Mensaje de cierre del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el que mencionan los factores que impiden una investigación efectiva en el caso Ayotzinapa y en las desapariciones en México. Señalan que tanto lo ocurrido con los 43 normalistas como con las miles de personas desaparecidas en el país “suponen un cuestionamiento profundo del Estado y la sociedad”

El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden obtener la verdad y por lo tanto avanzar en esa misma dirección. El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) ha llegado con este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y, por esa razón, en esta ocasión considera que, si las cosas no cambian, damos por terminado nuestro trabajo. 

El GIEI regresó y se mantuvo con la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los estudiantes. Hoy tenemos que decir que, si bien es cierto que se abrieron parte de los archivos y se obtuvo información relevante de las instituciones, hay más información como lo muestra la evidencia, y que dicha información es clave para avanzar.

Para poder resolver el caso se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes, o en su caso todo lo que se supo, se hizo o se dejó de hacer, y no se ha tenido conocimiento alguno hasta que el GIEI y la Covaj (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa) accedieron a los archivos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y de Semar (Secretaría de Marina), y hasta que se logró la colaboración de testigos con identidad protegida, con lo que se pudo empezar a quebrar la complicidad, el miedo y el silencio que ha tejido este caso desde hace nueve años casi. 

El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta.

El estudio de localización en las calles de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 muestra que el músculo del Estado estaba presente, que actuaron y no protegieron. Y además saben y sabían todo lo que pasó. El ocultamiento de dicha información ha contribuido no solo a ocultar responsabilidades del Estado, sino que se ha constituido en una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes, al no poder contar con información relevante para la búsqueda de los desaparecidos y los responsables de los hechos. 

Si bien es cierto se generaron en este tiempo espacios de interlocución y acceso a diversas personas que han sido claves para avanzar hasta acá, no ha sido suficiente para alcanzar el total de la información.

La negativa a proporcionar la información y la contumacia de las respuestas negativas incluso en declaraciones ante la fiscalía de mandos de Sedena y Semar como testigos, negando que se disponga de ellas o se conozcan incluso documentos e investigaciones que realizaron y de las que hemos tenido documentos relevantes, no hace más que negar lo evidente. Para los investigadores supone escudriñar cada documento, línea, declaración, buscar testigos nuevos, encontrar las rendijas de la verdad por las que pase la luz, pero hacerlo en condiciones muy negativas, que no permiten avanzar. 

Para las familias, esas negaciones son un nuevo impacto psicológico y colectivo. 

La credibilidad de las instituciones que niegan la verdad afecta también la de la voluntad expresada por la propia presidencia del país y acaba con la legitimidad de las instituciones. El presidente recibió al GIEI en numerosas ocasiones, le pusimos al tanto de los avances y obstáculos, gracias a sus gestiones se abrieron parcialmente los archivos, lo cual ha sido clave para avanzar hasta aquí. 

Beristain y Buitrago concluyen su presencia en México tras más de ocho años de investigar el caso Ayotzinapa. (Emiliano Molina/ObturadorMX)

Por nuestra parte, mantuvimos el trabajo incluso cuando las presiones políticas y de la propia fiscalía llevaron a una situación de crisis en septiembre de 2022, con el objetivo de impulsar la investigación, proteger lo avanzado e incluso tener que recomenzar de nuevo en tantos sentidos, y ayudar en el esclarecimiento total del caso como el propio presidente de México había ordenado a sus subalternos para ayudar al esclarecimiento del caso y como lo hicimos nosotros, de conformidad con el mandato de la CIDH, y nos pidió, y respondimos a nuestro compromiso más importante con las familias víctimas. 

La negación institucional supuso hace años una forma de tratar de evitar el conocimiento de la verdad y quedar por fuera del caso. Dicha versión ha quedado totalmente cuestionada por las pruebas presentadas en este informe por el GIEI. 

Duele investigar en estas condiciones en las que una asistencia técnica se convierte de nuevo en una carrera de obstáculos. Pero las respuestas de negación de documentación y de la verdad se han seguido dando por Sedena y Semar y el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) en el periodo actual, en un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad que es la base de la democracia. 

El número de negaciones y mentiras acumuladas en este caso no es fruto solo de una inercia o burocracia institucional, existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos, que oculta partes muy significativas de los mismos. 

