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A Sergio González Rodríguez, In memoriam

Las autoridades, civiles y militares, encargadas de cuidar el, aún, recurso estratégico de la nación fueron deficientes, por decir lo menos, en su responsabilidad o cómplices de la delincuencia. En cualquiera de los dos supuestos, la implicación es grave y de responsabilidad objetiva de carácter legal.

El sector de la defensa en México es el único que no ha cambiado y sigue con las viejas prácticas autoritarias del pasado: experto de la IBERO.

Sin histerias, el incidente de Palmarito, Puebla, confirma de modo objetivo y contundente los dichos del general secretario de la Defensa respecto a que los soldados no están preparados para labores de seguridad, pero tampoco está en su interés institucional asimilar la protección e integridad de los civiles. Menos aún, cuando se trata de probables delincuentes a los que han sometido y deberían entregar a las autoridades ministeriales civiles. Es mejor pegarles un tiro.

El elefante en la sala… que nadie ve. El punto de partida, sin embargo, no es Palmarito, ni el bloqueo carretero que los llamados “huachicoleros”, luego del enfrentamiento del 3 de mayo (junto con la ejecución extrajudicial que se pretendió ocultar). En principio, el resguardo y vigilancia de instalaciones estratégicas, como las de Pemex (hasta en tanto no se privaticen esos segmentos de infraestructura), son responsabilidad de las fuerzas federales, civiles (como la Policía Federal) y militares (Sedena y Armada). Hay que destacar que en este sexenio, la Policía Federal prácticamente abandonó y dejó por entero esta responsabilidad al Ejército y la Marina.

La sustracción de ductos (como parte de la infraestructura estratégica en cuestión) con derivados del petróleo como las gasolinas que se expenden en el país, es una actividad delictiva cuya fenomenología ha adquirido notoriedad desde hace, cuando menos, una década. Lo que empezó como actividad de pequeños grupos aislados y poco frecuente, se hizo no sólo altamente rentable por la impunidad y la reventa ilegal (incluso en el mismo circuito de distribución habitual de estaciones de servicio), sino que evolucionó con características de crimen organizado (con acompañamiento cómplice de estructuras institucionales). Todo ello aderezado con una extraña subcultura pseudoreligiosa como la de Malverde o La Familia Michoacana y Los Templarios.

Es decir, las autoridades, civiles y militares, encargadas de cuidar el, aún, recurso estratégico de la nación fueron deficientes, por decir lo menos, en su responsabilidad o cómplices de la delincuencia. En cualquiera de los dos supuestos, la implicación es grave y de responsabilidad objetiva de carácter legal.

La primera conclusión en un análisis de contexto, no es cosa menor porque atañe, en primer lugar, a una de las tareas primordiales del Ejército y la Marina, según reiteran una y otra vez en sus informes de labores todos los años. De esto, no se hace ningún señalamiento en las reacciones y diatribas de políticos y comentaristas en torno de los sucesos de Palmarito y que atañen a la Sedena. Pero es evidente que no sólo hay una falta de responsabilidad sino también de una intención manifiesta de no rendir cuentas, ni siquiera para explicar el porqué creció este fenómeno.

Palmarito sin maquillaje. Con el mismo impacto cruel del asesinato de zetas que se dio a conocer por las redes subterráneas informáticas hace unos años, la ejecución extrajudicial llevada a cabo por un “presunto” miembro del Ejército (las comillas no son gratuitas, dado el patrón de desviación de la Sedena y la Marina, a desvirtuar con cualquier recurso, todo aquello que perjudica su imagen). Tarde y mal reaccionó el alto mando militar: primero, al cuestionar la veracidad de las imágenes, introduciendo incluso elementos de calidad moral por haber sido captadas por cámaras, según, pertenecientes a los ‘huachicoleros’ que son, a la vez, oriundos del lugar. Y segundo, siguiendo está lógica, así se justificaría la visible destrucción de los artefactos, producto de la sorpresa y la desesperación ante la posible exposición de los hechos. Lo que ocurrió cinco días después.

La Sedena hace una amenaza velada en sus comunicados e induce sesgos para la investigación “imparcial” de la PGR cuando da a conocer que, aunada a sus propias diligencias, dentro del fuero militar por cuestiones de disciplina interna (siendo juez y parte). La Procuraduría contará con la “coadyuvancia” militar y determinará incluso la veracidad de las imágenes que ya se desvirtúan por el aparato de propaganda oficial.

