Los debates y evaluaciones sobre el paro nacional que conmovió al país en días recientes no cesan; tampoco sus proyecciones y con ellas los posibles caminos por recorrer para que el mismo 1) se prolongue y 2) produzca los beneficios perseguidos.
En ese ejercicio, colectivo pero no centralizado en tanto responde a la dinámica social y territorial misma que caracterizó a esta jornada de lucha, sobresale el giro dado por el Comité Nacional de Paro (CNP) en pro de potenciar la lucha por las principales demandas que animaron las semanas de alzamiento social/popular y juvenil, o que se tornaron mucho más nítidas y sensibles para la sociedad colombiana en medio del movimiento.
El realce de lo definido por el CNP descansa tanto en el método como en las reivindicaciones elegidas para proseguir en la disputa por la concreción del pliego de emergencia, en este caso enmarcado en diez reivindicaciones*, y en el Congreso de la república como escenario para tramitarlas, validándolo así como el escenario “por excelencia de la democracia” –como tanto les gusta afirmar a terratenientes, banqueros, industriales, militares…–, a pesar de las evidencias de ilegitimidad que tiene precisamente entre un importante segmento social de los inconformes.
El método
Como certero puede definirse el llamado al debate nacional que implica darles contenido específico a varias de las principales demandas de la sociedad descontenta. Igualmente, desarrollar su contenido o la argumentación de las propuestas, lo cual permite a) llevar más allá de los iniciados los asuntos que son de todos y que muchas veces quedan reducidos al estrecho marco de los políticos y los activistas, en muchos casos políticos profesionales o politiqueros que terminan tomándose la vocería del conjunto; b) reconocer los territorios como epicentro de los debates y de la construcción social y alternativa, virando hacia los mismos para darle mayor legitimidad y potencia al paro en su deseable continuidad, en este caso mediante el ejercicio comunitario de dibujar la sociedad anhelada –en aspectos puntuales como los propuestos– y de blindarse con formas democráticas de convivencia y autogobierno.
Este sería el camino ideal por recorrer, profundizando de esta manera la propia organización en sus territorios, desarrollando escuelas vivas de lo que es e implica ser gobierno, estimulando el relacionamiento entre variados sectores de una misma sociedad y, en el caso de los sindicalistas, abriendo una oportunidad para llegar adonde un importante porcentaje de la sociedad trabaja hoy, se recrea y reproduce en sus condiciones de vida; es decir, llegar adonde están quienes debieran congregar diversidad de organizaciones sindicales, constituidas a través de nuevos actores, con formatos y maneras de funcionar diferentes de lo conocido hasta hoy en tanto no son trabajadores clásicos, y en tanto muchos/as ni siquiera marcan tarjeta o responden a un patrón.
El gris del giro dado trasluce en el espacio elegido para tramitar lo propuesto. Una y otra vez, en todas las encuestas llevadas a cabo sobre el Congreso resalta su impopularidad, una y otra vez, porque no representa el sentir mayoritario de la sociedad colombiana, y así es, precisamente, por defender los intereses de la minoría y desconocer las necesidades y aspiraciones de las mayorías.
Aquel espacio, como es sabido, está controlado por las fuerzas del establecimiento, es decir, por quienes representan a banqueros, gremios económicos, mafiosos y otros que saquean la riqueza colectiva, ellos y otros más que alimentan la guerra que los sostiene en el poder, espacio donde las minorías progresistas solo alcanzan a dejar testimonios.
Si esto es así, ¿por qué otorgarle a tal instancia dominante el poder para decidir sobre un conjunto de reivindicaciones que no son de su gusto o que, de ser alguna de ellas tramitada de manera afirmativa, seguramente lo será con el sello del gobierno al incorporarle uno u otro artículo o algún perfil que lo ligue a su gestión?
La decisión, en todo caso, desdice de las lecciones del paro, toda vez que lo indicado por este es que la democracia directa, radical y refrendataria es el camino para hacer realidad las aspiraciones populares y satisfacer las necesidades de las mayorías. Como lo evidenció lo conseguido en medio de las jornadas de protesta, tanto la renuncia oficial al texto original de reforma tributaria como la dimisión del ministro de Hacienda y de la Canciller, así como el reconocimiento –así fuera parcial– del derecho a matrícula cero, pero también otra variedad de logros conquistados en varias municipalidades en las que parte de los presupuestos locales fueron reorientados para satisfacer algunas de las demandas que los implicaban, como abrir plazas de empleo o para estudio, así como financiar famiempresas y microempresas, entre otros casos. Se trata de un gris con tonalidades oscuras, toda vez que en las reivindicaciones hasta ahora conocidas como seleccionadas para traducirlas en proyectos de ley no figuran importantes banderas izadas por quienes no hacen parte de los sectores organizados de manera clásica.
