Unión Hidalgo, Oaxaca. Defensores zapotecas denunciaron la ausencia de consulta, falta de transparencia y el ecocidio provocado por el derribo y quema de decenas de árboles endémicos y no endémicos para la reahabilitación de la línea “K” en el tramo de Unión Hidalgo-Juchitán del Corredor Interoceánico.

La Línea K es uno de los brazos hacia el oriente del megaproyecto federal, explica Norberto Altamirano, vocero de los comunidad Agraria de Unión Hidalgo. El pasado 7 de febrero, el jefe de la Unidad Coordinadora de la Secretaría de la Marina (Semar) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Juan Carlos Vera Mingares, oficializó el arranque de las obras de esta línea ferroviaria, siendo uno de los cinco tramos el de Unión Hidalgo-Ixtepec, Oaxaca.

La línea K incluye 459 kilómetros de rehabilitación de cinco tramos de vía férreas desde Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, y también de 27 estaciones, una de las cuales estará en Juchitán, con una inversión de 30 mil millones de pesos.

Norberto Altamirano, el activista Edgar Martín y el defensor comunitario y ambientalista Víctor Fuentes alertaron sobre el daño ambiental que se provoca con la obra y denunciaron que no existe transparencia en la información relacionada con los impactos ambientales, culturales y sociales.

“Para la rehabilitación no hubo consulta, la obra llegó y se impuso, y cuando la transparencia no es el fuerte del gobierno municipal, los rumores y la especulación llenan de respuestas a tantas preguntas de la ciudadanía”, expresó Altamirano.

Agregó que para los comuneros de Unión Hidalgo, la remodelación de las vías férreas pone en entredicho el papel del presidente municipal Juan Jesús Rasgado Martínez, quien “no ha sabido atender los problemas vinculados a estos trabajos”.

“La preocupación gira en torno de qué, cómo y quiénes pueden favorecerse con los trabajos que detonará la obra. Al no haber información, se ignora el tratamiento y contención de daños que generen las construcciones”, señaló.

Por lo pronto, los activistas coincidieron en que el edil no fue capaz de contener el derribo de árboles de ceiba y Guanacaste de al menos 20 años, como tampoco ha informado del destino de toda la madera que el personal de seguridad pública extrajo de los árboles caídos.

Victor Fuentes, defensor del Río Espíritu Santo y activista ambiental, dijo que es una tristeza que los árboles hayan terminado en tablones de madera, y que no haya existido un proyecto ordenado para esta obra.

“Se quemaron las maderas, las cortaron hasta acabarlas, árboles de muchos años, árboles que tienen historia y que tienen vida en nuestro Unión Hidalgo, lo cual ha sido un ecocidio tremendo, pero hasta ahora ninguna autoridad ambiental ha dicho algo al respecto, al contrario, sin conservación y sin información nos impondrán esta obra de rehabilitación”, precisó.

Edgar Martín Regalado agregó que las autoridades pasaron por alto un inventario previo de árboles para reforestar con cierta proporción, reubicar a los ejemplares rescatables, triturar y compostar el material vegetal, con el fin de aminorar la afectación a la avifauna que anida en los árboles, principalmente.

Lo más preocupante, dijo el activista zapoteca, es es el tema ambiental: “es evidente el impacto ambiental que ocasionan el desmonte y despalme del derecho de vía que había sido abandonado por años”.

La autoridad local a cargo de Juan Jesús Rasgado ha dicho que esta obra traerá trabajos y beneficios, y para ello ha realizado un par de reuniones con los locatarios, pero la información es sesgada y poco transparente, aseguran.

Los activistas destacaron que por la rehabilitación de las vías férreas en este tramo también se verá afectado un mercado comunitario llamado “7 de noviembre”, que está en riesgo de ser reubicado sin tomar en cuenta a las locatarias. “Todo se ha hecho imponiendo”, aseguraron.