Foto: Miguel Tovar | Hablan los Pueblos
Si el territorio es la matriz física, cultural y espiritual de pueblos y comunidades, el agua es la savia, la sangre que le da vida y los sostiene. En las últimas décadas las disputas por el vital líquido se han incrementado en el país y en el mundo. En el Valle de Puebla Tlaxcala éstas se encuentran asociadas a la presión creciente sobre los recursos y bienes naturales, por el cambio de la vocación de uso del suelo, al pasar de agrícolas a industriales y/o urbanos, o los impactos ambientales negativos resultado de las nuevas actividades.
Relacionado con lo anterior, las resistencias de poblaciones campesinas e indígenas han sido permanentes desde la segunda mitad del siglo XX, por la oposición a la instalación de siderúrgicas, autopistas, aereopuertos, zonas industriales, acueductos, rellenos sanitarios, gasoductos, torres de luz, infraestructura sanitaria y pluvial, en consideración no sólo a la expropiación de sus tierras y el trastocamiento de formas de vida, sino al incremento de la extracción de agua y la modificación de su disposición en cantidad y calidad.
Evidencia de ello se ubica en medios de información y en los testimonios de los pobladores quienes no dejan de destacar la disminución del caudal y contaminación creciente de los ríos, la aparición de nuevas enfermedades, el abatimiendo de los pozos artesanales, el agrietamiento de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo y recientemente la aparición de un socavón. No debe olvidarse que la Cuenca del Alto Atoyac a la pertenecen estos territorios ha sido intensamente estudiada, dado el deterioro ambiental que presenta tanto en sus partes altas como bajas, ya sea por la contaminación de sus ríos (lo que ha merecido una recomendación de la CNDH en el 2017 y la elaboración en el 2018, de una propuesta comunitaria para el saneamento integral de la cuenca y la reparación del daño a las comunidades1) o por la pérdida acelerada de los bosques que permiten la recarga del acuífero, el cual debe indicarse tiene dos decretos de veda y una disponiiblidad limitada dados sus niveles de abatimiento.
En este contexto, en el municipio de Juan C. Bonilla, durante los últimos años se ha vivido de manera intensa la organización y movilización, primero, contra la construcción de un colector pluvial y sanitario para desalojar las aguas provenientes de una zona industrial hacia río Metlapanapa (afluente del Atoyac, el segundo a nivel nacional más contaminado) y segundo, la clausura popular de una embotelladora, líder a nivel mundial.
El primer caso, derivó en la suspensión de la obra por medio de una clausura realizada por la Secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) en enero del 2020, pues gracias a la presión social se reveló que no existían los permisos necesarios a nivel federal y municipal, en tanto se encontraban vencidos los del nivel estatal, escala que vale la pena resaltar, reservó el acceso a la información del proyecto, por cinco años. Si bien, esto podría considerarse como un éxito de la acción colectiva comunitaria, no pueden invisibilizarse los costos sociales después de dos años de oposición a la obra a cargo del Comité Estatal de Agua Potable y Saneamiento del estado de Puebla (CEASPUE), en este caso, los momentos de tensión por la intervención de la policía estatal y Guardia Nacional en octubre del 2019, y la detención en enero del 2020 de Miguel López, quien a casi dos años de los hechos, mantiene en libertad condicional un proceso penal abierto.
El segundo caso, heredero de la inconformidad mostrada en la década de 1990 y nuevamente a inicios del siglo XXI, es el plantón pacífico establecido el 22 de marzo del 2021 a las afueras de las instalaciones de la embotelladora, que derivó en su cancelación simbólica y definitiva después de un juicio público en el que las asambleas de 20 pueblos de la región resolvieron, ante la ausencia de diálogo con autoridades federales, estatales y municipales destinarlas al funcionamiento del Altepelmecalli, la “Casa de los Pueblos”. Ésta estaría destinada a actividades educativas, culturales, deportivas, de salud y comunicación como los Encuentros nacionales e Internacionales de Mujeres y de Científicos por la vida y, próximamente el de Educación Autónoma.
En los ires y venires de estos conflictos, son evidentes discursos y paradigmas encontrados: lo que para unos es la reapropiación de sus territorios desde una autonomía indígena campesina, otros detectan la oposición al desarrollo. Mientras unos defienden a su “hermana agua”, otros resguardan su acceso a un recurso mercantilizable. Mientras unos ven por la madre tierra y sus parientes no humanos, otros les echan en cara la afectacion a sus ganancias. Mientras unos buscan visibilizar y restituir una justicia socioambiental herida por agravios históricos, otros los interpelan desde las teorías tradicionales del derecho.
La incomprensión y negación de estos contrastes más la complejidad o inexistencia de procesos de diálogo y negociación, la falta de transparencia en la información y la desconfianza entre las partes, entre otros, abona a la agudización del carácter intratable de estos conflictos. La pregunta que está en el aire es si podemos seguir apostando a un modelo civilizatorio basado en el uso intensivo de los territorios, altamente conflictivo en términos sociales y depredador en lo ambiental o, nos planteamos pensar en diálogos no solo desde el discurso político, sino desde lo epistémico y axiológico, teniendo como eje una ética por la vida y no de la destrucción.
1 Elaborada por la Coordinadora por un Atoyac con vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, El centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., la Pastoral de Derechos Humanos, la Pastoral Social Diócesis de Tlascala y el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, A.C.
*Doctora y directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana Puebla.
