Desde hace más de 20 años diferentes proyectos extractivos han trabajado en las comunidades del Valle de Palajuj no’j, Quetzaltenango. Durante todo este tiempo se han aprovechado de la naturaleza sin consulta previa a los pobladores y, desde hace algunos años, han optado por criminalizar a los líderes comunitarios que ahora denuncian penalmente la contaminación y malas prácticas de estas empresas.
El Valle de Palajuj no’j —significa “entre las 10 sabidurías”— es una área rural ubicada en el suroccidente de la cabecera de Quetzaltenango. El maíz para el autoconsumo, las hortalizas y diversidad de flores son los cultivos principales que sustentan a los comunitarios que habitan este territorio. Desde hace más de 20 años fueron invadidos por empresas mineras que, según el abogado Carlos Barrios, pertenecen al monopolio del cemento (Cementos Progreso). Extraen piedra pómez, piedrín y otros derivados de construcción. Nunca se ha realizado una consulta a las comunidades y han dejado destrucción y problemas de todo tipo en la vida cotidiana de los pobladores.
Pérdidas económicas, enfermedades y criminalización provocadas por la industria cementera
Don Mario Pérez es alcalde comunitario de Tierra Colorada Baja. Nos contó que algunas montañas de este lugar de Quetzaltenango han sido destruidos en los procesos de las mineras. Además, en varias ocasiones su casa se ha inundado por el mal manejo del agua por parte de uno de los proyectos extractivos ubicados en su territorio. Los pobladores les han dicho que es necesaria la construcción de pozos de absorción, pero las respuesta son negativas. Este es sólo uno de los males con los que tienen que lidiar, el constante procesamiento de la tierra para la fabricación de blocks y cemento, genera grandes cantidades de polvo. Don Mario indica que muchos de sus vecinos tienen conjuntivitis por este motivo y muchos niños sufren de enfermedades respiratorias.
La organización comunitaria en resistencia pacífica a las mineras, generó que dichas empresas se empezaran a criminalizar a ocho líderes comunitarios (tres mujeres y siete hombres). Este problema inició el 2014; entre los criminalizados está la hija de don Mario, a quien acusan de invasión de propiedad privada y robo agravado, pero el proceso no ha podido avanzar porque no existen pruebas que el Ministerio Público pueda presentar. Otro caso preocupante es el del alcalde comunitario de Tierra Colorada, Jorge Rojas, quien fue detenido durante 7 días, la acusación en su contra fue presentada por una trabajadora de las empresas extractivas, sin embargo, fue liberado por falta de mérito.
Las comunidades accionan legalmente contra las empresas mineras
Los comunitarios, agotados de los infructuosos procesos de diálogo —han habido más de seis— con los representantes de las mineras y de los ministerios de Energía y Minas, Salud, Agricultura, la municipalidad de Quetzaltenango, entre otras entidades, decidieron interponer una demanda penal en el MP de Quetzaltenango, en contra de las empresas mineras que trabajan sin consulta previa, bajo el apoyo de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, dirigida por el diputado Amílcar Pop.
Las mineras son acusadas de: delito de extracción ilegal de recursos naturales, contaminación industrial, incumplimiento del plan forestal y cambio del uso de la tierra sin autorización.
Los comunitarios esperan que el MP (entidad que colabora para criminalizarlos) investigue a las mineras de igual forma para imputar delitos, además existen procesos de amparo en camino para lograr la suspensión de labores de las minas.
Esta denuncia fue respaldada por los 24 representantes de la Coordinadora de Alcaldes Comunitarios de Quetzaltenango y por los vecinos del Valle de Palajuj No’j, quienes esperan que las mineras se hagan responsables de los daños materiales a sus viviendas y que se encarguen de reparar el daño provocado a la naturaleza.
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