Los entretelones de la marcha atrás no se conocen con claridad, ya que la información fue brindada públicamente por el vocero de la de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez. En conferencia de prensa anunció que la movilización convocada por los sacerdotes de Atlahuilco, Eduardo López Trujillo, el de Tequila, Manuel Serrano, y de Ixhuatlancillo, Francisco Chiquito en rechazo a la violencia desplegada el martes 5 de Abril, contra un conjunto de vendedores ambulantes.
Ese día, al menos 15 vendedores ambulantes, en su mayoría provenientes del municipio de Ixhuatlancillo, en su mayoría mujeres fueron violentamente desalojadas de las inmediaciones del mercado Melchor Ocampo. Durante el operativo, otras tres personas que intervinieron también fueron detenidas. Hasta la noche de ese día no se tenía información certera de la identidad de los detenidos, así como tampoco sobre su situación jurídica, es decir, si estaban siendo acusados de algún delito. Recién el jueves, casi dos días más tarde, todos recuperaron la libertad.
Ante el atropello, los curas párrocos de las comunidades de la sierra de Zongolica se manifestaron públicamente en contra del abuso policial y del gobierno del municipio, que orquestó la represión.
“No vamos a permitir que pisoteen la dignidad de la persona humana, a mí como sacerdote me lastima, me indigna ver que las autoridades envíen a los policías a golpear, porque de alguien vino esa orden” había manifestado, claro y conciso, el párroco de Tequila. Acto seguido, habían convocado a los habitantes de las comunidades de la sierra a bajar a Orizaba para movilizarse en contra del abuso, y reclamando que los dejen trabajar.
Sin embargo, bastó una llamada de la Diócesis de Orizaba para que todo se detuviera. Distintos medios de prensa locales apuntan a que ese fue el motivo de que la movilización se cancelara y que los curas locales se llamaran a silencio.
“Los sacerdotes de la parroquia de Ixhuatlancillo siempre han sido muy cercanos al pueblo y sus exigencias, lo que casi siempre ha significado un choque con la jerarquía católica de la región”, explicaron desde el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo.
Desde este centro, que emitió un comunicado denunciando la agresión, la mayoría de las mujeres detenidas quedaron muy golpeadas luego de los hechos, particularmente una señora mayor, cercana a los 70 años, que también fue detenida. “Fue muy difícil conseguir información sobre quienes estaban detenidos y de qué se los acusó. Hasta ahora supimos que fueron recluidos en la Inspección de Policía de Orizaba, que no hubo una órden de detención para ello, y según los relatos, fueron trasladados a la fiscalía de Orizaba en dónde les tomaron declaración. No sabemos si un juez ordenó la liberación, ni si les van a iniciar proceso, aparentemente, por daños y ultraje a la autoridad”
Este último delito, por amplio, fue declarado inconstitucional por la Suprema corte de Justicia de la Nación a comienzos de Marzo.
“Orizaba suele ser una ciudad que discrimina mucho a los vendedores que vienen de la sierra. Es una ciudad que está rodeada de pueblos originarios que históricamente han vendidos sus productos bajando al valle de Orizaba. A venderlos y también a intercambiar con la población local” explicaron desde Toaltepeyolo. Y que esta represión se volvió particularmente fuerte una vez que asumió Juan Manuel Diez Francos, como presidente municipal.
Los masewal de Ixhuatlancillo llevan tiempo organizados como vendedores ambulantes y pronto se manifestaron en la ciudad de Orizaba, aún sin contar con los párrocos. En la proclama leída entonces reclamaron por el respeto a sus derechos:
“Nosotros no pedimos despensa, no pedimos láminas, no pedimos cemento, no pedimos objetos publicitarios, que están acostumbrados los partidos políticos a regalar a cambio de nuestra dignidad, de nuestras necesidades, de esclavizarnos en la pobreza y que recibimos los indígenas a cambio de la defensa y la exigencia de nuestros derechos humanos y constitucionales”
También exigieron la realización de un censo de las agresiones sufridas hasta la fecha de parte de agentes del estado, así como la instalación de una mesa de diálogo con un representante de cada nivel de gobierno, uno de cada cámara del poder legislativo, así como de las comisiones de derechos humanos, tanto estatal como nacional, en la que se comprometan a acabar con la violencia. “Un documento firmado para que cesen las agresiones contra nosotros, contra nuestra étnia náhuatl y también contra todos los orizabeños. Por toda la humanidad, por toda la civilización así lo exigimos”
Foto: Imagen del Golfo
