El pasado 20 de enero de 2021 salió información filtrada sobre los 43 normalistas desaparecidos en el periódico Reforma, supuestamente habían sido disueltos e incinerados. El testimonio filtrado insiste en la versión de la “verdad histórica” de que los estudiantes “se revolvieron” con integrantes de una banda criminal contraria a la de Guerreros Unidos, que fueron detenidos por policías y sicarios, y después fueron ejecutados. En contrapunteo, las madres y padres de los estudiantes rechazaron esta versión de lo ocurrido y junto a las declaraciones de sus representantes legales recordaron que entre las recomendaciones que ha formulado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a las autoridades es “no basar las conclusiones de la investigación sólo en un testimonio, sino en prueba científica”.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, comentó que “no es la primera vez que se están haciendo filtraciones, su intencionalidad es alertar a quienes tienen acciones penales para establecer acciones defensivas a efectos de que se pueda evadir la acción de la justicia. Hay intenciones políticas de poner obstáculos a la investigación o hay una posición política de desviar la atención sobre otros asuntos importantes, por ejemplo: había un cuestionamiento sobre la liberación del ex general Salvador Cienfuegos, sobre el conflicto diplomático que se generó a partir de la posición del gobierno mexicano respecto de su liberación y de pronto se saca el tema de Ayotzinapa”. Esta intención es delicada porque tiene la lógica de obstaculizar el proceso de investigación y una posición política que no está encaminada al conocimiento de la verdad y al esclarecimiento de los hechos.

“Hacer pública información de un expediente tan delicada, además de poner obstáculos a la investigación genera un impacto sensible en las madres y padres porque se está divulgando el paradero y destino final de los estudiantes; la forma en cómo se difunde el testimonio afecta a los padres de familia porque se habla del asesinato de sus hijos o el final de sus hijos. En este caso faltarían otros elementos de prueba para que las familias tengan certeza, por ahora no se tiene, pues dista mucho de ser verdad. La verdad en términos jurídicos no está establecida, pero la Fiscalía General de la República debe investigar y profundizar y no estar haciendo las filtraciones que se hicieron porque todavía no llegamos al grado de verdad”, afirmó Vidulfo Rosales.

En estos días el gobierno de la cuarta transformación evidenció la contradicción de su discurso en torno al tema de las filtraciones. Por un lado, la Secretaria de Gobernación señalaba que había libertad de expresión, sin avisarles a las madres y padres de la información que se ventiló, lo cual generó un impacto significativo y una re-victimización, algo parecido a lo que ocurría con gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, la posición de Alejandro Encinas, atinadamente, fue la de condenar estos hechos e incluso se habló de iniciar una investigación respecto a las filtraciones, en declaraciones de hace un par de días del abogado de las madres y padres de los 43.

“Las madres y los padres, así como sus representantes estamos obligados a que el caso Ayotzinapa se esclarezca plenamente. La lucha sigue hasta que se tenga una investigación plena, exhaustiva y se dilucide la participación de las corporaciones policiacas, militares u otros cabos sueltos que exista. El presidente de México dijo que estaría en esa tesitura”. En este tenor, caso del general Salvador Cienfuegos efectivamente, desde un principio, obstaculizó las investigaciones. Él negó de manera expresa la participación de elementos del ejército mexicano adscritos al 27 Batallón de Infantería. Textualmente dijo que ellos no estuvieron, que ellos habían estado dando asistencia a una pipa de gas que se había accidentado en la carretera de Tuxpan y que regresaron al cuartel militar después de las diez de la noche y que hasta muy tarde salieron a hacer unos recorridos y que se oían disparos, pero que de ahí ellos no vieron nada. El GIEI desmintió esa versión de los militares, aborda Vidulfo Rosales.

Por investigaciones de GIEI se dio cuenta de que los militares estuvieron presentes en la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa. Desde que los estudiantes llegaron hubo agentes de inteligencia desplegados. Ahí tomaron pruebas, fotografías y videos de lo que estaba pasando, es decir, el ejército mexicano desde las ocho de la noche ya sabía que los estudiantes estaban en Iguala. El otro nivel de participación es que ellos estuvieron operando, dos elementos, el C-4, siguiendo a los estudiantes en tiempo real, de tal manera que supieron momento a momento lo que estaba pasando con los estudiantes y esa prueba no ha sido aportada a la Fiscalía General de la República. Estos dos militares ya declararon, pero se reserva mucha información. Un tercer nivel de participación es, obviamente, la realización de patrullajes en distintos puntos donde los estudiantes estaban siendo agredidos. Un cuarto elemento es lo que sale en la declaración filtrada. Tenemos elementos suficientes para hacer una investigación objetiva y que el ex general Cienfuegos desestimó esta participación, obstaculizó que se investigará a elementos del ejército. Fue la lucha por las madres y padres y la presencia del GIEI que insistimos que se desplegara una línea de investigación en esa dirección y es ahora que tenemos la detención del ex general Martínez Crespo, pero falta mucho por hacer.

“La Fiscalía General de la República debe hacer las investigaciones sobre la responsabilidad del ex general Salvador Cienfuegos. El Estado mexicano tiene la obligación de manera oficiosa hacer las investigaciones. ¿Por qué nos delegan a nosotros la carga de la investigación cuando es el Estado quien tiene que realizarlo? Si los elementos, las instituciones y los recursos los tiene la Fiscalía General para hacer una investigación cabal, exhaustiva; y por supuesto que se debe clarificar la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería y desde luego la investigación debe llegar al ex general Cienfuegos, pues él era Secretario de la Defensa Nacional y tiene que responder por ello”, sentenció Vidulfo.

Concluye Vidulfo Rosales, “nosotros hemos visto que no hay la voluntad política de iniciar acciones por violaciones graves a los derechos humanos en contra del ejército mexicano, aunque el gobierno hoy en día diga que tiene voluntad política y que va a actuar contra la corrupción, puede ser con otras instituciones de seguridad pública en el pasado, pero por lo que toca al ejército mexicano no va a haber nada porque hay un pacto entre ellos que no se va a romper. Lo hemos visto porque en las reuniones recientes hubo fuertes reclamos de las madres y padres de los 43 estudiantes en contra de elementos del ejército mexicano y lo que se percibe es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apapacha al Ejercito. No se trata de que nosotros denostemos a la institución militar, sino que hay un hecho concreto en el caso Ayotzinapa que se tiene que investigar y que la institución militar tiene que transparentar su acción o sus labores del día 26 y 27 de septiembre de 2014”.

Publicado originalmente en Tlachinollan