El gobierno continúa con los actos de intimidación y hostigamiento contra los familiares de víctimas de violencia a través de su instancia de «administración de justicia», ya que muchos de ellos recibieron citatorios para careos con los presos, y si no asisten serán objeto de multas y obligados “con el auxilio de la fuerza pública” a presentarse, denunciaron los familiares de los los ejecutados, desaparecidos y de quienes sufrieron el desplazamiento forzado de las comunidades de la zona baja del municipio de Tila, dentro del Conflicto Armado Interno en Chiapas.
Los familiares aseguraron que no se presentarán a ningún citatorio mientras el gobierno no investigue eficazmente los hechos y determine los verdaderos autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en la zona baja de Tila, pues las investigaciones hasta el día de hoy “no han servido para nada” y sólo protegen la responsabilidad del gobierno.
Hasta que su demanda sobre ocho casos que ejemplifican el “terror” que se vive en Tila tenga una respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicaron que no acudirán a ninguna instancia mexicana por la falta de atención que éstas brindan, y porque el gobierno mexicano “tenía su participación directa e indirecta en los crímenes de lesa humana cometidos en la zona baja de Tila”.
A lo largo de 21 años, los familiares de las víctimas de la estrategia “contrainsurgente” implementada por el Estado, a través del Plan de Campaña Chiapas 94, en la cual se formaron grupos paramilitares para acabar con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, continúan con el enfrentamiento a la falta del acceso a la justicia, a los constantes hostigamientos, intimidación y persecución con órdenes de aprehensión injustas por parte de los procuradores y administradores de «justicia», afirman.
Denunciaron que hasta hoy, el gobierno mexicano se niega a reconocer su responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, el cual actuó en la zona baja de Tila bajo la preparación y protección de distintos niveles de gobierno en contra de la sociedad civil.
“Queremos dejar muy en claro que el conflicto en la zona baja de Tila, no fue un conflicto agrario, religioso o partidista, sino que fue una estrategia implementada para provocar el terror a la sociedad y acabar con el apoyo al EZLN”, señalaron los familiares.
Ante esto, pidieron al pueblo mexicano y al mundo a que acompañen su voz en busca de verdad y justicia para las víctimas de violencia, con el fin de que los verdaderos responsables sean castigados por los crímenes que cometieron.
