“Yo comencé a denunciar en las redes sociales la desaparición de mi hermano hasta que un día alguien nos contactó por medio de Facebook diciendo que tenía información exacta del lugar en donde se encontraba el cuerpo del “Gordo” [ese era el sobrenombre del joven que desapareciera en 2018 en la ciudad de Culiacán]. Fuimos mi mamá y una tía al lugar donde nos fue señalado que estaría enterrado el cuerpo de mi hermano. En el momento en que llegamos una camioneta nos estaba esperando y, en el instante en que mi mamá apagó el carro, cuatro hombres armados se bajaron y nos gritaron: ¡Bájense! [Karla se quiebra, sus manos tiemblan y comienza a llorar mientras recuerda lo sucedido]. Como nosotras nos quedamos paralizadas y no nos bajábamos, ellos metieron sus brazos por las ventanas del carro y nos agarraron del pelo mientras nos apuntaban con las armas. Así fue como nos obligaron a bajar del carro en el que nosotras íbamos y ahí nos golpearon varias veces- Recuerdo que me pegaron dos cachetadas y, además de eso, uno de los fulanos nos volvió a amenazar: ¡No busquen más porque si no las vamos a matar, hijas de su puta madre!” (Karla, en entrevista, 2021). 

Cuando abordamos el fenómeno de la desaparición forzada en el Noroeste de México, debemos comprender como algo fundamental el estudiar los procesos de exclusión desde una perspectiva que contemple tanto la responsabilidad del Estado como medios de comunicación y sociedad. Existen formas de distribución de la vulnerabilidad y de la precariedad que hacen que algunas personas estén constantemente en la intemperie: expuestas a la arbitrariedad y a la violencia; es decir, hay memorias más vulnerables y precarizadas que otras como el caso de Karla, quien en noviembre de 2021 nos abrió las puertas de su casa para que pudiésemos conocer su historia de vida.  

Desde el primer día en que nos conocimos dijo algo conmovedor: “espero que mi historia le sirva a otras mujeres para que agarren valor y sigan con la lucha por nuestros desaparecidos”. Karla es una mujer de 32 años, madre de tres hijos que reside en el barrio periférico llamado San Benito localizado en la ciudad de Culiacán. Reside en una colonia de la periferia polifacética en la que grandes desarrollos urbanos y pobreza extrema, conviven de una manera peculiar [1]. Esta valiente mujer, además de sufrir la pérdida de su hermano por desaparición forzada, ha debido enfrentar una serie de señalamientos y acusaciones que se desprenden de la falta de información y la connotación negativa que en ocasiones medios de comunicación, sociedad y Estado adoptan como un discurso y lo difunden.

Hace un año que mi mamá se fue de aquí de la ciudad, se fue junto con mi papá porque ya no aguantó que estuvieran haciendo chismes de lo que le pasó a mi hermano. Se hartó de que siempre están diciendo que lo que les pasa a los que desaparecen es por que andan mal. Muchos andan mal, muchos hacen mal. Tenemos un montón de ratas en la política ¿Se merecen que los desaparezcan por robar o por echar mentiras a la gente? En la colonia las vecinas llegaron a inventar que a nosotros no nos dolía la desaparición del “Gordo” que nomás andábamos ahí pa´ que nos dieran el apoyo del gobierno [Karla se frota las manos y se talla los ojos enrojecidos por el llanto] Oiga, cómo va usted a creer que no nos duele (Karla, en entrevista, 2021).

El fenómeno de la desaparición forzada en México exige que reflexionemos sobre dos preguntas: ¿por qué algunas memorias son más vulnerables que otras? ¿Por qué hay cuerpos (seres humanos) que “valen más” que otros?

Ante ello, proponemos analizar tres ejes: 1) la forma en el uso arbitrario de las “políticas públicas”; 2) el rol que juegan los medios de comunicación; y, 3) la participación de la sociedad civil en los procesos de exclusión de las comunidades que física y simbólicamente se encuentran en la periferia, es decir, alejadas de la toma de decisiones y precarizadas por la falta de presencia de las Instituciones del Estado.. 

