Con el rostro sufriente marcado por el tiempo y el abandono de las autoridades, las viudas de El Charco denunciaron la falta de justicia y que a 25 años de la masacre ningún militar ha sido castigado. Señalaron que no se puede quedar en la impunidad y que van a seguir luchando para que se investigue a los elementos del ejército que participaron en aquella fatídica mañana, disparando contra indígenas que se organizaban para mejorar sus condiciones de vida y el desarrollo de sus comunidades.
Realizaron una marcha en memoria de los 10 indígenas y un estudiante de la UNAM ejecutados extrajudicialmente, 5 heridos, 27 detenidos y torturados el 7 de junio de 1998. Aún los recuerdos que se anidan en el corazón son profundos, brotan las lágrimas con el grito de justicia. Uno de los sobrevivientes destacó que sin tener algún delito sus compañeros fueron masacrados.
La presidenta del Comité de Viudas y Sobrevivientes, Eustolia Castro, exigió al Estado mexicano que el caso se investigue y responda una notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el asesinato de sus esposos. “Queremos que el Estado mexicano haga esa contestación para saber cómo se va a detener y encarcelar a los que fueron responsables de la masacre. En nuestro municipio hay muchos que utilizan el caso en la política, pero nosotras no queremos que se dé mal uso porque lo único que estamos exigiendo es justicia y castigo a los culpables”.
“Lo que sucedió el 7 de junio de 1998 nos marcaron para toda la vida, jamás vamos a olvidar. A 25 años hemos estado en el abandono por parte de las autoridades. El gobierno mexicano no ha dado una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya mandó una notificación y estamos en espera de una contestación para saber qué fue lo que pasó. El gobierno no nos quiere escuchar, no nos hace caso, ni siquiera nos voltea a ver a pesar de que nosotros somos las que llevamos el dolor. Hay tantas masacres y desapariciones forzadas, pero a las autoridades no les importa”, dijo doña Eustolia Castro.
Para las viudas el gobierno las quiso dejar en la orfandad porque no dejó que las comunidades se organizaran para gestionar obras como carreteras, centro de salud y escuelas. Recordaron que cada mes se organizaban los comisarios y líderes para poder formar un grupo de gestores comunitarios. Había muchas necesidades que las autoridades estatales y federales no atendían.
Después de la masacre lejos de que las autoridades brindaran apoyos, las empezaron a hostigar. Las viudas y sobrevivientes prefirieron replegarse a sus hogares, escondiéndose en sus siembras de maíz. Trataron de organizarse para exigir justicia, pero el asedio de los militaress se intensificó para apaciguar y romper todo indicio de resistencia. Los apoyos económicos que supuestamente había dado el gobierno del estado se lo clavaron porque las víctimas no recibieron nada. Los proyectos productivos que han accedido son los que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha gestionado con organizaciones internacionales.
Estos 25 años de añorar la justicia, sólo han tenido la indiferencia y el olvido de las autoridades. Se repite la historia porque «vemos a los familiares de los 43 que se han movilizado y tampoco han obtenido justicia, si el gobierno tuviera voluntad de hacer justicia, ya lo hubiera hecho”, señaló Eustolia Castro.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, destacó la «falta de sensibilidad de las autoridades. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda seguramente no conoce lo que significa la masacre de El Charco. El poder legislativo estará en algún restaurante gastando el presupuesto que le corresponde a las mujeres de El Charco. A pesar de que el gobierno de Guerrero es el sello de la 4T, sin embargo, todavía no encarnan las causas más profundas, máxime que le han dado un nombre a nivel nacional por ser un pueblo combativo, un pueblo de hombres y mujeres que son capaces de subirse a la montaña, empuñar las armas y liberar al pueblo subyugado”.
