Ciudad de México | Desinformémonos. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es una “clara muestra” de que en México “la materia prima de los proyectos de infraestructura es el ecocidio, el aval definitivo al uso irracional del territorio y los recursos naturales, la normalización de las prácticas antidemocráticas e ilegales, la degradación de la convivencia comunitaria en nombre de un falso progreso y la destrucción”, aseguraron los pueblos que conforman la Plataforma Organizativa de Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto.

Aseguraron que el proyecto del aeropuerto, con los avances en las construcciones iniciadas, por ser una “imposición a la naturaleza” ha tenido impactos negativos en las comunidades aledañas a las obras en el estado de México, como son los municipios de Tlalmanalco, Amecameca, Ixtapaluca, Texcoco y Papalotla, entre otros.

Además, acusaron que el proyecto ha traído agresiones y violencia dentro de las comunidades, cuyos habitantes han sido víctimas de represión, hostigamiento, agresión e incluso asesinato “derivados de la explotación minera en contra de los defensores del territorio”.

Por ello, exhortaron a la sociedad en general a mantenerse informada sobre las consecuencias del NAICM y advertir “a desmesura del proyecto” y de la “voracidad empresarial fusionada con el poder político, desapegado de la ley al instante siguiente de haberla jurado”.

A continuación el comunicado completo:

La voracidad de los poderosos por acumular más riqueza a costa del saqueo y la represión, ha instaurado en México un “régimen de excepción” de hecho, en el cual están suspendidos los derechos fundamentales de los pueblos. Cientos de megaproyectos de muerte se imponen por todo el país, con corrupción y represión, en detrimento de las comunidades mexicanas. El derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe, realmente no existe en México. Tampoco se repeta el derecho a un medio ambiente sano, a la plena realización de nuestra vida personal y comunitaria.

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en en el lecho del antiguo Lago de Texcoco es una imposición del gobierno de Peña Nieto. Una imposición que durante dos años y medio se ha traducido en una devastación sin precedentes en la zona. Apenas inicia y la meagobra ya tiene repercuciones negativas para los habitantes de los municipios de Tlalmanalco, Acolman, Otumba, Amecameca, Tecamac, Atenco, Temascalapa, Axapusco, Tepetlaoxtoc, Chalco, Texcoco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Tezoyuca, Nopaltepec, San Juan Teotihuacán, Ecatepec, La Paz, San Andrés Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, San Vicente Chicoloapan, Nezahualcóyotl, San Martín de las Pirámides, entre otros.

Es también una imposición para todos los habitantes de la Cuenca del Valle de México, que también serán afectados por las consecuencias del megaproyecto. Está demostrado que aumentarán las inundaciones, la escacés de agua y la temperatura (en tiempos de cambio climático). En suma, el NAIM es una imposición a la naturaleza, es la repetición de los errores cometidos desde hace 500 en la relación antagónica, y cada vez más grave, de los asentamientos humanos con el medio lacustre de la Cuenca. Una contradicción que fue instaurada también con violencia como parte del proyecto colonizador.

El NAIM es una clara muestra de que en México, la materia prima de los proyectos de infraestructura es el ecocidio, el aval definitivo al uso irracional del territorio y los recursos naturales, la normalización de las prácticas antidemocráticas e ilegales, la degradación de la convivencia comunitaria en nombre de un falso progreso y la destrucción de nuestro espacio vital.

Desde la Plataforma Organizativa de Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto (uno de los diversos esfuerzos de articulación regional y nacional que luchan por la misma causa) denunciamos que este proyecto viene acompañado de violencia y muerte. Repudiamos enérgicamente la vileza que el pasado 28 de septiembre le quitó la vida a Jesús Javier Ramos Arreola, compañero defensor del cerro del Tenayo en el municipio de Tlalmanalco. Tras denunciar los delitos del comisariado ejidal presidido por José María Alfaro Reyes, relacionados con la extracción de material para el NAIM.

¡Exigimos la presentación de los culpables ante la justicia!

