Es usual que en Colombia se hable con orgullo acerca de la riqueza natural, la producción agropecuaria y la variedad de la comida. Sin embargo, en Colombia se aguanta hambre, hay pobreza y malnutrición; esto se debe a la política alimentaria del país y elevado grado de acumulación de la riqueza y las tierras.
Según las cifras del DANE, para el año 2020 el 42.5% de los colombianos y colombianas se encontraban en la pobreza, el 30.4% en condición de vulnerabilidad, el 25.4% en la “clase media” y solo el 1.7% en la clase alta. Es decir, a la clase trabajadora, popular, pertenecen el 98.3% de las personas.
La injusticia en la distribución de los ingresos se ve reflejada también en la seguridad alimentaria. De 6.886.830 familias que viven en las 23 principales ciudades del país, el 23.49%, equivalente a 1.617.716 familias (aproximadamente seis millones y medio de personas) solo pueden comer dos veces al día, y el 1.53% o 105.368 familias (420 mil personas) comen solo una vez al día.
Al ser comparadas con la totalidad de la población del país, estas escandalosas cifras reflejarían que de los 48 millones de habitantes del país, aproximadamente, 12 millones no pueden comer tres veces al día.
Esta grave situación de pobreza y hambre es responsabilidad de una clase en el poder que ha privilegiado la importación de alimentos, los monocultivos y la exportación de materias primas en contra de la producción agroalimentaria y el bienestar de la clase trabajadora en el país.
De las 114 millones de hectáreas que hay en el campo colombiano, el 75% de los predios está en manos del 5% de los propietarios. Las fincas con más de 500 hectáreas representan el 70% de los predios mientras que los campesinos y campesinas que alimentan el país trabajan en menos de 5 millones de hectáreas.
Las importaciones en materia alimentaria superaron los 12 millones de toneladas en el año 2020, cerca del 30% del total de alimentos que se consumen en el país. Entre los principales productos importados se encuentran el maíz, el trigo, el azúcar de caña, las lentejas, el garbanzo y otras legumbres secas. Además de esos productos, se tiene conocimiento de la importación de papa, plátano, subproductos lácteos y carne
La producción campesina también sufre fuertes golpes por la dependencia en materia de insumos, manipulados en sus precios por monopolios de abonos y de fumigaciones. Así, en todo el país se depende de empresas como Yara o Monómeros para la fertilización de cultivos; o de Bayern, Syngenta, Basf o DuPont, quienes se lucran con el mercado de venenos para arvenses, insectos y hongos.
Por otro lado, las intensiones del Gobierno nacional de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato traería consigo el envenenamiento de suelos, aguas, bosques y destrucción de producción alimentaria. Ese veneno, cancerígeno para humanos, es de amplio espectro, por lo cual no distingue entre plantas y su aspersión desde aviones lo lleva a diferentes lugares a través del viento o el agua.
Para superar esta situación de hambre y pobreza se necesita urgentemente redistribuir la tierra y desposeer latifundios improductivos para entregarla al campesinado, impulsar la acción cooperada y organizada de las comunidades campesinas para fortalecer intercambios e industrias cooperadas de transformación de productos y materias primas, así como impulsar fábricas de abonos, fertilizantes y otros insumos necesarios para la producción agropecuaria. En fin, es necesario replantear el sistema agroalimentario del país, reorganizando todas las actividades del ciclo económico para garantizar la soberanía alimentaria.
* Jorge López Ardila es integrante del Coordinador Nacional Agrario y colaborador de Colombia Informa.
Este material se comparte con autorización de Colombia Informa
