A tres años del paso de las tormentas Ingrid y Manuel, la misma discriminación estructural que padecen los pueblos indígenas de Guerrero desde hace siglos, invisibilizó los desastres del fenómeno natural y reforzó el trato cruento y indolente de las autoridades federales y estatales.

Un ejemplo claro es la forma turbia y perversa con la que actuó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que en 2014 tuvo un monto autorizado por 2,474.0 millones de pesos para el Plan Nuevo Guerrero, de los cuales reportó un avance financiero del 70.2 por ciento, mientras que para el año de 2015 tuvo autorizado un monto por 2,804.0 millones de pesos acumulados, de los cuales ha reportado un avance financiero de un 72.9 por ciento.

Sin embargo, a más de treinta meses de los eventos, la respuesta de su titular ha sido deficiente, marcada por la corrupción, su despotismo y negligencia. En un contexto cargado por la especulación y deslinde de responsabilidades, tanto empresas privadas como los distintos niveles de gobierno, se han querido lavar la cara buscado culparse unos a otros del desastre que han dejado en las comunidades. Lo que sobresale es la corrupción de los funcionarios que hicieron al gran negocio a costa de la tragedia de las familias más pobres y olvidadas. No hay región en el estado que no existan protestas de las familias damnificadas por la pésima construcción de sus viviendas o porque no han concluido los trabajos.

En los municipios de Acatepec, Metlatónoc, Malinaltepec, Cochoapa El Grande, la construcción de viviendas se quedó trunca. En el caso particular de la comunidad de la Ciénega. municipio de Malinaltepec, que tiene 9 viviendas programadas para su reconstrucción por pérdida total, se denunció ante la SEDATU el abandono de la empresa constructora. La dependencia simplemente ignora a los damnificados. Otro caso similar es el municipio de Tlacoapa, una de las cabeceras municipales que sufrió daños severos, y que la actual titular de la SEDATU, Rosario Robles, anunció en 2014 que iba a realizar inversiones millonarias para resarcir todos los daños causados, sin embargo, a tres años de la tragedia, la población padece los mismos estragos.

La pésima atención a las comunidades desplazadas es el producto de la corrupción que impera en los círculos gubernamentales. A pesar de los dictámenes que se emitieron para que varias comunidades fueran reubicadas, las autoridades evadieron su responsabilidad de comprar o conseguir terrenos para las familias desplazadas. Los abandonaron a su suerte, al grado que la población damnificada ha tenido que resignarse a vivir sobre las grietas que atraviesan sus pueblos. Las comunidades que están en el filo de Malinaltepec como El Tepeyac, Filo de Acatepec, Unión de las Peras, El Tejocote, La Lucerna, Moyotepec y San Juan de las Nieves, son ejemplos vivos de la rapacidad de las autoridades y de sus empresas que se embolsaron el dinero en lugar de apoyar en la reubicación de las comunidades desplazadas.

En este ambiente plagado de perversidad, la participación directa de las comunidades Mé’Pháá, Ñu’Savi y Nauas de la región, a través del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM), obligó al entonces Secretario de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, a revisar sus censos y a reconocer que había serias inconsistencias en el número de viviendas dañadas.

Está denuncia arrancó el acuerdo con la Secretaría de hacer un cruce de información con el censo hecho por el CCDM, para evaluar cuántas casas no habían sido registradas en el censo oficial. La denuncia estaba sustentada en los datos de campo que había levantado el Consejo que reportaba 4 mil 355 viviendas con daños parciales y totales. El delegado federal de la SEDATU aceptó someter a revisión 2 mil 988 viviendas y se comprometió a brindar apoyo a mil 51 viviendas que requerían reparación de techos. Esta revisión tuvo un largo retraso y duración de seis meses en los municipios de Acatepec, Alcozauca, Atlamajancingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa El Grande, Copanatoyac, Malinaltepec, Metlatónoc, San Luis Acatlan, Tlacoapa, Tlapa y Zapotitlán Tablas, que abarcó 121 comunidades.

Finalmente, después de coordinar recorridos de verificación con la Secretaría y las comunidades, la SEDATU reconoció que había 4,250 viviendas que no habían sido consideradas por el gobierno federal como afectadas y que deberían ser reparadas con los fondos de reconstrucción. Sin embargo, hasta la fecha el actual delegado de la SEDATU ha nadado de a muertito para no meterse en honduras apostándole que las mismas familias damnificadas reconstruyan sus casas y se resignen a vivir en condiciones infrahumanas.

