Francia, país de protestas callejeras y revueltas espontáneas, llevaba años sin ver una movilización social como la que este jueves ha ocupado las calles de las principales ciudades y ha dejado la economía a medio gas. Centenares de miles de franceses se manifestaron en contra de la reforma de las pensiones, mientras que sectores estratégicos como los transportes quedaban paralizados por una huelga que se prolongará en los próximos días. El presidente, Emmanuel Macron, tocado por la revuelta de los chalecos amarillos hace un año, busca una respuesta a la crisis sin renunciar a un proyecto central de su presidencia.
Las cifras son insólitas en tiempos recientes. En todo Francia salieron a calle más de 800.000 personas, entre ellos 65.000 en París, según cifras oficiales. El seguimiento de la huelga fue masivo en los sectores afectados. Solo un 30% de escuelas abrieron las puertas. Uno de cada cuatro funcionarios hizo huelga. Un 90% de ferrocarriles de larga distancia dejaron de funcionar en toda Francia, así como un 80% de los trenes de cercanías. En la capital, 11 líneas de metro cerraron.
Con los sindicatos y partidos de izquierda en primer plano, parecía un regreso a los viejos tiempos, anteriores a las erupciones populistas sin líder ni programa como la de los chalecos amarillos, muy minoritaria en su capacidad de convocatoria —su cifra máxima fueron 280.000 manifestantes—, aunque de enorme impacto político y social. La intención de Macron de refundir los 42 sistemas de pensiones vigentes ha encendido las alarmas de organizaciones y partidos en declive. El presidente, que tras llegar al poder en 2017 despreció el diálogo social, topa con una oposición amplia —no está claro si mayoritaria— a un plan que puede marcar el quinquenio presidencial.
La paradoja de este movimiento social es que se opone a una reforma cuyo contenido exacto nadie conoce y que, además, Macron ha querido realizar escuchando a los agentes sociales. El de ahora ya no es el Macron con aires monárquicos de hace dos años, el presidente del ordeno y mando que impuso con su rodillo parlamentario la reforma laboral y la de los ferrocarriles públicos. Entonces, ni los sindicatos ni la oposición lograban aglutinar el descontento. Tuvo que ser un movimiento imprevisto como el de los chalecos amarillos —la Francia de las ciudades pequeñas de provincia— el que, por primera vez, hizo recular al presidente.
Lo que los chalecos amarillos no consiguieron ahora lo intentan los sindicatos y los partidos, apoyados en la inquietud de millones de franceses respecto al futuro de sus pensiones y en un malestar de fondo que se proyecta en la figura del presidente de la República. La movilización de este jueves ha sido el primer acto de un pulso de resultado incierto. La compañía de ferrocarriles, la SNCF, y la del transporte público de la región parisina, la RATP, decidieron prolongar las huelgas. También los controladores aéreos pararán este viernes, lo que previsiblemente paralizará un 20% de vuelos. Está por ver qué otros sectores —desde la educación a la policía, pasando por hospitales y abogados, que también protestaron— mantendrán los paros.
El temor del Gobierno y la esperanza de huelguistas y manifestantes es que se repita el escenario de 1995. Entonces presidía Francia Jacques Chirac y el primer ministro era Alain Juppé, que impulsó una reforma de las pensiones parecida a la que hoy promueven Macron y su primer ministro, Édouard Philippe. El pulso duró entonces tres semanas, con manifestaciones que superaron el millón de asistentes y que acabaron forzando a Juppé, mentor de Philippe, a dar marcha atrás y archivar la reforma. Los convocantes de la protesta de este jueves eligieron el 5 de diciembre como una conmemoración, y una invocación de 1995.
Aliado crítico
La respuesta de Macron y Philippe consiste en esperar y ver. No quieren precipitarse y, mientras se desarrollaban las manifestaciones y parte del país estaba en huelga, evitaron las declaraciones. Cuentan con un aliado de peso, crítico pero decisivo: Laurent Berger, jefe del primer sindicato de Francia, la CFDT, que no secunda las protestas y prefiere esperar a conocer el contenido de la ley, cuyos principios aprueba. Los sondeos desvelan una foto ambivalente: la mayoría de franceses es favorable a la reforma, pero también simpatiza con las protestas.
Las opciones del Gobierno son, en síntesis, tres. Una, recular al estilo Juppé, opción que se descarta. Otra es mantener la reforma. La tercera, y la más probable, es adaptarla teniendo en cuenta algunas de las reivindicaciones de sus oponentes. Que el texto no esté escrito y que, sobre el papel, el diálogo con los sindicatos siga abierto, permite bastante margen. Philippe desvelará los detalles la próxima semana. El mensaje desde el palacio del Elíseo, sede presidencial, es que Macron se encuentra “tranquilo y decidido a llevar a cabo esta reforma, escuchando y consultando”. Es decir, la reforma de las pensiones se hará, pero nada está cerrado.
Publicado originalmente en El País
