Foto: Durante la 8ª Conferencia Internacional de La Vía Campesina en Bogotá (Colombia), integrantes del movimiento campesino discuten su trabajo con otros movimientos sociales y entidades de la sociedad civil. Más de 400 representantes de La Vía Campesina, procedentes de 185 organizaciones miembros en todo el mundo, se dieron cita en esta capital para conmemorar el trigésimo aniversario del movimiento. (Antonio Cascio)
Del 1 al 8 de diciembre de 2023, más de 400 agricultores a pequeña escala, representando a 200 millones de pequeños productores de alimentos de 182 movimientos activos en 81 países se dieron cita en Bogotá, Colombia, para celebrar la 8ª Conferencia Internacional de La Vía Campesina (LVC). Este encuentro, el primero desde la pandemia de covid-19, permitió abordar los retos más acuciantes del mundo campesino, trazar una agenda común y, al mismo tiempo, conmemorar el 30 aniversario de un movimiento nacido en Mons, Bélgica, en 1993.
Entre los múltiples temas abordados –como la justicia climática, el feminismo o la agroecología– destaca la lucha por el acceso a la tierra y la reforma agraria, pilares fundamentales para garantizar el acceso a los alimentos, la soberanía alimentaria, así como la justicia social en su sentido más amplio.
Uno de los ejemplos más sangrantes de la interrelación entre el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y la justicia social lo encontramos en Palestina, en el último capítulo de su violenta ocupación. Más de 30.000 palestinos han muerto a consecuencia de los bombardeos sobre Gaza, que están teniendo lugar bajo el telón de fondo de una escalada cada vez más mortífera de las apropiaciones de tierras por parte de los colonos israelíes en Cisjordania. Según las estadísticas más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), alrededor del 42,6% de todas las tierras de cultivo gazatíes han sufrido daños. Se trata de un problema que se extiende a Cisjordania, donde al 50% de los agricultores de hortalizas se les ha impedido acceder a sus campos al menos en una ocasión. Según Naciones Unidas, más de medio millón de personas están al borde de la hambruna inminente.
“A los campesinos palestinos se les viene prohibiendo el acceso a sus tierras incluso antes de 1948, hasta hoy. Se han talado olivos de más de 600 años para dar tierras a los colonos”, afirma Hatem Aouini, del movimiento tunecino Millón de Mujeres Rurales y Sin Tierra. “Los colonos están en contra de la soberanía alimentaria de los palestinos, en contra de su acceso a la tierra y de la existencia palestina. Por eso Palestina es una piedra angular en la lucha de La Vía Campesina en todo el planeta”.
Frente a una crisis alimentaria mundial sin precedentes, agravada por conflictos, crisis económicas, extremos climáticos y el alza vertiginosa del precio de los fertilizantes, La Vía Campesina se mantiene firme en su defensa de la soberanía alimentaria como solución a esta emergencia.
“El capitalismo está en la raíz de los problemas actuales. Tenemos un sistema alimentario mundial fallido ya que, aunque tiene la capacidad de producir alimentos más que suficientes para nutrir a los ocho mil millones de habitantes del planeta, convive con [cerca] de mil millones de personas sufriendo de hambre crónica, debido a su inadecuada redistribución”, explica a Equal Times Jun Borras, profesor de Estudios Agrarios en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de los Países Bajos y uno de los fundadores de La Vía Campesina.
Este movimiento lleva tres décadas trabajando para empoderar al campesinado de todo el mundo con un objetivo principal: adquirir la soberanía alimentaria, un concepto definido por la organización como “el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados producidos mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas”.
Aunque se necesitan diferentes factores para alcanzar la soberanía alimentaria, La Vía Campesina subraya la necesidad de un acceso más equitativo a la tierra, esencial para garantizar el derecho de los pueblos a alimentos saludables y sostenibles. “Es inconcebible hablar de soberanía alimentaria sin un acceso democrático a la tierra. ¿Cómo se puede avanzar hacia la agroecología sin democratizar el sistema agroecológico en términos de tierra y naturaleza? Es imposible”, añade Borras.
Un estudio de 2020 revela que el 10% más acaudalado de la población rural en los 17 países analizados acapara el 60% del valor del suelo agrícola, en contraste con el 50% más pobre de las poblaciones rurales, las que más suelen depender de la agricultura, que solo posee el 3% del valor de la tierra. Esta investigación concluye que la desigualdad en la tenencia de tierras supera lo previamente estimado y amenaza el sustento de aproximadamente 2.500 millones pequeños agricultores a nivel mundial.
Lucha por la tierra para acceder a la soberanía alimentaria
El caso de Palestina no es aislado; de hecho, refleja un patrón mundial de uso de la violencia para arrebatar las tierras a una comunidad. Jun Borras identifica similitudes con las atrocidades que se están cometiendo contra los musulmanes rohinyá en Birmania (que comenzaron en 2016-2017). “La junta militar, que tomó el poder en Birmania dando un golpe de Estado en 2021, está quemando [numerosas] aldeas. Se trata de una estrategia de acaparamiento de tierras destinada a frenar la producción para matar de hambre a los grupos de la resistencia”. Otros factores que contribuyen a la desigualdad de la tierra son las desigualdades de género, sociales y políticas, así como las fuerzas del mercado.
La agroindustria y la minería son dos ejemplos de fuerzas impulsadas por las dinámicas de mercado que fomentan la concentración de tierras, degradan los recursos hídricos y el suelo, e impactan a campesinos, pescadores y mujeres, al restringirles el acceso a las tierras y su capacidad de subsistencia mediante la agricultura. Según la pescadora artesanal Josana Pinto, perteneciente al Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales (MPP) de Brasil, la contaminación del agua por el sector minero, la limitación del acceso a la tierra que imponen las grandes industrias y la destrucción de los manglares por las piscifactorías de langostinos son los principales problemas. “Si no tenemos acceso a nuestros terrenos, no tenemos producción, ni historia, ni vida”, lamenta.
