Natali Carmona Hernández tenía 31 años cuando desapareció el 27 de enero de 2019, después de salir de su domicilio en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, en compañía de su pareja. Lo último que supo la familia de Natali es que se dirigía al estado de Puebla y que volvería ese mismo día a casa, pero eso no sucedió. Apenas un par de semanas después de la desaparición, el cuerpo del compañero de Natali fue localizado en una fosa clandestina en Puebla, pero de ella no hubo noticias. 

Las autoridades de dicha entidad negaron categóricamente el derecho de Natali a ser buscada en ese estado, aun cuando su pareja fue localizada sin vida ahí. Tanto el Ministerio Público como el Fiscal sostuvieron, sin argumentos desprendidos de una oportuna investigación, que no había elementos para presumir que ella hubiese desaparecido ahí, a pesar de que la familia aportó toda la información para que se demostrara lo contrario. A la par, en la Ciudad de México, tampoco se presentaron avances, ni se generaron líneas de investigación que confirmaran o negaran lo sostenido por la Fiscalía de Puebla, ni se implementaron acciones de búsqueda dirigidas a encontrarla. 

Tres años después, a mediados de febrero de 2022, a la familia se le permitió asistir junto con autoridades de Puebla y de la Ciudad de México al sitio en donde había sido localizado el compañero de Natali, lugar que supuestamente ya había sido inspeccionado en al menos tres ocasiones. 

Al buscar indicios de un equipo celular, Natali finalmente fue localizada sin vida en la misma fosa que su pareja, sólo que 40 centímetros más abajo. 

Ese instante respondió todas las interrogantes de la familia: Natali nunca fue buscada. Tres años plagados de acciones y actitudes revictimizantes, y  de violaciones sistemáticas a sus derechos como víctimas directa e indirectas. Su madre, padre y hermana encontraron a Natali, pero las autoridades a través de sus reiteradas omisiones, perpetuaron su desaparición.

Braulio Bacilio Caballero desapareció el 28 de septiembre del 2016 cerca del puesto de comida que su mamá y papá atendían en el paradero del metro Pantitlán, en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Tenía apenas 13 años. Su familia empezó a buscarlo de inmediato, yendo  a denunciar el hecho y pedir ayuda al entonces Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), pero se les negó el reporte y no se inició la investigación correspondiente; además, la Alerta Ámber no fue activada sino hasta dos años después de su desaparición.

Sin elementos probatorios, las personas responsables de la investigación y búsqueda en la Ciudad de México insistieron en que la desaparición de Braulio era en realidad una ausencia voluntaria, pero la familia nunca se convenció de tal hipótesis sin sustento. En cambio, fueron vulnerados sus derechos como víctimas indirectas, pues se les estigmatizó y responsabilizó por la situación. 

Los servidores públicos a cargo de la investigación y búsqueda no atendieron la denuncia con debida diligencia y en coherencia con el principio de interés superior de la niñez, con lo cual contravinieron la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y por el contrario, siempre restaron importancia al caso y tampoco  buscaron al niño. 

Cinco años y medio después, es decir, en abril de 2022, la familia fue notificada de su localización, Braulio fue identificado en un expediente del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México, y según el documento, Braulio murió por atropellamiento el mismo día que se reportó su desaparición. 

Un registro mal hecho por parte del INCIFO, un reporte no enviado de la extinta CAPEA al momento de que la familia denunció la desaparición del menor, y años de omisiones y falta de eficiente investigación, convirtieron a Braulio en “Persona No Identificada” mientras era buscado desesperadamente por su madre y padre. Se trata de un tipo de desaparición que se conoce como desaparición administrativa. La de Braulio se perpetuó por cinco años y medio. 

Se trata de dos casos de desaparición en la Ciudad de México. Son dos historias atroces que, a pesar de de tener causas distintas entre sí, comparten las negligencias sistemáticas y procesos revictimizantes que produjeron. Natali y Braulio pudieron ser localizados a los días o semanas de reportada su desaparición; en cambio, durante años primó la falta de interés, voluntad y capacidad para dar con su paradero. 

