Ciudad de México, 16 de febrero de 2015. El caso de Nestora Salgado García, activista de Guerrero, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, es un asunto típico de prisión política y persecución de la lucha social, señaló Leonel Rivero, abogado a cargo de su defensa.
En una entrevista concedida a La Jornada, Rivero advirtió que la situación jurídica de Nestora condensa el rechazo del Estado a proyectos autónomos de seguridad pública que, como las policías comunitarias y las autodefensas, evidenciaron la incapacidad de las autoridades de proteger a las poblaciones indígenas y rurales de la acción del crimen organizado, por omisión o complicidad.
Nestora Salgado es una líder comunitaria que denunció en voz alta las complicidades de las autoridades municipales del municipio de Olinalá, en la Montaña de Guerrero, con el crimen organizado. Su papel como coordinadora de la Policía Comunitaria le fue conferido en asamblea. El cargo al frente de esta iniciativa legítima de procuración de justicia, reconocida por el propio gobierno de Guerrero, la llevó a ordenar, el 16 de agosto del 2013, la detención del síndico Armando Patrón Jiménez, acusado de abigeato y de presunta participación en el asesinato de dos ganaderos. El funcionario local fue trasladado a la Casa de Justicia regional para ser procesado por un sistema comunitario legitimado desde hace 18 años en la región. No se trata de un aparato de autodefensas, sino de todo un sistema de vigilancia, procuración e impartición de justicia comunitaria, al que el gobierno del estado le confiere legalidad e incluso apoyos económicos.
De acuerdo a la información de la reportera Blanche Petrich, funcionarios consulares y políticos estadunidenses citaron a una reunión al nuevo representante jurídico de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), Nestora Salgado, quien lleva presa desde hace más de 17 meses en una cárcel de máxima seguridad en Nayarit, a pesar que desde marzo del 2014 un juez federal revocó los cargos de secuestro que le imputaba. El objetivo del encuentro era conocer las causas y entender que obstaculiza la liberación de la activista guerrerense.
Francisco Flores Jiménez, es uno de las personas que supuestamente la PCO secuestró y torturó, declaró a Desinformémonos en una entrevista pasada, que él nunca estuvo detenido en contra de su voluntad. El joven, quien estuvo en un proceso de reeducación durante un mes en la Casa de Justicia de El Paraíso, en San Luís Acatlán, manifestó que la Policía Comunitaria lo detuvo por petición de su esposa y las de sus amigos, pues durante dos días no se presentaron a sus domicilios por que se habían ido a una fiesta. Mi esposa y mi mamá le pidieron a Nestora que me llevaran a El Paraíso, porque yo ya estaba muy desmadroso y todos estuvimos de acuerdo y firmamos un documento donde los autorizamos de que me llevaran a este lugar.
Ley por el Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero
El gobierno de Guerrero otorgó, a través de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, promulgada a mediados de 2009, el derecho de los pueblos indígenas de esta entidad a impartir la justicia a partir de sus usos y costumbres.
La PCO es parte de la Coordinadora Regional de Policías Comunitarias (CRAC), el proyecto autónomo de seguridad nació hace veinte años en San Luís Acatlán, en la región mixteca. Actualmente cuenta con 20 asambleas y sistemas de seguridad en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero y alrededor de mil 800 policías comunitarios resguardan la seguridad de 20 mil habitantes.
Casa de Justicia de El Paraíso
Ubicada en San Luís Acatlán, en la región de la Costa Chica de Guerrero, La Casa de Justicia de El Paraíso, es un lugar donde la Policía Comunitaria tanto de Olinalá como de Tixtla, con la ayuda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hacen procesos de reeducación, y trabajo en beneficio de comunidad, que va desde labores de jardinería, mantenimientos y mejoras de la casa. Quienes ingresan a la casa lo hacen bajo su consentimiento y el de sus familias, en el que queda constatado a partir de actas su autorización para ingresar al sistema de justicia.
Fabricación de delitos
Además de la acusación contra Flores Jiménez, Nestora Salgado está implicada en el supuesto secuestro de dos menos de edad, quienes hicieron parte del proceso de reeducación con el consentimiento expreso de sus madres y que quedó constatado en un acta. Ahora las señoras, cambiaron sus versiones ante el Ministerio Público (MP), las acusaciones por el secuestro de las menores son los que más pesan en el proceso de la activista guerrerense.
Con información de Blanche Petrich / La Jornada
