En su informe anual, el Banco de España hace sus acostumbradas recomendaciones sobre mercado laboral, que tantos problemas le trajeron ya al anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero en esta ocasión, va un paso más allá. En el primer capítulo del informe, el organismo dibuja el desolador panorama laboral español que, reconoce, no se ha logrado paliar pese a los «esperanzadores logros» alcanzados por la reforma laboral «en materia de flexibilidad interna y de moderación salarial».
En este sentido, recomienda barajar la posibilidad de que se puedan hacer contrataciones al margen de los convenios colectivos, saltándose líneas rojas en materia laboral como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es el suelo para hacer un contrato en España.
Acelerar la reforma de las pensiones
Por otro lado, el Banco de España aconseja que se acelere tanto el retraso en la edad de jubilación (que según lo estipulado ahora irá aumentando progresivamente hasta llegar a los 67 años en 2027) como el alargamiento del periodo de cómputo para calcular la pensión (que pasará de 15 a 25 años de aquí a 2022).
El informe considera esos plazos «muy dilatados» atendiendo a la «intensificación del problema» desde que se efectuaron esos cálculos en la última reforma del sistema de pensiones hace dos años.
Además, el organismo cree que se debe aprobar, como está previsto en la actualización del programa de estabilidad, una definición adecuada del «factor de sostenibilidad» de las pensiones que posibilite modificaciones automáticas de los parámetros del sistema para garantizar su mantenimiento a medio y largo plazo.
A su juicio estas actuaciones serían «muy potentes» para la sostenibilidad de las finanzas públicas y reportarían «una gran certidumbre» sobre la voluntad reformista «sin impacto apreciable en las condiciones laborales y sociales actuales».
Según la entidad, además deben afianzarse las ganancias de credibilidad logradas en el terreno fiscal, a lo que ayudaría, dice, el establecimiento de un horizonte presupuestario de medio plazo, así como una «revisión en profundidad» del sector público, que acompañaría a la nueva autoridad fiscal independiente.
Para impulsar la competitividad -terreno en el que las reformas han sido «menos profundas», advierte- vería necesario una mayor capacidad de ajuste de precios, márgenes y costes relativos, así como «mejoras genuinas de productividad».