en 2021 por la Fundación Osvaldo Cruz (Fiocruz), la sangre de Maicon tiene mercurio. El estudio de Fiocruz también analizó a un conjunto de peces del Tapajós, esos que son consumidos a diario en las aldeas ribereñas. Los resultados fueron tan tétricos como esclarecedores: 88 peces de 18 especies diferentes estaban contaminados con mercurio.

¿Cómo llega el mercurio a la sangre de los niños y a los peces? A través de la “garimpa”, vocablo con el cual se conoce a la actividad minera ilegal que desde hace unos años asuela diferentes rincones de la selva amazónica, devastando la selva, contaminando los cursos de agua y envenenando a las poblaciones.

Los “garimpeiros” son los mineros brasileños autónomos que trabajan en la extracción de oro, cuarzo y piedras preciosas, bajo técnicas artesanales sumamente nocivas para la naturaleza. Si bien el “boom” de la búsqueda de oro en el Amazonas estalló entre las décadas del 79 y 80, ya para comienzos del siglo XXI se estimabas que la cantidad de “garimpos” oscilaba en más de 2000 núcleos, en los cuáles se desempeñaban cerca de 500.000 personas.

Datos actualizados publicados por Mapbiomas Brasil –un proyecto que integran ONG`S y universidades –indica que la minería ilegal en tierras indígenas aumentó en un impresionante 632% entre 2010 y 2021. “Durante el período del gobierno de Jair Bolsonaro la situación ha empeorado drásticamente. En 2021, la mina registró la mayor expansión en 36 años, devorando 15.000 hectáreas en un solo año. En cinco años, de 2017 a 2021, las nuevas áreas mineras alcanzaron las 59.000 hectáreas, superando todo el espacio ocupado por la actividad minera hasta fines de la década de 1980” informan desde Mapbiomas.

Esta expansión descontrolada de la actividad “garimpeira”, afectó directamente territorios indígenas de los pueblos Kayapó, Mundurukú y Yanomami Ti. Desde estas comunidades, exigen la inmediata intervención del gobierno federal para revertir este contexto que, además de la contaminación y las enfermedades, trae aparejados crímenes contra infancias, adolescencias y mujeres adultas.

Violaciones

“En territorios controlados por la minería ilegal, pequeños yanomamis vomitan gusanos. Los medicamentos tardan mucho en llegar o no llegan” refleja la cronista brasileña y editora del medio de comunicación Sumaúma, Talita Bedinelli, quien el año pasado publicó una crónica tremenda a la que tituló de la siguiente manera: “¿Por qué los buscadores de oro se comen las vaginas de las mujeres yanomami?”. Con este interrogante en primer plano, el artículo denuncia “el horror impuesto por la omisión deliberada del gobierno de Bolsonaro sobre la población de la mayor tierra indígena demarcada de Brasil, invadida por unos 20.000 mineros ilegales, acusados ​​de violar a niñas,  mujeres y la selva amazónica”.

La periodista indica que la invasión criminal de la minería clandestina en la Tierra Indígena Yanomami, con estímulo del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, “destruyó aldeas enteras profundamente. No solo echó a perder los ríos o la selva, sino que desestructuró una cultura con comunidades que hasta hace poco ni siquiera habían visto a un hombre blanco y vivían en armonía con la selva, de la que sacaban su sustento y nada más”.

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública de Brasil,  desde julio de 2020, varios  centros de salud que operan dentro del vasto territorio yanomami, fueron cerrados debido a las amenazas recibidas por médicos y personal de enfermería por parte de “garimpeiros”.

En la aldea indígena Homoxi, los mineros echaron al equipo de salud, transformando el espacio sanitario en un depósito de combustible para sus aeronaves. Esto dejó a 3.485 indígenas s sin ningún tipo de asistencia, pese a que las enfermedades por contaminación con mercurio y otras patologías, se volvieron frecuentes con los años de exterminio minero.