Pero la impunidad no es arbitraria. Definitivamente, como se ha señalado reiteradamente, la precariedad económica, la edad, el género, el lugar de origen y el color de piel, son las principales condiciones de vulnerabilidad que hacen que las personas sean susceptibles de desaparecer y, también, de no ser buscadas. Ambas familias, como la mayoría de las que buscan a algún ser querido en este país, hicieron todo  con recursos económicos sumamente limitados y con enfermedades que se agravaron en el proceso. Sin acceso a la justicia y sin una atención integral que minimice los efectos físicos y psíquicos de la búsqueda, las familias de Natali y Braulio se han dado cuenta que haberles localizado representa apenas una parte de la justicia que creyeron iban a encontrar.

En el caso de Natali, la violación de los derechos de su familia continuó hasta el día en que, en medio de una serie de graves violaciones al protocolo de entrega digna, recibieron sus restos. Ahora se encuentran a la puerta de un nuevo proceso para acceder a la verdad de los hechos y así saber quién y por qué desapareció y asesinó a Natali.

En el caso de Braulio, hasta el día que narramos estos hechos, su familia continúa a la espera de que se concluya el proceso de identificación, notificación y entrega de los restos de su menor hijo. Al mismo tiempo, permanecen en la exigencia para que se finquen responsabilidades a las personas servidoras públicas responsables de haber postergado la identificación de Braulio y, por lo tanto, de extender injustamente su búsqueda por más de cinco años.

La primera falla que cometen las Fiscalías es desoír a las familias denunciantes, pues minimizan y hasta desprecian las “corazonadas” y señales que les indican que la vida de sus seres queridos está en riesgo –corazonadas que se convierten en hipótesis demostradas cuando corren con la fortuna de localizar a quienes buscan–. Por eso resulta tan importante narrar los casos, porque es crucial decir que la pasividad, corrupción e impunidad arraigada en las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos de las personas, es con frecuencia interpelada por las razones de los afectos. 

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en la Ciudad de México hay por lo menos 4 mil 119 personas desaparecidas y no localizadas [1]. Vale la pena señalar que por lo menos 2 646 personas han sido desaparecidas entre los años de 2019 y 2022. Según el Informe La Crisis Forense en México del Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México [2], hasta el año 2021 la capital del país tenía al menos 6701 personas fallecidas sin identificar, lo que la situó en el segundo lugar a nivel nacional en crisis forense. 

A pesar de estas cifras, el fenómeno de la desaparición a nivel local sigue invisibilizado. Ni el Gobierno ni la Fiscalía General locales reconocen su gravedad, y las familias de personas desaparecidas se enfrentan a la paradoja de habitar en un lugar que, si bien se ha convertido en un centro de denuncia nacional para desapariciones y graves violaciones de los derechos humanos, mantiene sus casos a la sombra de  la imagen de una ciudad que aparenta no vivir esta problemática tan grave.

La desaparición de una persona no termina con su localización, pues en la mayoría de los casos continúa un largo proceso de identificación y las investigaciones para conocer la verdad de los hechos. Es necesario que el acompañamiento colectivo continúe después de que una persona es localizada, y que los esfuerzos se sostengan en conjunto. Frente a la impunidad e indolencia del gobierno federal y los gobiernos locales, es preciso que familias buscadoras, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada y/o personas solidarias, articulen capacidades para lograr la justicia. Una justicia que está en y más allá del derecho.  

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* Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez es filósofa. Actualmente es estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Cuajimalpa, integrante del colectivo Hasta Encontrarles CDMX y forma parte de las estudiantes asociadas al Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF).

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo, así como columnistas invitadas por el mismo (Ver más: www.giasf.org).

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Foto de portada: Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

REFERENCIAS 

[1]  Última consulta realizada el día 7 de julio de 2022. Para ver la cifra actualizada, puede ingresar a: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico  

[2] Usted puede consultar el Informe en: https://movndmx.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-La-Crisis-Forense-en-Me%CC%81xico.pdf  

*Foto de portada: Lucía Flores

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos