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Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones sociales documentaron la negativa del gobierno mexicano de brindar recursos a las víctimas de desplazamiento forzado de 450 personas de la comunidad Laguna Larga, Guatemala, y acusaron que las autoridades no cumplen con sus obligaciones internacionales en materia de población refugiada y que son omisas ante las violaciones de derechos humanos de las familias reunidas en un campamento improvisado en el ejido El Desengaño, en Campeche.
Los representantes de las organizaciones señalaron que en el campamento los desplazados no cuentan con recursos suficientes para cubrir su alimentación, vestido y vivienda, y que incluso “apenas se cubren con bolsas de Nylon” en “plena” temporada de lluvia.
Además, la ayuda alimentaria y médica ha sido proporcionada por la población civil, pues el gobierno “no está respondiendo de acuerdo con la gravedad de la situación” y no ha brindado lo necesario para atender a las diez familias guatemaltecas.
“Las autoridades federales distan mucho de atender la emergencia tratándose de una zona fronteriza, que además incumple por mucho las obligaciones internacionales y condiciones mínimas que le impone el marco jurídico internacional en desplazamientos forzados, refugio, derecho internacional humanitario”, señalaron los representantes de Equipo Indignación, La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, Resistencia Civil de Candelaria y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.
El desplazamiento forzado ocurrió el pasado 2 de junio, cuando mil 500 elementos del ejército guatemalteco y de la Policía Nacional del Civil de Guatemala obligaron a abandonar su comunidad a varias familias del municipio de San Andrés, a través del robo de pertenencias y quema de viviendas bajo el argumento de que el asentamiento ocupaba parte de la Reserva de Biósfera Maya.
“El gobierno mexicano ya tenía conocimiento de la inminencia del desalojo del gobierno de Guatemala días antes de ejecutase”, aseguraron las organizaciones, que explicaron que el ejército mexicano, la policía federal y el Instituto Nacional de Migración ya esperaban en la frontera a las familias desplazadas.
Por ello, las organizaciones pidieron que la asistencia humanitaria sea de acuerdo con la gravedad de la situación y con los principios y directrices de Naciones Unidas, “los cuales establecen claramente que en situaciones como esta se tiene que garantizar una estancia digna”. Además, exigieron el retorno de los desplazados a sus tierrasjusticia y garantías para ingresar a sus comunidades a recoger sus pertenencias y evaluar los daños.