Denunciamos el hostigamiento y la agresión derivados de la explotación minera en contra de los defensores del territorio en varios de nuestros municipios, en particular en contra de los compañeros de Tezoyuca (sometidos a un proceso legal amañado), así como la represión en Tlapacoya del día 14 de septiembre, comandada por el secretario del ayuntamiento de Ixtapaluca, Julio César Coca. ¡Exigimos alto inmediato al hostigamiento policiaco!

Exhortamos al público a informarse a profundidad sobre los daños del NAIM, para advertir la desmesura del proyecto insignia del gobierno de Peña Nieto, es decir, de la voracidad empresarial fusionada con el poder político, desapegado de la ley al instante siguiente de haberla jurado.

La barbarie de un Estado convertido en sirviente de los poderes económicos, es el verdadero obstáculo para el progreso que sí queremos los mexicanos, alejados de la ceguera que hace de las finanzas una deidad y excluye de sus avalúos las historias personales y colectivas, los vínculos con el territorio, los esfuerzos y los millones de éxitos anónimos y cotidianos de los habitantes de la región. Una región que hoy están siendo devastada por la demanda de material y de agua para la megaobra, y por los daños de las obras de operatividad. Particularmente repudiable es el depósito ilegal de lodos tóxicos que se extraen de la construcción, en los socavones de donde previamente se extrajo material pétreo, pues resulta en la contaminación de los mantos acuíferos de la Ciudad.

Distinguimos que hay dos costos cuantificables que no son contemplados en las advertencias sobre las pérdidas económicas que conllevaría la cancelación del NAIM:

Primero, nada dicen del Plan Lago de Texcoco que desde inicios de los setentas invirtió recursos públicos para avanzar en la restauración ecológica de toda la Cuenca del Valle de México, una inversión que fue omitida en los procedimientos para el megaproyecto en curso.

El segundo costo cuantificable que no mencionan los defensores del megaproyecto, es el de sostener órganos republicanos que generan leyes, al que se suma el de costear instituciones que las atropellan. Nos referminos al costo de seguir enriqueciendo a personas, empresas, y mafias políticas (como el grupo Atlacomulco del PRI) que han instaurado un poder fáctico e ilegal en México. Eso también genera costos de índole política y social, acaso medibles, pero que resulta en costos indudables para la salud, la vivienda y la economía de las comunidades.

Pero los costos no cuantificables tienen que ver con el ecocido. Preguntémonos: ¿cuánto cuesta un ecocidio? ¿Cuánto las formas de vida rural aún ligadas a la historia remota de los pueblos históricos del Valle de México?

Sabemos que la consulta basada en dos opciones que ha propuesto el gobierno electo, no tiene carácter vinculante con base en las leyes vigentes, pues hay requisitos de tiempos, de forma y procedimiento que así lo determinan. No desestimamos el ánimo de finalmente abrir el tema del megaproyecto en Texcoco a la consideración pública, con la intención de acercar la mayor parte de los elementos fehacientes que permitan a la gente elaborar su criterio ante un tema de interés público. Sin embargo, la propuesta no puede satisfacer la condición del carácter previo (pues la obra ya está iniciada). Además, las condiciones de inequidad en los medios informativos para llegar al público, entre los grandes empresarios favorables al poryecto y los pueblos que somos afectados, vuelven problemático el mecanismo propuesto para quienes estamos en desventaja de recursos.

Esperamos que los elementos informativos de carácter legal, científico, y también técnico, más los testimonios que expresaremos, (no sólo hoy sino en encuentros sucesivos), le den apertura a otras voces de los pobladores y seguimiento a este primer encuentro. También aspiramos a que la palabra de los pueblos, de los hombres y las mujeres que se expresan de forma sencilla, sea escuchada por el gobierno electo y lleve a una reconsideración sobre la la decisión política que debe tomar ante el dilema de un megaproyecto. Una obra que ya deja evidencias de su inviabilidad ambiental, téncica y social, sin siquiera haber completado su primera fase de construcción, y que continúa, en este momento, devastando el territorio.

Por eso decimos: Peña quiere el aeropuerto: ¡nosotros, preferimos el lago!

Y preguntamos: ¿Ustedes qué prefieren?

Plataforma Organizativa de Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto,

3 de octubre de 2018