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El Congreso Nacional Indígena se declara en alerta roja ante la actual embestida contra los pueblos

Redacción Desinformémonos

El Congreso Nacional Indígena se declaró en alerta máxima por los ataques de represión y despojo en San Francisco Xochicuautla, Estado de México, y las agresiones a los dos miembros de la Policía Comunitaria de Ostula, Michoacán, por lo que llamaron a los pueblos, organizaciones y personas a solidarizarse con las acciones en defensa de las comunidades indígenas que sufren de abusos por parte de las empresas y el gobierno.

El llamado del Congreso invitó a la población en general a asistir a la comunidad de Xochicuautla y a movilizarse para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y sus comuneros.

Así mismo, denunció el intento del gobierno por minimizar y ocultar el asesinato de Francisco Grajeda y las heridas de Abraham Girón, ambos miembros de la Policía Comunitaria de Ostula, agredidos por un grupo de desconocidos armados desde un automóvil el pasado 10 de abril.

El lunes 11 de abril, más de 300 elementos de la policía de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR) sitiaron la comunidad de Xochicuautla e introdujeron maquinaria de construcción para iniciar con el derrumbe de varias viviendas.

Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena, fue sacado de su casa luego de que la policía le entregara un documento que señalaba que se encontraba en propiedad federal y que era necesario que se destruyera la vivienda.

Durante el ataque varias personas intentaron impedir el desalojo, por lo que fueron reprimidas y heridas a manos de los oficiales. Aproximadamente a las 17 horas, nuevos elementos de la policía del Estado de México ingresaron a la comunidad.

Las agresiones se cometieron a pesar de la existencia de dos suspensiones de amparo y medidas precautorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El pueblo de San Francisco Xochicuautla ha protestado desde hace cinco años contra la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, la cual atravesaría a la comunidad afectando las tierras, y por tanto la sustentabilidad de los pobladores, el agua y el bosque otomí.

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