De ese modo, los mandos militares ocultan y distraen la atención pública sobre la obligación autoimpuesta de videograbar los operativos castrenses. Así lo exaltaba al menos el director de Derechos Humanos de la Sedena en sus entrevistas de hace unos meses, en su campaña de promoción de la Ley de Seguridad Interior, mostrando los beneficios sobre el “uso racional de la fuerza” que establece el manual del Ejército y la Marina que ellos mismos se autoimpusieron para lavar su imagen ante las acusaciones del exterior.

Ya quedó demostrado que la aplicación del manual es discrecional. De ahí que los soldados destruyeran las cámaras que registraron una violencia institucional que ni siquiera es concebible hoy día en Honduras, Guatemala o Colombia…. pero sí en Siria. Habrá que esperar el siguiente desmentido de la Segob (ahora sin la Cancillería) y sus secuaces comentócratas de la televisión para saber cómo “relativizan” esta realidad “metodológica” (Hope dixit).

Éste fue un buen ejemplo de la aplicación del manual del uso de la fuerza y la Sedena estaría perdiendo una magnífica oportunidad si no da a conocer, y entrega a la PGR, sus videograbaciones que debieron haber registrado tanto del enfrentamiento como de la agresión ocurrida en otro punto distinto del poblado donde fueron sorprendidos los soldados “por cámaras enemigas”. Otra veta importante de deslinde es la interacción y contenido de las órdenes que llevaron a los militares al lugar y la cadena de mando para que la conducta violatoria de derechos humanos no se quede con el chivo expiatorio de un soldado que, hay que decirlo, seguía órdenes.

El lucro político de la muerte militar. Lo que sí es un hecho, es la capitalización política de la trágica muerte de los militares en Palmarito por parte de los sectores duros del régimen. Empezando por los militares, seguidos por los políticos del Congreso que, ahí están los golpes de pecho del líder del Senado, justificando la inclusión de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior para un inminente periodo extraordinario de sesiones (y antes de inciar el proceso electoral, por supuesto, “para que no se politice el tema”, como exige el jurídico de la Sedena). Ello, en lugar de pensar en una reforma estructural del sector defensa que reponga el atraso que tiene el país en la materia: es el único ámbito que quedó incólume con las viejas prácticas autoritarias del régimen priista del siglo pasado y que le dieron su talante represivo e impune. También hay que incluir en este sector a los analistas y líderes de opinión que propugnan “un marco de actuación” para las fuerzas armadas.

En realidad, es todo lo contrario lo que deja en claro esta situación, y así lo dijo en su momento el general Salvador Cienfuegos, pues se está actuando al margen de la ley y no habrá castigo por lo que se hace. Parece que así será, por desgracia, con o sin Ley de Seguridad Interior. De paso, se aprovecha el viaje para denostar a quienes han cuestionado esta pretensión y establecer un falso maniqueísmo de que la crítica es un ataque contra el Ejército. Es la intolerancia que antecede a prácticas de represión fascista. De ahí a establecer una propuesta de ‘solución final’, no falta mucho y significará, además de iniciar prácticas de ‘limpieza social’, borrar del mapa a poblados enteros (cosa, que por cierto, ha ocurrido a manos del narco sin que autoridad alguna, militar ni civil lo impidiese), porque de ahí son los delincuentes y ‘transgresores’ del país.

Dilema Scherer. Un triste saldo de esta miseria política es presenciar la degradación de nuestras fuerzas armadas que, al parecer, han caído ya en la paradoja que hace décadas describía el periodista Julio Scherer respecto de los policías: un ciudadano en una calle oscura, de frente ante dos siluetas distinguibles, una de un policía y, del otro, una persona que podría ser o no un ladrón. Se opta por ir del lado contrario al policía porque, de seguro, lo va a asaltar y maltratar, no proteger. Y del otro lado, al menos existirá la posibilidad de salir indemne y con la cartera. Guardada la debida proporción y no sólo a la luz de Palmarito, porque ya existen trágicos ejemplos de sobra, un civil cualquiera que se encuentre de frente con la silueta de un soldado en la oscuridad… simplemente no vivirá para contarlo.

*El Mtro. Erubiel Tirado es politólogo y coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México