Los gobiernos se han burlado de las viudas como pasó con el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero que hizo un evento donde les mostró un cheque para pagar la reparación de los daños a las víctimas de El Charco. Al final sólo les entregaron una bandeja con despensa, se sacaron la foto y les dijeron que ya se podían regresar a su comunidad. Ellas creyeron que posteriormente les iban a entregar el recurso que había depositado el gobernador para que el presidente municipal, Odilón, cambiara el cheque, pero se lo «chingaron». Las engañaron. Hasta la fecha, las autoridades en turno no han velado por sus derechos, sólo han pisoteado sus derechos y las han discriminado.
Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se solidarizaron con las viudas de El Charco. “Ver los rostros de las compañeras y familiares no es sencillo, en el fondo, en el corazón de cada familia existe el dolor, el coraje, la desesperación y la falta de la presencia de los esposos y de padres. Es muy doloroso hablar de ejecuciones extrajudiciales, así como nosotros de los 43 estudiantes. Con todo el sufrimiento les queremos decir que, a 9 años de la desaparición de los jóvenes, el ejército, las fuerzas armadas, siguen recorriendo comunidades, asesinando y desapareciendo a las familias con toda la impunidad. Hoy el gobierno federal culpa a los gobiernos anteriores, pero les ha dado el respaldo a las fuerzas armadas para asesinar al pueblo, a los dirigentes y a defensores de derechos humanos. La organización siempre ha sido considerada por los gobiernos como delito. El trabajo colectivo es un delito. No están solas”, señala Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega, estudiante desaparecido.
Esmeralda Navarrete, integrante del Colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo, leyó un comunicado de solidaridad con las viudas y sobrevivientes de El Charco. “Ya son 25 años de aquellos terribles y lamentables hechos, donde la impunidad que cubre a los autores intelectuales y materiales sigue intacta, no han movido nada. También somos víctimas del sistema de gobierno autoritario, represor, corrupto que se conduce en la impunidad, que asesina y desaparece a cualquier persona que se opone al régimen como en aquel entonces. A nosotros nos hace falta una persona en la familia, pero aquí estamos y no descansaremos hasta encontrarlo. Hoy queremos decirles con mucha tristeza que los diputados del estado de Guerrero se niegan a hablar con los colectivos para la aprobación de la ley local en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares”, denunció.
Las viudas de El Charco son el rostro pisoteado, ensangrentado, asesinado por un sistema capitalista que excluye a quienes tienen otra cultura, a quienes se expresan en otra lengua, a quienes vienen de lejos porque son los dueños y dueñas de estos territorios, de esta montaña sagrada que han querido explotar y saquear con las minas, con el agua, con todos sus recursos, con la madera para exprimir el corazón de los pueblos guerreros y combativos de este estado.
El caso ya está ante la Comisión Interamericana y estamos esperando el informe de fondo, donde se responsabiliza a las autoridades mexicanas de graves violaciones a los derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales de indígenas. Vamos a seguir peleando, tiene que salir la resolución, tienen que castigarse a los militares, tienen que investigarse, solamente a nivel internacional porque a nivel nacional no hay esperanzas con la Fiscalía General de la República porque hay una protección a los militares que violan derechos humanos» sentenció Abel Barrera.
«En Ayutla no hay caminos dignos para que puedan transitar las mujeres. Las escuelas como las de El Charco están acribilladas por el olvido. Las clínicas no existen y las que están son simplemente un monumento a la impunidad y a la indolencia, no hay medicinas. Las niñas y niños se han muerto porque no hay un médico que los atienda. Por eso vamos a luchar con el puño en alto porque sabemos que la justicia no florece de la noche a la mañana, la justicia va incubándose en las luchas, en los dolores, en los sufrimientos de muchas generaciones, la justicia es como los árboles que están a la orilla de lo ríos, como los ahuehuetes, que florecen más allá de varias décadas», resaltó Abel Barrera.
Son 25 años día y noche con un corazón herido, con un pueblo abatido, con una familia destruida, con una vivienda derruida, con el analfabetismo a cuestas, con las enfermedades encima, sin embargo, con la cara hacia el sol pidiendo justicia.
Publicado originalmente en Tlachinollan