Para que haya justicia se necesita que la fiscalía, la FGR (Fiscalía General de la República), tenga la independencia y profesionalidad que se requiere, y no sufrir los obstáculos de personas que participaron en la construcción de la verdad histórica o han seguido protegiendo a responsables, como se ha dado en distintos momentos del trabajo. 

El bloqueo hace unos meses de la UEILCA (Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa), la petición de revocatoria de las órdenes de captura de personas que tenían y tienen elementos probatorios para dar explicaciones en lo judicial, fue un intento de desviar la atención respecto de algunos pocos responsables.

Sin un compromiso decidido de la fiscalía con los familiares, sus representantes y el país, y con interferencias como las que ha habido por parte de la propia FGR, el caso no podrá aclararse. 

Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos estuvieron presentes en el último informe ofrecido  por el GIEI. (Emiliano Molina/ObturadorMX)

Para que haya justicia se necesita primero verdad, además que la fiscalía tenga independencia, capacidad  y autonomía con real capacidad de actuación y decisión de hacerlo de manera real, comprometida y sin protección hacia ningún sector o perpetrador, no puede haber presuntos responsables de mejor clase. La imagen de la justicia clásica que tiene una venda en los ojos permite entender que debe impartirse por igual respecto a todos.

Un caso de desaparición forzada como este no se cierra porque no se pueda seguir investigando, porque el delito es permanente, se sigue cometiendo y el dolor de los familiares sigue mientras no haya respuestas veraces sobre el paradero y destino de los normalistas.

México se juega en este caso, que es el único que ha contado con un mecanismo de asistencia internacional, pero también en otros muchos, la posibilidad de enfrentar la desaparición forzada, o no, con todos los instrumentos y necesaria voluntad política.

La simulación de investigación que se hizo en un comienzo tratando de “conseguir” medios de prueba que permitieran mantener la verdad histórica es un verdadero ultraje para la función de la fiscalía como para el respeto a la justicia. Esta forma de proceder ha obligado incluso a postergar la verdad, a generar costos altísimos victimales, funcionales e institucionales. 

El poeta (Luis) García Montero dice que en el desván de la historia hay muchas palabras rotas, pero que las palabras pueden levantarse, que un día las vamos a coser por dentro, que ese día se acabaron las mentiras. Escribir sobre todas estas falsedades y ocultamiento ha sido duro para el GIEI porque muestra que, a pesar de la voluntad política que permitió avances, cuando se ha ido llegando al núcleo duro de esa verdad se ha tratado de ocultar de nuevo todo por parte de altas instituciones del Estado. 

Se necesita una reflexión colectiva sobre lo que todo esto supone para el futuro de México, para que México tenga otro futuro que el que amenaza con la violencia y el miedo.

Este es un caso que no mira solo hacia atrás; el olvido forzado con este ocultamiento es parte de la negación de un futuro, no solo para los familiares, sino para nuestro querido México. 

El punto principal de cualquiera de los informes y del trabajo del GIEI desde el principio han sido las víctimas y familiares. Hemos conocido los nombres de los jóvenes desaparecidos o muertos a través del relato de sus familias, y hemos imaginado su sufrimiento también en los relatos del horror de los que hemos sido testigos, de las historias de desprecio por la vida que tejen de tanta manera la investigación. 

También hemos sido testigos del impulso de los representantes legales y acompañantes que han ayudado a sostener esta lucha, y funcionarios comprometidos que hicieron avanzar la UEILCA. A todos ellos nuestro agradecimiento, por parte de todos los miembros del GIEI, antes y ahora.

El caso no se cierra porque no siga el GIEI. Pero las condiciones que se necesitan para el avance son impostergables. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como este, y los miles y miles existentes en México, suponen un cuestionamiento profundo del Estado y la sociedad, que va a seguir siendo clave en este y otros gobiernos.

Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje y cómo han hecho que el amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, sea ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos. ¡Gracias papás, mamás, y familiares!

*Discurso íntegro del cierre de la presentación del sexto y último informe del GIEI el 25 de julio de 2023, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

**Foto de portada: Ángela Buitrago y Carlos Beristain durante una reunión con las madres y los padres de los normalistas desaparecidos. (Cortesía GIEI)

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos