El ejercicio de la violencia de Estado ha ido acompañado de su propia negación, nunca se dice ella misma, nunca aparece como tal. Nuestra historia reciente pone en evidencia, como un mecanismo, el discurso brumoso en el que la violencia del Estado se envuelve, salpicado de eufemismos y metáforas que funcionan como ventanas del terror.
[Tiempo suspendido]. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980. Camilo Vicente Ovalle
El periodo de la historia de México comprendido desde la mitad de la década de 1960 y hasta mediados de la década de 1980 se caracterizó por el empleo de una estrategia del Estado de contención y eliminación de la disidencia política, entendida como movimientos y organizaciones políticas, populares y guerrilleras, “que buscan transformar el régimen político” [1]. Para la sistematización de dicha estrategia, el gobierno puso en práctica diversos mecanismos para derrotar a la insurgencia social, uno de los cuales consistió en la configuración de una narrativa sobre un “enemigo común”: el guerrillero y disidente fue convertido en “delincuente común”.[2]
De esta manera, y como lo demuestran los diversos archivos de la represión [3], se definía a los grupos guerrilleros e insurgentes, o en su versión más extrema, como terroristas [4]. Ésta definición se daba a la vez que el Estado describía su propio papel en el ejercicio de la violencia, como acciones para “garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecimiento del Estado de derecho”. [5]
La narrativa creada por el Estado consistió también en el uso de “eufemismos” (palabra usada en el anexo 1 del Informe de la Comverdad) como gavillas o maleantes para restar connotación política a los grupos guerrilleros, paquetes para referirse a las personas detenidas y/o desaparecidas, o rastrilleo para la práctica militar de “limpiar” un territorio en busca de posibles “enemigos”. [6]
Tales prácticas discursivas se han enmarcado en los años de contrainsurgencia. Sin embargo, la esencia del discurso que se construyó alrededor del uso de la fuerza y sobre quiénes se ejercía no se acota a ese periodo histórico. Durante los gobiernos consecutivos y hasta el gobierno actual, las prácticas de Estado como la construcción de un discurso criminalizante se siguen aplicando, y aún son usadas para la justificación de políticas de “seguridad”.
Durante el sexenio de Felipe Calderón se inició una estrategia de combate al narcotráfico que dejó a su paso alrededor de 121 mil 613 homicidios [7]. Esta estrategia incluyó en el año 2011 la publicación de una base de datos en la página de la Oficina de Presidencia que “contenía información sobre defunciones presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada ocurridas entre 2006 y 2010”.[8]
La base [9], llamada “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” o “Base Presidencia”, fue criticada [10] en cuanto a su metodología por catalogar a las víctimas como presuntos delincuentes y porque sólo para el 4.4% de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada se había abierto una carpeta de investigación [11]. La base fue retirada de la página y ocultada, mas no descartada.
A partir de los correos publicados por el grupo hacktivista “Guacamaya”, se descubrió una base de datos llamada “Base Sexenal del Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada” (CANDADO). Las organizaciones Intersecta y Data Cívica analizaron esta y otra base que recibió de manera anónima el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, y encontraron que ambas compartían similitudes con la que se publicó durante el gobierno de Calderón. Las bases mantenían la naturaleza del registro que tanto se le había criticado a la “Base Presidencia”, lo que indicaba que se había continuado actualizando, a pesar de los cambios de gobierno. [12]
Las mencionadas organizaciones revelaron una parte de esta base y un análisis de la misma correspondiente al periodo entre 2017 y 2020, en el micrositio Con Copia Oculta. Este proyecto revela que ni la alternancia en el poder, ni la transición a un gobierno que se dice de izquierda, constituyó un factor de cambio en el modelo de seguridad que se ocupó todos estos años, por el contrario, representa un continuum en la narrativa de héroes y agresores que se ha manejado desde la década de 1970.
Los datos que surgieron a partir del análisis de la base de datos hecho en el proyecto Con Copia Oculta revelan omisiones y alteraciones intencionales por parte del Estado. Casi en la totalidad de los hechos violentos en los que no participó la autoridad se registra al menos una de las víctimas como “presunto delincuente”, a pesar de que sólo en el 5.4% se menciona el supuesto grupo criminal al que pertenecen.[13]
De acuerdo con lo anterior, la visión que tienen las autoridades respecto a la violencia vinculada a la delincuencia organizada es la de una violencia que se genera sólo entre grupos de delincuencia organizada, ya que las víctimas son registradas como presuntos delincuentes, contra los que se pretende mostrar como legítimo el uso excesivo de la fuerza.