Como se puede verificar al revisar algunas de las constantes sobresalientes en las protestas cotidianas desde el 28A, la sociedad movilizada atacó una y otra vez los CAI, dejando en claro su inconformidad con el modelo policial existente; igual proceder mantuvo con el servicio público de transporte, por ejemplo, lo que indica el descontento con el servicio prestado y las tarifas vigentes, pero también con el hecho de que no sea propiedad pública, reflejando así la evidente aspiración nacional de que tal transporte en verdad sea público, además de eficiente y con tarifas accesibles para las mayorías empobrecidas.
Si así es, ¿por qué no abrir el debate nacional tanto sobre seguridad pública y policía, como sobre la propiedad y las características que debiera tener el transporte colectivo? Y de su mano llegan otros debates, uno de ellos sobre el tipo de ciudades hasta ahora construidas y la reorganización territorial que implicaría el eficiente funcionamiento de un sistema de movilidad urbano de nuevo tipo.
Además, si los alzados en su mayoría son informales y otros muchos aquellos que llaman Ni-Ni, ¿por qué no retomar la discusión y debatir en el conjunto nacional sobre asuntos importantes como ingresos, calidad de vida –digna–, trabajo y estudio?
Algunos podrán decir que precisamente la Renta Básica responde a ello, y esto es cierto pero solo de manera parcial, ya que la renta planteada tiene un límite temporal y la problemática de los ingresos y de vida digna es para debatir y concretar a través de un modelo social que no es el actual, garantizándolo más allá de un gobierno u otro.
Y con esto llegamos al trasfondo del debate: lo cuestionado por la sociedad inconforme hace parte de una onda global que responde a una crisis civilizatoria en la cual el sistema capitalista, como un todo, está en cuestión, crisis potenciada y llevada hasta una cresta inocultable por el covid-19.
Es decir, aunque lo que resalta en medio de la protesta son necesidades puntuales, las mismas están cuestionando el límite al que llegó este sistema en temas como trabajo, ambiente, producción, organización territorial, administración de lo público, ejercicio –real– de la democracia, poder, seguridad. Tal vez no seamos conscientes de ello, pero así es. Y el debate nacional sobre las reivindicaciones debe permitir que se llegue al núcleo del problema, sin quedarnos en sus manifestaciones.
Estos contenidos son complejos, no hay duda, e imposibles de materializar en un proyecto de ley, pero precisamente al asumirlos le hacemos el quite al engaño en que el CNP se está metiendo y al que está llevando al conjunto nacional: creer que reformando aspectos puntuales de nuestra organización social es posible superar la crisis que vivimos. Una reforma, valga la pena enfatizarlo, imposible de canalizar por el actual Congreso y por el actual Estado, como parte y como todo.
Entonces, la ruta para ahondar el paro, retomando sus enseñanzas, está en los territorios, adentrándonos en los mismos, abriendo decenas de espacios de formación y organización colectivos, concretando asambleas en las que, entre todos, se definan el qué y el cómo para hacer realidad su sueño de vida digna. Las asambleas, en círculo concéntrico, deberán interrelacionarse paulatinamente entre unas y otras, hasta hacer consciente para la totalidad de la sociedad lo que implica el pliego de emergencia pero, de igual manera, lo que conlleva y demanda pasar a construir otro tipo de gobierno, uno que esté a la altura de las banderas desplegadas el 21N (2019) y el 28A (2021), pero también en sintonía con el nuevo tipo de organización social a que obliga –para superarla– la crisis sistémica por la que atraviesa el Sistema Mundo Capitalista.
* De los 10 proyectos de ley por radicar el 20 de julio, hasta el día 15 solo eran conocidos los siguientes cinco: 1. Renta básica; 2. Matrícula cero; 3. Derogatoria del Decreto 1174; 4. Reglamento de la protesta social; y 5. salario para trabajadores de pequeñas y medianas empresas.
Publicado originalmente en desde abajo
