A pesar que los acontecimientos han ido superando sistemáticamente las previsiones, los carriles están bien definidos y el tablero claramente dividido. Cada nueva noticia cae en uno de los lados contribuyendo a su vez, a ensanchar la fosa que separa dos mundos: el del derecho a decidir en democracia y el de la unidad de España por decreto judicial.

Estamos ya casi viviendo el temido choque de trenes. Tanto el Govern con su decisión de un proceso unilateral y el Gobierno de España con su inmovilismo constitucionalista, han achicado y asfixiado cualquier espacio para el diálogo y la solución política a la cuestión catalana. Ambos han seguido una hoja de ruta, que apuntalada con narrativas y relatos pensados para sus propios convencidos, han obviado el interés de estado o el interés de Cataluña.

El alarde de fuerza del Gobierno vía intervención económica y policial, junto con la ofensiva judicial (la división de poderes hace tiempo que no es efectiva en España), no es, sino una demostración de debilidad del Estado y del régimen del 78, que hace aguas en lo territorial, estando ya muy tocado en lo institucional por la corrupción, y lo económico y social por la crisis.

Por su parte, el Govern sabe que una salida pactada y negociada pasa por echar al Partido Popular del gobierno. Sin embargo, paradójicamente la situación actual dificulta un gobierno del cambio, en tanto en cuanto la vía unilateral cierra las puertas a un entendimiento del PSOE con los partidos independentistas para un cambio de gobierno. ¿Tan inasumible era esperar otra legislatura? En términos históricos por supuesto que no, en términos electoralistas seguramente sí.

Pero dos hechos han logrado que los acontecimientos hayan desbordado el marco inicial de la cuestión catalana (el eje independentismo/no independentismo y el pulso Gobierno de España/Govern de Cataluña). Por una parte las detenciones de cargos públicos catalanes y la represión de derechos que han incrementado el apoyo al referéndum desde el principio democrático; y por otra, los tintes de extrema derecha que están tomando las posturas y manifestaciones de apoyo a la unidad de España, que rememoran otros tiempos.

El camino hacia el 1 de octubre está teniendo una profunda incidencia en la política estatal. Me refiero no solo al absoluto nivel de fagotizacion de otros debates y cuestiones de primer orden, sino por el impacto real en los tiempos, los marcos y la agenda política de los próximos meses.

La prórroga presupuestaria anunciada por el ministro Montoro trae de nuevo inestabilidad a la legislatura, algo que parecía desterrado tras el acuerdo para los presupuestos de 2017 con el PNV. El esfuerzo del gobierno en alejar la votación de presupuestos del 1 de octubre puede dar sus frutos: a 2 años de las elecciones vascas y estando encima de la mesa la negociación sobre la transferencia de 37 competencias pendientes del Estatuto de Gernika. En esta situación el PNV podría permitirse de nuevo usar los derechos reconocidos a Euskadi como moneda de cambio, tal y como hizo la pasada primavera con el cupo. En este escenario, la paradoja sería que todo lo sucedido en, con y entorno a Cataluña daría como resultado el afianzamiento del autogobierno vasco dentro del marco jurídico vigente.

Sin embargo, el devernir de los acontecimientos puede hacer imposible para el PNV ser de nuevo la muleta de un Partido Popular, ya no solo corrupto, sino abanderado de la represión, el autoritarismo y una férrea (y extemporánea dicho sea de paso) voluntad de no reconocer la plurinacionalidad del estado español.

Si este fuera el caso, el escenario de unas nuevas elecciones en clave Cataluña-España sería el más probable. Esto por una parte, cerraría la posibilidad de una solución dialogada y legal al deseo de la sociedad catalana a decidir; pero por otra borraría del debate político cuestiones y narrativas cuyo reconocimiento ha costado mucho alcanzar y que hoy en día son hegemónicos: los derechos sociales, la igualdad de género y las violencias machistas, la transición energética o la calidad y regeneración democrática.

Apelar a la unidad de España y hacer de quienes defienden el derecho a decidir el enemigo a batir (por delante de la precariedad, la corrupción, el machismo o el cambio climático) sería actuar de manera irresponsable, facilitando que la cuestión identitaria y territorial alimente la base social de movimientos xenófobos y autoritarios en España. Algo de lo que, sin duda, sacaría rédito electoral la derecha española: Partido Popular y Ciudadanos.

Mantener la polarización, generar un relato de vencedores y vencidos y esconder el debate de la plurinacionalidad bajo las alfombras (sean las de Moncloa o las del Congreso) es no entender que estamos en el siglo XXI y que toca afrontar las cuestiones pendientes que arrastramos del siglo pasado. Lo que está en juego, más allá de la convivencia, son las ventanas, espacios y narrativas generadas a partir de 2011, que buscan la transformación política, social y económica de lo que queda del régimen del 78, para generar un nuevo orden más justo, democrático y sostenible.

El día 2 debe ser el momento en el que, por fin, se dé espacio político, mediático y social a las voces que han clamado por el diálogo y han propuesto mecanismos legales para que la ciudadanía catalana pueda decidir qué relación quiere tener con el estado. La democracia está para usarla me decía una taxista el otro día; el diálogo para ejercerlo y la fraternidad para practicarla, añado yo.

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