“En el Congreso brasileño, la bancada ruralista [un poderoso grupo de parlamentarios del Congreso Nacional aliado a los intereses del agronegocio] siempre beneficia a la agroindustria, pero nuestro movimiento es popular. Nos alineamos con otros movimientos de La Vía Campesina y con nuestros hermanos y hermanas indígenas. Estamos convencidos de que solo la unión puede marcar la diferencia y garantizar nuestro derecho a la tierra y al agua”, añade Pinto.
En todo el mundo, los movimientos de campesinos y pescadores se están organizando para defender los derechos sobre la tierra y la soberanía alimentaria. Impulsan desde acciones directas, como la ocupación de tierras, hasta acciones legislativas, como la presentación de proyectos de ley o la creación de reservas campesinas.
Algunas de estas luchas también están asociadas a otro tipo de desigualdades, como en el caso de Sri Lanka, donde la desigualdad en los derechos sobre la tierra está directamente ligada al género. En 2020, se garantizó a las mujeres el derecho a heredar tierras gracias a la Ley de Enmienda de la Ordenanza de Desarrollo de la Tierra (LDO). “Son numerosos los casos de mujeres obligadas a abandonar sus tierras porque el hermano mayor viene y les dice: ‘Esta tierra no te pertenece. Tienes que marcharte’. En muchas ocasiones se ha recurrido a la violencia física y psicológica”, afirma Anuka De Silva, miembro de Mujeres por la Reforma Agraria y de la Tierra en Sri Lanka, así como del Comité Internacional de Coordinación de LVC.
Después de la revolución de 2011, en Túnez se generó una oleada de ocupaciones de tierras en el sur del país, cerca de Kebili. Aouini señala, como ejemplo a seguir, el caso de la ocupación de tierras por parte de la Asociación para la Protección del Oasis de Jemna. Esta comunidad tomó las riendas de una finca de dátiles de 185 hectáreas, hasta entonces controlada por colonos franceses –inicialmente– y después por el Estado. Cinco años después de su ocupación, la comunidad consiguió duplicar la producción de dátiles, lo que ha beneficiado significativamente a los residentes locales. “Ahora los beneficios se reparten de forma cooperativa. En primer lugar, entre los pequeños campesinos y, lo restante, lo reinvierten en mejorar las condiciones de vida locales. Compraron una ambulancia, construyeron una escuela y un campo de fútbol para los niños”, explica Aouini.
En Túnez, esta ola de ocupaciones fue reprimida a través de represalias judiciales por parte del Estado, lo que desembocó en el fracaso de muchas explotaciones ocupadas.
“Desafortunadamente, tras ocupar las tierras, muchos de nuestros compañeros fueron detenidos y encarcelados. Aún ahora, después de más de una década, continúan enfrentando problemas en los tribunales”, afirma Aouini. Pese a estos reveses, los movimientos campesinos tunecinos mantienen sus movilizaciones para alcanzar la soberanía alimentaria, inspirados por el éxito de la granja de dátiles de Jemna y de la experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil. En este último, gracias a la ocupación, 370.000 familias lograron establecerse en 7,5 millones de hectáreas y obtuvieron acceso a educación, créditos agrícolas y
asistencia sanitaria.
“Consideramos la ocupación una táctica revolucionaria que puede facilitar a los pequeños campesinos el acceso a la tierra. No obstante, las cooperativas, las empresas comunitarias, la economía solidaria y otras alternativas representan también soluciones viables para que jóvenes, mujeres y pequeños agricultores puedan acceder a tierras”, concluye Aouini.
En Brasil, los pescadores presentaron un proyecto de ley en 2020 para reconocer y garantizar el derecho al territorio de las comunidades que viven de la pesca tradicional, entendido como patrimonio cultural material e inmaterial. “En la actualidad, tenemos un proyecto de ley por iniciativa popular presentado al Congreso, a través del cual pretendemos regularizar nuestros territorios para garantizar la soberanía alimentaria y mejorar nuestras condiciones de vida”, afirma Pinto.
Colombia también avanza en la protección del derecho a la tierra de las comunidades campesinas con la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Hasta la fecha, el país cuenta con 12 ZRC que abarcan aproximadamente 403.000 hectáreas, de las cuales cinco fueron establecidas bajo el mandato del actual Gobierno de Gustavo Petro, de tendencia progresista. La creación de estas zonas tiene como objetivo priorizar las prácticas agrícolas tradicionales sobre los monocultivos, restringir la apropiación indebida de tierras por parte de la agroindustria y actuar como barreras para minimizar el impacto del desarrollo en las áreas protegidas.
Para Borras, la contienda por la soberanía alimentaria es un proceso del que aún queda gran parte del camino por recorrer. “Muchas de las luchas por democratizar el acceso a la tierra están demasiado dispersas y son poco numerosas”, admite Borras. “En estos momentos hay unos 100 millones de personas desplazadas de manera forzosa que necesitan tierras para reconstruir sus vidas y sus comunidades, pero no existe ni una sola política de restitución efectiva a nivel mundial”.
A pesar de estos desafíos, para Borras el vaso está más lleno que vacío. “Sabemos que este sistema alimentario capitalista no tiene futuro. Está destinado a desaparecer, pero aún no está muerto. En este proceso, los activistas por la soberanía alimentaria actúan como parteras colectivas que están dando a luz un nuevo sistema”.
Este artículo ha sido traducido del inglés por Eva López Cabello
Publicado originalmente en Equal Times
