Playas de arena blanca; retiros de yoga; ruinas mayas. La ciudad costera mexicana de Tulum se vende como un paraíso eco-chic en el que puedes desconectarte del estrés de la vida moderna.

Una mirada más de cerca revela una realidad más oscura.

Cuando el activista Carlos Meade se trasladó de la Ciudad de México al estado de Quintana Roo a principios de la década de los años 1980, la costa del Caribe estaba prácticamente intacta. Las tortugas imperturbables hacían sus nidos a lo largo de cientos de kilómetros de playas vacías que se extendían de la ciudad de Cancún a la frontera con Belice, bordeadas por manglares que daban paso a bosques vírgenes. Un sistema único de ríos subterráneos canalizaba el agua desde la península de Yucatán hasta el Mar Caribe, donde el segundo arrecife de coral más grande del mundo serpenteaba por la costa hasta las aguas de Belice, Guatemala y Honduras.

Desde entonces, la historia de la Riviera Maya ha sido la de un crecimiento acelerado y caótico.

Las estadísticas del Gobierno mexicano indican que 4,7 millones de turistas visitaron la región en 2016, aproximadamente el equivalente a la población de Irlanda, y los trabajadores migrantes de las zonas más pobres de México vienen a la región en busca de trabajo.

Donde alguna vez vivieron pequeñas comunidades mayas indígenas, ahora se levantan complejos turísticos de 5.000 habitaciones que reciben huéspedes procedentes de todo el mundo.

El abaratamiento de los viajes aéreos y el aumento del turismo, combinados, han hecho que el aeropuerto de Cancún sea el segundo más activo en México, y una ola de desarrollo ha ejercido una presión indecible sobre las comunidades y el medio ambiente.

“Los cambios en el campo han sido tan rápidos y violentos que es difícil asimilarlos”, comentó Meade a Equal Times. “Hace apenas 25 años, la carretera Tulum-Cancún era un camino angosto sin arcén. Las ramas de los árboles situados a ambos lados formaban un túnel de vegetación al tocarse en el centro por encima de la carretera”.

Hoy por hoy son miles los vehículos que día sí, día también recorren una carretera de doble calzada que atraviesa el bosque y bordea parques nacionales, desbordantes de turistas y trabajadores por igual.

La imparable y enorme ola de desarrollo llegó primero a Cancún, y luego a Playa del Carmen, talando bosques y destruyendo manglares a medida que avanzaba inexorablemente por la costa. En 2006, se pensaba que Playa del Carmen era una de las ciudades de más rápido crecimiento en el mundo.

Ahora es Tulum la que se encuentra en la línea de fuego. Tulum es un pequeño poblado cuyo número de habitantes se triplicó de 10.000 a 30.000 entre 2008 y 2015, y las proyecciones de crecimiento constante son una preocupación para los ambientalistas.

Un marco legal deficiente

Meade es el director de Yaxché, Árbol de la Vida, una organización no gubernamental que forma parte de la Red Tulum Sostenible, integrada por organizaciones de la sociedad civil que se dedican a proteger el medio ambiente.

Los temas discutidos en sus reuniones semanales son aterradores: el desarrollo descontrolado que destruye los bosques y los manglares, las aguas residuales no tratadas que contaminan el manto freático y el mar, los basureros ilegales que surgen en las afueras de la ciudad. Los problemas son generalizados, y los activistas señalan sin equívoco al culpable.

“El caos surge de un marco legal deficiente, pero sobre todo de la falta de capacidad y voluntad política de las autoridades”, señaló Meade, y agregó que los desarrolladores inescrupulosos han podido aprovechar la corrupta e ineficiente burocracia mexicana. Los ambientalistas señalan que están luchando contra un gobierno local corrupto que vende áreas naturales sensibles al mejor postor, y que ha hecho poco para controlar a los migrantes que talan el bosque a fin de establecer asentamientos informales sin acceso al agua, al alcantarillado o la recogida de basura.

A pesar de nuestros repetidos intentos, las autoridades locales de Tulum no respondieron a nuestra solicitud de comentarios para este artículo.

Javier Peralta, presidente de la ONG local Contraloría Ciudadana, comentó a Equal Times que la corrupción deja a la ley impotente y desalienta a las personas a levantar la voz.