A pesar de que hubo serias afectaciones a las condiciones de las escuelas de nivel básico, las comunidades tuvieron un largo proceso de espera para la reconstrucción de las mismas. Una de las comunidades más afectadas fue Zontecomapa, del municipio de Acatepec, donde hubo pérdidas totales en su infraestructura educativa ante el desborde del río. Hasta mediados de junio de 2016 no se concluía la reconstrucción total de sus escuelas Preescolar, Primaria, Secundaria y el Albergue Escolar. Las condiciones en que los niños y niñas Me’Phaa de Zontecomapa reciben clases son totalmente precarias; al aire libre o en espacios que sus autoridades comunitarias pudieron adecuar y brindar. Muchas de las niñas y los niños caminan desde una a dos horas para recibir clases en ésta comunidad, sumándole las inclemencias del tiempo, caminos devastados y accidentados después de las tormentas.

De las 121 comunidades que presentaron información al CCDM, 85 autoridades comunitarias denunciaron daños en infraestructura escolar. Del total de escuelas dañadas sin reconstrucción un 3 por ciento es de educación inicial; 39% por ciento preescolar; 38 por ciento, primaria; 10 por ciento secundarias; 5 por ciento albergues escolares; y 5 por ciento Bachilleratos.

De las pocas comunidades que contaban con casas de salud, 20 reportaron daños en la construcción. Un caso particular es la Cabecera Municipal de Tlacoapa, cuyo hospital se encontraba ubicado en un lugar de alto riesgo. Las autoridades de salud decidieron acondicionar la Comisaría de Bienes Comunales para atender a los pacientes que provienen de 20 comunidades. Hasta la fecha los habitantes de Tlacoapa siguen esperando que se concluya la obra.

La evidencia del desborde de ríos, arroyos y sistemas de cuencas de la región generó un impacto con pérdidas totales para las comunidades que contaban con algún tipo de sistema de red de agua implementado por el gobierno o en su mayoría construido comunitariamente. Considerando que una comunidad de la región llega a sostener una red de agua en un kilometraje equivalent entre 15 a 20 km, desde los manantiales de acceso hasta la comunidad; durante la emergencia y ante la contingencia la carencia de agua y el traslado de la misma, fue un problema generalizado entre las comunidades de la región. Muchas de ellas tuvieron que trabajar colectivamente para intentar la reconstrucción de sus redes de agua con el apoyo económico de la misma gente, resultando ser muy onerosa. El reporte del CCDM, es que 49 redes de sistemas de agua no fueron reconstruidas.

La destrucción de caminos y puentes truncó la comunicación entre los pueblos. Para resolver de manera inmediata este aislamiento la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) propuso construir puentes colgantes. Todo quedó en promesas porque pasaron los meses y fueron las mismas comunidades las que se tuvieron que armar sus puentes colgantes para que sus hijos pudieran cruzar los ríos. El caso de valle Hermoso es grave, porque no solo tiene que esperar a que el río baje su cauce, sino cuidarse de no sufrir una agresión con arma de fuego por parte de la comunidad vecina con quien enfrenta un conflicto agrario de larga data.

Son 21 comunidades que han documentado afectaciones en sus puentes colgantes; 20 comunidades reportan daños de puentes vehiculares y hasta la fecha no hay ningún indicio de que puedan iniciar los trabajos de reconstrucción. De igual forma, 75 comunidades reportan daños carreteros por los deslaves y erosiones.

En el censo del CDDM se reportan 26 comunidades con daños en sus delegaciones o comisarías entre las que muchas de ellas se encuentran con paredes agrietadas, filtración de agua en techos; algunas se encuentran en proceso de construcción sin que haya avances en la obra durante los últimos meses.

La grave crisis alimentaria que enfrentaron las comunidades en medio de la contingencia y después debido a la falta de respuesta adecuada por parte del Estado ha impactado a las comunidades de la Montaña significativamente. Entre los datos que levantó el consejo, 48 comunidades registraron daños en sus parcelas de maíz, así como de plantas frutales de duraznos, peras, manzana y ciruela. En cuanto a las comunidades que se dedican a la producción del café más del 90 por ciento de cafetales fueron dañados y registrados como pérdidas totales.

Discriminar, ignorar y olvidar es la actitud que han asumido las autoridades encargadas de velar por los derechos de la población damnificada. Los 67 mil 800 millones que anunció con bombo y platillo el presidente Enrique Peña Nieto el 4 de abril de 2014, para la reconstrucción del Nuevo Guerrero, se quedaron en los bolsillos de las empresas constructoras y entre los funcionarios que se encargaron de licitar las obras. Lucrar con la tragedia de los olvidados es lo que ha marcado el derrotero de las dependencias federales que han hecho del combate a la pobreza el negocio más próspero para promover candidaturas y asegurar clientelas políticas que se encuentran sumidas en el olvido. Discriminar a los pueblos indígenas tiene altos dividendos para los políticos corruptos, que no rinden cuentas claras al pueblo y que ocultan la verdad de sus atrocidades.

Texto publicado en Tlachinollan.org

foto: Bernardino Hernández / Agencia Cuartoscuro