El 7 de junio, en el marco de la jornada electoral en Oaxaca, fueron detenidos 70 activistas, ocho de los cuales permanecen recluidos en penales de máxima seguridad. El 31 de octubre, Armando Chiñas Fuentes, juez tercero de distrito, dictó auto de formal prisión en contra de estas personas. Se les acusa de portación de arma de uso exclusivo del ejército.

Desde el pasado 5 noviembre, la defensa de estos hombres solicitó su traslado a una prisión de Oaxaca, ya que cinco de ellos están internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepic, Nayarit, y dos en el de Villa Aldama, Veracruz. La solicitud se fundamenta en la obstaculización de sus derechos de celeridad, inmediatez y defensa plena, como consecuencia de su reclusión en penales distintos al lugar en que se desarrolla su proceso penal.

A seis meses del encarcelamiento de estas personas, el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la negativa a la solicitud de traslado, decisión que estaría cimentada en “dictámenes criminológicos realizados de manera unilateral”, mismos que determinarían la supuesta “peligrosidad” de los procesados.

Quienes integran este Comité denuncian “la complicidad que existe entre el gobierno federal y el poder judicial federal para mantener a nuestros compañeros presos y en penales federales de alta seguridad, dándoles un trato degradante y a todas luces violatorio de sus derechos humanos”.

Y agregan: “Nuestros ocho compañeros declararon permanecer a etnias indígenas, lo que fue aprovechado por el juez tercero de distrito para mantenerlos casi cinco meses sin resolver su situación jurídica, y ahora no sólo los discrimina por ello, sino que también les ha dado el trato de delincuentes de alta peligrosidad”.