Nos enfrentamos a una consulta que viola los derechos de los pueblos indígenas en un escenario manejado y manipulado por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y los grupos de poder. Es un proceso que debe ser denunciado en el sistema interamericano de derechos humanos y que desafía a unirse a la sociedad civil, a los movimientos sociales y al pueblo de Guatemala.
La forma prepotente y racista con la que se refieren a los pueblos indígenas los funcionarios del gobierno de Guatemala, como el Ministro de Energía y Minas, puede tener varias causas: la ignorancia, su nivel de corrupción, su racismo interiorizado y porque desconocer la historia de cómo los pueblos originarios, hemos logrado que los organismos internacionales reconozcan en mínima parte nuestros derechos.
Estos funcionarios, así como el presidente, magistrados de cualquier corte, diputados, etc., deben reconocer que nuestros derechos no son un regalo, son producto de una histórica lucha, para que los Estados Nación, adapten y adopten medidas para defender y proteger nuestros derechos como pueblos específicos y como seres humanos.
Esto no inició hace poco, ya durante la colonia, líderes de las comunidades enviaban emisarios a la corona española y a la iglesia quejándose de las atrocidades cometidas por los españoles en su empresa expansionista. Durante toda la historia, los pueblos y comunidades han utilizado la vía propuesta por los Estados para denunciar atrocidades en su contra y exigir el pleno respeto de sus derechos.
En el plano internacional, en 1923, Deskaheh, jefe de los Haudenosaunee, viaja Ginebra y habla ante la Liga de las Naciones para defender el derecho de su pueblo de vivir conforme a sus propias leyes, tierras y su fe (https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/historia.html). Hay otros ejemplos, pero con esto queremos decir, que los pueblos siempre hemos hablado, negociado, dialogado, para defender nuestros derechos y hasta ahora, solo han sido buenas intenciones.
En 1981, Martínez Cobo, siendo Relator de la Sub-Comisión sobre la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minas, elaboró el famosos “Estudio sobre el Problema de la Discriminación contra los Pueblos Indígenas” y define a los pueblos indígenas como:
“Las comunidades, poblaciones y naciones indígenas son aquellas que, teniendo una continuidad histórica con las sociedad invasoras y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran a sí mismas distintas a otros sectores de las sociedades que actualmente prevalecen en dichos territorios o en parte de estos” https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/historia.html).
Este informe tiene importancia fundamental, porque a partir de este momento histórico, se comienza a discutir y aprobar la normativa en materia de pueblos: como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y otros más. También se crean espacios de discusión sobre estos temas, como el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas y otros entes de observancia, como el Relator de Pueblos Indígenas, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, entre otros.
Demandar, pedir y exigir a los organismos internacionales, que fueran más concretos y específicos con los pueblos originarios, fue porque la doctrina sobre derechos humanos no era muy concreta, ni específica, en relación a los derechos de los pueblos indígenas y entonces los Estados, aunque sus constituciones reconocían el bien común y la igualdad, siempre los pueblos originarios, fueron tratados en base al racismo y la discriminación.
Siendo Guatemala, parte en estos instrumentos y miembro del Sistema de Naciones Unidas, de la OEA y de la OIT; como Estado y como gobierno, están obligados políticamente a adaptar toda su legislación y a adoptar medidas concretas para respetar, defender y promover los derechos de los pueblos indígenas y no violarlas como hasta ahora lo hacen y no deberían evadirlas. En todo caso, si no lo cumplen, pueden ser demandados en instancias internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacinoal.
Por eso, hablar con prepotencia y de forma abusiva, pensando que los pueblos indígenas no sabemos lo que queremos, solo demuestra una actitud racista y discriminatoriamente. Así, como en el pasado nos enseñaron el Padre Nuestro y el Ave María, ahora nosotros sabemos qué es la democracia y los derechos humanos, por esto no fácilmente nos engañan y, además, hemos tomado conciencia de recuperar lo que es nuestro, como nuestros territorios y sus recursos y a la vez ponerlo para el bien de los demás y no de las empresas y del capitalismo. Para que todos vivamos bien y que no se siga destruyendo el planeta.
Pero volviendo a El Estor, la consulta que comenzará supuestamente el día 12 de diciembre es espuria, ilegítima e ilegal. El Estado y el gobierno deben saber que el Convenio 169 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf) es un marco jurídico que no solo reconoce el derecho a la consulta, sino la forma de organización, política, social y cultural de los pueblos y, por lo tanto, en relación al extractivismo, el Estado debe consultar de forma previa e informada.
Por otro lado, en el artículo 6, dice:
“Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (artículo 6.2).
En este sentido, el Estado de Guatemala, debería de realizar las consultas a los pueblos originarios, desde el momento en que se decide que explorar un territorio o utilizar alguno de los recursos que hay en los territorios de los pueblos indígenas y si esto no se realiza, el trabajo de cualquier empresa es ilegal y espuria. Entonces, desde el inicio de las operaciones, ya hubo violación a los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos.
Volviendo a la consulta que estará realizando el Ministerio de Energía y Minas, en relación a la minería en El Estor, desde sus inicios han sido violados las normas del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas e incluso la misma legislación guatemalteca. Además de hacerla solo con una pregunta, como la siguiente: ¿Cómo le afecta el trabajo minero y qué sugiere para revertirlo?, se convierte en una consulta mezquina, racista, discriminatoria y poco apegada a la legislación y sobre todo al Convenio 169, sobre todo, cuando el pueblo Q’eqchi’ de El Estor, el pueblo de Guatemala y el mundo, lleva ya 50 años de estar sufriendo los efectos dañinos del trabajo minero, desde EXMIBAL hasta la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
La consulta no es para buscar soluciones, sino para decidir si continúa el proyecto minero o no. Además, los representantes indígenas no son los que participan en el Consejo de Desarrollo, sino las autoridades genuinas y si el gobierno no los conoce o porque no los quiere aceptar, para eso tiene el Gabinete Indígena o el Gabinete de Interculturalidad, y si estos lo desconocen para eso están otras instituciones adscritas al gobierno como la Secretaria de Pueblos Indígenas del Ministerio Publico o la Secretaria de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial, la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala y la Comisión contra la Discriminación y el Racismo y si estos también son deficientes, puede acudir al PNUD, al Foro Permanente de Pueblos Indígenas o a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para que se les asigne un experto en el tema. Por otro lado, están los centros de investigación que se dedican a la investigación sobre pueblos indígenas.
En conclusión; nos estamos enfrentando a una consulta en donde los derechos de los pueblos indígenas son violados, además; se hace en un escenario cargado de violación a los derechos humanos. Por otro lado, manejada y manipulada por CGN y los grupos de poder como la Cámara de la Industria, la Cámara del Agro y la Cámara de Empresas Mineras. Por eso mismo, es un proceso que debe ser denunciado ya ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que sea un caso para presentar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por último, la sociedad civil, los movimientos sociales, el pueblo de Guatemala, tenemos un desafío, nos unimos para derribar el sistema o tendremos más hechos como este en el futuro.
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* Kajkoj Máximo Ba Tiul es del pueblo Maya Poqomchi, antropólogo, filósofo, teólogo, profesor universitario, guatemalteco.