Esta visión también se expresa en la forma en que se construyen las categorías para tratar esa información. De entre las variables que componen esta Base de Datos, una que es representativa de esto es la variable modalidad, pues clasifica los eventos violentos en cuatro categorías: Agresiones directas, Agresiones por enfrentamiento, Enfrentamientos, y Homicidios Vinculados a la Delincuencia Organizada (HVDO) [14]. Lo notable de dicha categorización es que las “agresiones” corresponden a los “eventos violentos en los que interviene alguna autoridad”, es decir, son registradas como “ataques” a las fuerzas del Estado a los que éste “debe responder”. [15]
El sujeto contra el que se “enfrenta” el Estado en su narrativa no ha sido el mismo a lo largo de los años. Sin embargo, como se puede observar, lo que subyace a las prácticas discursivas estigmatizantes es un fin similar: el Estado que se asume como salvaguarda del orden social, por medio de una narrativa fértil, legitima el uso excesivo de la fuerza y justifica sus acciones como si se tratara de una estrategia defensiva que responde a agresiones de grupos fuera del orden.
Tal es el caso de Arturo Garza, de 19 años de edad, Ángel Núñez, de 27, y Damián Genovez, de 18, que en la base de datos del Grupo Candado se incluye entre los “12 agresores fallecidos” que dejó un enfrentamiento del Ejército con presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2020.
Arturo, Ángel y Damián, sin embargo, eran víctimas de secuestro y en el momento del enfrentamiento estaban amarrados de pies y manos, en la parte trasera de una camioneta tripulada por las personas con las que se enfrentó el Ejército.[16]
La caracterización de los “agresores” para justificar esta estrategia pareciera estar presente no sólo en el discurso y los documentos sino también en las creencias y en el actuar de las fuerzas armadas. En un momento de la presentación del proyecto Con Copia Oculta [17], se le preguntó a las especialistas cuáles serían los móviles para que el Estado asesinara civiles, a lo que Mónica Meltis Vejar, Directora Ejecutiva de Data Cívica, respondió:
…la lectura de esta base de datos […] es que hay una necesidad por sostener la estrategia de guerra en las calles […] parte de esta estigmatización y de esta estrategia de disparar a cualquier movimiento, a cualquier coche sospechoso, a cualquier persona que en el imaginario de la Secretaría de Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, o de los policías en algunos casos, parezca un delincuente. Entonces, en realidad pareciera ser que las órdenes son ‘dispara a lo que sea que tú pienses que es un delincuente’, sin un proceso previo de investigación… [18]
Existe un estigma social sobre las víctimas de la violencia vinculada a la delincuencia organizada, así como sobre las víctimas de desaparición, por el que se les caracteriza como culpables de lo que sufrieron por su supuesto involucramiento con el narcotráfico o crimen organizado. Frases como “Pues seguro en algo andaba”, “Algo ha de haber hecho”, “Seguro se lo buscó”, “¿Y por qué no lo cuidó bien?”, “Entonces le gustaba la fiesta, ¿verdad?” [19], se escuchan desde la sociedad civil y desde las autoridades que deberían iniciar búsquedas y perseguir el delito.
Si se toma esto en cuenta, valdría la pena resaltar que el discurso de criminalización se convierte en un pensamiento cotidiano de las personas operadoras de las instituciones de seguridad, propio de su labor. Recuerda al concepto de cultura jurídica interna, el cual refiere a las actitudes, valores, creencias y prácticas compartidas por quienes se relacionan profesionalmente con el derecho [20] y que afectan la manera en que se produce y ejecuta el derecho. En este caso pareciera ser una cultura interna de las instituciones de seguridad y de sus operadores -es decir, actitudes, valores, creencias, y prácticas internas- que incorpora y retroalimenta el estigma social que se vierte sobre las víctimas, y que afecta la forma en que se planean y ejecutan las estrategias de seguridad.
Este continuum de la narrativa estatal que criminaliza y estigmatiza a las víctimas de la violencia vinculada a delincuencia organizada probablemente seguirá siendo usado como herramienta para la justificación del uso excesivo de la fuerza en cualquier ámbito, contra cualquier persona, con o sin una investigación adecuada. Ante esto, resulta importante que las organizaciones civiles y la población exijan transparencia en estas prácticas y una política que resuelva efectivamente el problema de violencia que prevalece en el país, porque las víctimas de la violencia vinculada a la delincuencia organizada existen, y aumentan día a día.
Referencias
[1] Vicente, Camilo (2019). “[Tiempo suspendido]. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980”. Bonilla Artigas Editores, pág. 55.
[2] ibid. pág. 94.
[3] Los denominados Archivos de la Represión refieren a documentos creados por las distintas dependencias estatales en los que se registró el “diseño e implementación de la contrainsurgencia”, es decir, información sobre “los ‘enemigos’ en turno (…) que permitiera documentar su culpabilidad, permitir su captura y ejecutar la condena.” (ibid., pág. 27)
[4] ibid. pág. 89.
[5] Turati, Marcela (junio, 2022), “Al abrir el Campo Militar #1 a víctimas de la ‘guerra sucia’ Sedena anuncia homenaje a militares ‘caídos’”. Con-Ciencia, A donde van los desaparecidos. Disponible en: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/06/23/al-abrir-el-campo-militar-1-a-victimas-de-la-guerra-sucia-sedena-anuncia-homenaje-a-militares-caidos/
[6] Comverdad, Article 19 (2023). “Anexo 1: Reconstrucción Histórica. Informe Final de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (COMVERDAD)”. págs. 16 y 312.
[7] Delgado, Ángel (26 de julio de 2022). “Homicidio a lo largo de los sexenios; con Calderón repuntó, una montaña rusa con Peña y con AMLO, una meseta”. El Universal. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/homicidio-lo-largo-de-los-sexenios-con-calderon-repunto-una-montana-rusa-con-pena-y-con-amlo-una-meseta/
[8] Data Cívica e Intersecta. “Informe ‘La bitácora de la guerra: la base oculta’”. Micro sitio Con Copia Oculta. La guerra que cuenta la SEDENA, Asunto 1. Disponible en: https://concopiaoculta.org/la-bitacora-de-la-guerra/informe
[9] Ibid.
[10] Atuesta, Laura; Siordia, Oscar; Madrazo Lajous, Alejandro (2016). “ La ‘Guerra Contra las Drogas’ en México: registros (oficiales) de eventos durante el periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2011”. Cuadernos de Trabajo del Monitor del Programa de Política de Drogas, CIDE, pág. 13.
[11] Data Cívica e Intersecta, op.cit.
[12] Ibid.
[13] Arteta, Ixtaro. Reportaje “La guerra que se mantuvo bajo la fantasía de la paz”. Micro sitio Con Copia Oculta. La guerra que cuenta la SEDENA, Asunto 1. Data Cívica, Intersecta Disponible en: https://concopiaoculta.org/la-bitacora-de-la-guerra/reportaje
[14] Data Cívica e Intersecta. “Diccionario de datos”. Disponible en: https://media.datacivica.org/pdf/Diccionario-datos_CCO.pdf
[15] Ibid.
[16] Arteta, Ixtaro, op. cit.
[17] Intersecta (16 de mayo). “Lanzamiento de la Bitácora de Guerra: la #BaseOculta”. Transmisión realizada por Facebook. Disponible en: https://www.facebook.com/IntersectaOrg/videos/564108099140210/
[18] Ibid
[19] Velasco, Édgar (23 de agosto de 2022). “‘La estigmatización tiene consecuencias nefastas’: Alejandra Cartagena”. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Disponible en: https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=32184274
[20] Accatino Scagliotti, D. (1997). “El saber dogmático en nuestra cultura jurídica”. Revista De Derecho, 8(1), 7–18. Disponible en: http://revistas.uach.cl/index.php/revider/article/view/3047
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*Eulise Rosas Jácome es egresada de la Licenciatura en Sociología por parte de la UNAM y estudiante asociada al GIASF.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas (Ver más: http://www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
*Foto de portada: El Presidente Felipe Calderón Hinojosa el 23 de junio de 2011 durante el Diálogo con miembros y representantes de la sociedad civil sobre Seguridad, que se llevó a cabo en el Alcazar del Castillo de Chapultepec. Presidencia
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos
