El gobierno está empeñado en militarizar las universidades. Su nueva estrategia: imponer un rector en la Universidad Industrial de Santander (UIS) que ubique una garita de la policía al interior del campus universitario y de ahí llevar esta práctica al resto del país.

El proyecto no existe en el papel, es más bien una idea que está rondando, pero se sabe que sólo es necesaria la aprobación del rector para que se convierta en realidad. Por los líos en la designación del nuevo rector esto se ha atrasado. Es de recordar que la elección se ha demorado porque el gobierno pretendió perpetuar, contra toda la comunidad académica, al anterior rector investigado por nexos con paramilitares, como no logró su cometido, dilató el proceso de nombramiento.

Se prevé que este panorama se disipe hacia marzo del próximo año, entonces, el proyecto se visibilizaría en julio. Para Oscary Ávila, estudiante y defensor de derechos humanos en la UIS, este es un “proyecto violatorio a la autonomía universitaria porque está militarizando la vida académica de la UIS”.

En cuanto a de dónde viene la idea de la garita. En el 2010, la universidad contrató al profesor Israelí Yair Linn, quien estaba inscrito a la Escuela de Eléctrica y Electrónica y además trabajaba para el Ministerio de Defensa de su país. Él presentó, ante el Consejo Superior, que es encabezado por el rector, la propuesta de una garita de Policía al interior del Alma Mater. Como la universidad estaba protegida por medidas cautelares dictadas por el CIDH, la unidad de derechos humanos le presentó el caso al Ministerio de Relaciones Exteriores y esto mantuvo congelada la idea.

Ahora se aduce que el propósito del gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, es nombrar un rector que se le mida a la propuesta y, de paso, autorice la instalación de unos torniquetes a la entrada del claustro universitario, tal como ya se hizo en la Universidad de Antioquia, y que funcionarán a partir de julio del año entrante.

Oscary Ávila explica que estas estrategias hacen parte de “a política del gobierno Santos de militarización de las universidades y darle tratamiento de guerra a los estudiantes”. La UIS sería el laboratorio de prueba, para aplicarlo luego en otras universidades públicas. De ese ser así, los estudiantes, buena parte de ellos menores de edad, tendrían que convivir con la fuerza pública al interior de su actividad académica, a sabiendas de casos de violación de derechos humanos al interior de las garitas o, incluso, de integrantes de la fuerza pública involucrados en violaciones sexuales.