El río Couto de Magalhães es un río del estado de Mato Grosso, en el oeste de Brasil. Este afluente atraviesa el territorio de la Aldea Kayanaú. En esta comunidad, la minería ilegal se incrustó directamente dentro de la aldea. Los “garimpeiros” instalaron sus cabañas y sus máquinas en proximidades del río. “En Kayanaú se comieron toda la tierra, se comieron todo el río” afirma uno de los líderes de la aldea Maloca Papiú. “Los mineros remontaron el río Mucajaí en barco y luego llegaron a Couto de Magalhães.  Llegaron en 2018. Violan a las mujeres. Las embarazan. Hay muchos hijos de mineros. Ellos pagan. A niñas de 15 años, les dan  algunos gramos de oro, o unos pocos reales. O simplemente las violan. Además, en Kayanaú las familias pierden a todos los hombres, solo quedaron las mujeres. Se acabó por peleas. Los mineros tienen armas. En Kayanaú no hay ni siquiera un puesto de salud. Cerró por culpa de los mineros” agrega.

Un año mayor que su primo Maicon,  Gabriel (12) también viven a la ribera del río Tapajós.

–Para bañarse, si no quiere que se le enferme la piel, hay que tomar una canoa e irse a otro lado, porque el mineral ha contaminado las aguas. Pienso que las grandes máquinas que usan los mineros deberían ser destruidas para que no puedan continuar con su trabajo. Nos estamos enfermando y muriendo, y todo por el oro.

“El Estado debe intervenir con firmeza”

Integrante de Fiocruz, el militante social Paulo Basta observa que la relación que establecen los “garimpeiros” con las comunidades indígenas invadidas es absolutamente desigual.

–Es un ambiente tenso. Las comunidades viven en un clima de conflicto constante y sufren la presencia de armas, drogas, prostitución y violencia sexual contra mujeres y niños en sus propias aldeas. Toda esa violencia tiene impacto en la salud, las relaciones sociales y el desarrollo de los niños.

El especialista en conservación de la ONG WWF-Brasil, Marcelo Oliveira, asume que “para garantizar la salud y seguridad de los niños de Tapajós, y de todos los territorios afectados por la garimpa, es necesario, en primer lugar, rastrear y monitorear la cadena de producción y comercio del oro, considerado uno de los activos más importantes de la economía”.

El foco, dice Oliveira, debe ponerse en el oro como materia prima para joyerías y equipos médicos y electrónicos. Sobre ello no existen datos concretos, pero por ejemplo, una reciente investigación del portal Repórter Brasil demostró que computadoras y teléfonos celulares de las marcas Apple y Microsoft y superservidores de Google y Amazon – las cuatro empresas más valiosas del mundo-, contienen filamentos de oro y estaño extraídos de minas ilegales en el Amazonas.

“El Estado debe asumir este problema. El primer paso es realizar estudios amplios, concentrados en regiones, para tener una visión general del monitoreo ambiental y de salud. Otra acción urgente es atender a las personas infectadas” sostiene Oliveira. “¿Hay una solución? Ciertamente la hay, pero depende de la voluntad política para erradicar la corrupción” concluye.

Mientras esta crónica está siendo escrita, el gobierno federal encabezado por el presidente Lula Da Silva (quien en campaña declaró que “no habrá lugar para la minería ilegal en el país”), desplegaba un fuerte operativo especial contra la minería ilegal, en busca de  revertir el desastre humanitario en las tierras de los Yanomami. “El Gobierno de Brasil lanzó una campaña para expulsar de la mayor reserva indígena del país a decenas de miles de mineros ilegales. Fuerzas especiales de la policía federal y el Ejército, destruyeron aviones y confiscaron armas y embarcaciones en un operativo llevado a cabo en las profundidades del territorio yanomami, en la Amazonia brasileña” informaron desde el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.

Esto es lo que esperan los niños y jóvenes que crecen a orillas del Tapajós o el Couto de Magalhães: poder soñar con un futuro sin violencia ni enfermedades en sus territorios.

Publicado originalmente en Pelota de Trapo