Fotos: Mujeres de Frente

Desde el triunfo del levantamiento indígena y popular de octubre 2019, las clases dominantes venían buscando la manera de aislar, deslegitimar y derrotar a los movimientos de abajo. Primero fue el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) el que intentó dar los primeros pasos, luego de que Lenin Moreno (2017-2021) promoviera un potente rearme de la fuerza pública. Al declarar la lucha indígena como “terrorismo”, Lasso quiso ir más allá pero tropezó con sus propias corrupciones.

Con Daniel Noboa (asumido en noviembre de 2023) empieza a cerrarse el círculo de la militarización del Ecuador, con sólido apoyo de los Estados Unidos, que dirige los hilos de la marioneta-presidente, empresario con negocios en el corazón del imperio. Para eso debieron utilizar los medios adecuados para aterrorizar a la población, de modo que ésta “pidiera” represión. El 9 de enero, el gobierno aprueba un estado de “conflicto armado no internacional”, que supone la militarización del país y de las cárceles, que pasan a control directo de las fuerzas armadas.

Pero se militarizan, además, algunos emprendimientos extractivos que pasan a ser “custodiados” por los militares para impedir que las comunidades indígenas interfieran en su desarrollo. Esto nos indica que, al igual que Nayib Bukele, la militarización es apenas el medio para controlar poblaciones y lubricar el despojo.

Un ejemplo es lo sucedido en Palo Quemado y Las Pampas, provincia de Cotopaxi, con la llegada de 500 policías y militares para resguardar el proyecto minero La Plata la empresa canadiense Ático Mining. Con su presencia se intensificó la represión policial y militar contra la resistencia anti minera, lo cual profundizó el conflicto y provocó heridos de gravedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado el uso de tipos penales como sedición y terrorismo para criminalizar la protesta social.

Terrorismo de Estado

La desastrosa carrera hacia el abismo que atraviesa Ecuador se puede resumir en tres cuadros, como si fueran fotografías.

El primero es el decreto presidencial del 20 de mayo, que transforma al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos. El decreto agrega que el nuevo nombre no implica que se dejen de cumplir las funciones que ya tenía, a las que se suman y sobreponen las vinculadas a la política criminal.

El segundo es que al día siguiente de emitido el mencionado decreto, el 21 de mayo, las Fuerzas Armadas detuvieron a la abogada Paulina Reyes, que había denunciado torturas a los presos en las cárceles. Reyes consiguió filmar torturas a jóvenes, cuestión que enfureció a los uniformados.

El tercer cuadro dice que el presidente Daniel Noboa es el más popular de Sudamérica con el 58% de aprobación, seguido de Javier Milei con el 55%. Por su parte, el salvadoreño Nayib Bukele alcanza el 88% de aprobados.

El telón de fondo es la brutalidad militar en las cárceles. El colectivo feminista y anticarcelario Mujeres de Frente viene denunciando situaciones muy graves en las prisiones que prefiguran lo que las elites tienen planeado hacer con la sociedad en su conjunto. En sus redes sociales, el colectivo denuncia que los presos no reciben alimentos, que hay torturas físicas y que la violencia es cotidiana.

En la cárcel de Machala, los presos “están comiendo cáscaras de plátano a falta de alimento, están utilizando bolsas plásticas para depositar sus excrementos y no reciben autorización para bañarse” (17 de mayo en Facebook). En la cárcel de Cotopaxi informan de “muertos por tuberculosis y VIH no tratados” y de enfermos por inanición (14 de mayo en Facebook). Entre las múltiples denuncias, Mujeres de Frente asegura que en todos los casos las víctimas son personas “racializadas y empobrecidas”, y agrega la desaparición de cinco fallecidos en la cárcel de Cotopaxi que fueron “enterradas en fosas comunes en diferentes cementerios del país” (21 de mayo en Facebook) .

La Alianza Contra las Prisiones emitió un comunicado el 1 de mayo en el que denuncian “hambreamiento” en varias prisiones, “tortura por parte de las fuerzas armadas”, con casos extremos de “personas desmayadas por falta de alimento, personas infligiendo heridas a sí mismas por la desesperación”.

En suma, cárceles convertidas en “campos de concentración y exterminio”, según denuncia la Alianza, que finaliza su comunicado diciendo: “Nos negamos a aceptar una sociedad de cuerpos desechables”.

Gobernar para el capital y el imperio

Como sucede en El Salvador, en México y en casi toda la región, la militarización va de la mano de la profundización del extractivismo. Por un lado, tenemos la militarización de la instituciones. El colectivo Desde el Margen señala que “lo más preocupante de este ministerio de Política Criminal es que va a estar en mano de los militares que van a ser los encargados de recibir las denuncias de derechos humanos y de procesarlas. Decimos que este es un ministerio para la impunidad”. En consecuencia, sostienen que “estamos viviendo una dictadura civil-militar-empresarial mafiosa”.

La socióloga Natalia Sierra sostiene que este proceso de ubicar posibles enemigos internos comenzó luego del levantamiento de 2019, proceso interrumpido por la corrupción del gobierno de Lasso. “Con Noboa se produce un alineamiento completo con la necropolítica de Estados Unidos y con los objetivos económicos del FMI. Noboa abre los espacios para ceder soberanía a EEUU y los militares aparecen en las calles además de las cárceles. Han trabajado en la subjetividad de la población construyendo un tipo de sujeto que renuncia a sus libertades y a los derechos humanos en aras de la seguridad”.

En La Jornada del Campo, edición de febrero, Sierra sostuvo que la expansión del capital criminal requiere de un tipo específico de gubernamentalidad que garantice su reproducción. Una forma de gobierno que “administre la violencia y la muerte que conlleva este tipo de economía”. La declaratoria de conflicto armado interno el 9 de enero de 2024, fue de la mano de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos.

Concluye que “el neoliberalismo se convierte en necroliberalismo cuando su política de libertad económica y libre mercado está dirigida a garantizar los negocios del capital criminal; y cuando el Estado mínimo en política social y máximo en política represiva, está para administrar la muerte, decidir quién debe morir para asegurar los negocios”.

La acumulación por despojo camina de la mano de la militarización y del capital criminal, que trabajan juntos para imponer un tipo de gobierno capaz de arrasar con las resistencias de los pueblos para tomar por asalto sus territorios. Un tipo de gobierno que finge ser democrático porque proviene de un simulacro de elecciones, en las cuales no se elige nada importante sino apenas quiénes administrarán el despojo. Llamarla “fascismo” puede ser una distracción.

Lo importante es que, sea o no fascismo, a este Estado militar no se lo derrota votando sino con una prolongada y firma resistencia no violenta, maciza y contundente, capaz de sobrevivir a la catástrofe que los de arriba nos están imponiendo por la fuerza.

Un punto clave que permite o impide la resistencia es el miedo. Los militares son especialistas en meter miedo. A los presos en dictadura les ponían capuchas, simulaban fusilamientos y luego venía la picana. Pensemos cuáles son las capuchas que le ponen a las sociedades (¿medios de desinformación?) y cómo les meten miedo a través del “crimen organizado” por el Estado y los militares. Hemos aprendido que controlar el miedo, como dicen las mujeres zapatistas, es un paso necesario para poder resistir.