“Quintana Roo es uno de los estados con el mayor número de leyes ambientales en México, pero la ley no se aplica”, afirmó. “La gente se pregunta por qué tiene que presentar un informe si no se hace nada. Esta es la triste realidad de México”.

Aquellos que alzan la voz y crean desasosiego suelen ser identificados y es habitual que se conviertan en blanco de amenazas e intimidaciones.

Un caso emblemático es el de la activista Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), quien fue detenida en 2005 por protestar contra la construcción de nuevos hoteles. Sigue presente el temor a detenciones arbitrarias como ésta.

Con un Estado de derecho inestable y poderosos intereses comerciales dispuestos a ejercer su influencia sobre las autoridades, los lugareños se muestran reacios a hablar a cara descubierta por temor a represalias. Como resultado, los activistas se concentran en desarrollar un movimiento popular que no cuente con líderes prominentes.

La agrupación está trabajando para promover el conocimiento de los problemas medioambientales y ejercer presión sobre las autoridades para regular los desarrollos y hacer cumplir la ley que rige los ya existentes. Se han registrado éxitos notables en la región para la protección de los manglares en Tajamar y la desaceleración del desarrollo en Xcacel, y ahora los activistas están utilizando estas experiencias en la zona de Tulum.

Los desarrollos propuestos están obligados a someterse a una evaluación de impacto ambiental y las consultas públicas son obligatorias por ley, pero persiste el problema de su cumplimiento.

Los activistas se han fijado como prioridad poner alto a las nuevas grandes urbanizaciones. Actualmente ya están en pie alrededor de 50.000 habitaciones hoteleras en la Riviera Maya, y hay planes para duplicar esta cantidad en los próximos años.

Condiciones de trabajo precarias

Según Meade, cada habitación de hotel atrae a 18 trabajadores migrantes a la zona gracias a las oportunidades de empleo directo e indirecto. De cumplirse los planes, podrían llegar 900.000 residentes permanentes más en una zona que ya presenta serios problemas para la gestión de desechos sólidos y líquidos, además de la destrucción de bosques y manglares para construir viviendas y hoteles.

También preocupan las condiciones de trabajo de los migrantes que trabajan en la construcción y la hostelería. A sabiendas del temor de algunos a perder su empleo si hablan abiertamente, Peralta instaló un buzón anónimo para que las personas señalaran los abusos laborales de forma segura. Encontró que se emplea a los trabajadores con contratos precarios a corto plazo, y habitualmente se quejan de que no les pagan las horas extras.

“La paga es baja y los contratos se renuevan cada mes o cada tres meses”, indicó Peralta. “Los hoteles no contratan trabajadores directamente, recurren a empresas de subcontratación. Estas empresas intermediarias impiden a los trabajadores formar sindicatos o exigir protecciones”.

Aun cuando resulta difícil obtener información sobre las condiciones laborales, los ambientalistas disponen de datos.

En un esfuerzo por convencer a los desarrolladores, investigadores como el activista y doctor en biología (por la UNAM) de Greenpeace Océanos, Miguel Rivas, señalan que el crecimiento descontrolado está haciendo desaparecer las atracciones naturales que hacen venir a los visitantes.

“En Tulum y la Riviera Maya en general, estamos preocupados por un modelo de crecimiento que no tiene en cuenta la capacidad de carga del área”, escribió en un correo electrónico a Equal Times. “Al destruir precisamente las atracciones naturales que intenta vender, el área está matando a la gallina de los huevos de oro”.

Preocupa el hecho de que apelar a la planificación a largo plazo no surta ningún efecto en los inversores. Según Meade, la mayoría de los grupos hoteleros buscan un retorno de la inversión de dos a tres años. “Como resultado de esta idea a corto plazo, los inversores no tienen interés ni se comprometen con el futuro del lugar”, afirma.

Peralta se muestra igualmente reprobatorio en su evaluación de los desarrolladores: “No les importa cómo termina un lugar. Encontrarán uno nuevo y lo destruirán también”, afirmó.

Meade y la investigadora Magalí Daltabuit Godás señalan en su libro El movimiento ambientalista de Quintana Roo: “La ciudad de Tulum es actualmente una especie de laboratorio social donde el Caribe mexicano se juega su futuro como proyecto sustentable”.