Respecto al Eje 1 nos atrevemos a decir que es mediante las políticas públicas que el Estado se declara de manera implícita y en ocasiones explícita, como garante de aquellos grupos de la sociedad que le importan. El Estado mexicano continúa funcionando con base en prácticas del pasado. Estamos frente al ogro filantrópico: un Estado que por un lado es cariñoso y cómplice de quienes obedecen sin cuestionar, pero por otro lado es un ogro con aquellos que se atreven a exigir justicia [2].  Así pues, a partir de lo que la política pública atiende, es que podemos observar a quiénes son merecedores de disfrutar sus derechos, de ese abrazo caluroso, y quiénes no. Ese proceso lo podemos denominar: animalización, para usar la  expresión de Frantz Fannon [3]. Consiste en retirar toda  estructura que garanticen los derechos humanos, para posteriormente implantarle el rostro del “mal”, de la “diferencia” (delincuentes). Ese proceso criminaliza a las víctimas, las hace autoras de sus tragedias, responsables de su dolor y por si fuera poco ese mismo proceso de deshumanización, autoriza a todos aquellos que se consideran protegidos por el Estado, sus legislaciones y sus políticas públicas, a ser insensibles con aquellas vidas “indeseadas”.  

Como he señalado en estudios previos, cuando un cuerpo “deshumanizado”, es decir, una mujer, un transexual, un indígena, un migrante, un “criminal”, un negro o un gay, por poner algunos ejemplos, es asesinado o muere, dependiendo de la sociedad, su desconocimiento podría hacer que la posibilidad de la elaboración del luto público sea pospuesta indefinidamente [4]. El caso de las personas desaparecidas no es una excepción: esas historias de vida que anteceden a la desaparición forzada en el noroeste de México se encuentran marcadas por la marginalidad, la miseria, la precariedad, la desautorización y el desconocimiento del Estado.

No son fortuitos los números crecientes de jóvenes que se enlistan en el crimen organizado; más bien, esos números rojos son rostros, nombres de seres humanos que han sucumbido frente a lo que se denomina como Políticas de la enemistad: secuencia de acciones de orden estatal configuradas por el poder económico y legitimadas por la sociedad desinformada. 

Sayek Valencia [5], Achille Mbembe [6] y Judith Butler [7] coinciden con lo señalado anteriormente al apuntar que que la precarización y la vulnerabilidad están estrechamente ligadas al carácter arbitrario de los deseos de unos (élites económicas y políticas) imponiéndose sobre otros (desaparecidos, migrantes, indígenas, comunidad LGBTQ). Para dar seguimiento es indispensable agregar: ambas son experiencias agenciadas y distribuidas por medio de las políticas públicas, y políticas internacionales. 

Cuando un particular, una persona o el propio Estado posee la capacidad y la inhumanidad para agravar, violar la soberanía de otro cuerpo simplemente porque podría estarle estorbando o porque precisa extinguirlo para alcanzar sus objetivos particulares: saciar sus deseos, sus excesos, sus fantasías estamos frente a un proceso de precarización que puede llevar a dicho cuerpo a la extinción:; a la desaparición forzada. 

Es evidente que fragilizar a un ser humano en sus derechos, y esto sucede cotidianamente cuando se ejecutan políticas públicas basadas en diagnósticos sociales con tendencias políticas, económicas, es una estrategia que sirve para someterlo y controlarlo física y mentalmente. Aun cuando dicho dominio no sea permanente, los destrozos que deja a su paso en la psique de una víctima pueden resultar irreparables. Por un lado, porque el ser querido desaparecido, difícilmente regresa vivo –es decir, en la mayoría de los casos lo que los familiares reciben son los restos óseos–; y por otro lado, el señalamiento hacia la familia genera exclusión social y en historias como la que ha vivido Karla, también se genera el desplazamiento forzado (estamos frente a una revictimización) como una estrategia por parte de las y los familiares de las víctimas de desaparición forzada, de continuar con sus vidas, de seguir adelante. 

Mi hermano no nomás nos hace falta a nosotras, también les hace falta a sus hijos: una niña de 13 años y un niño de 11 años. Viera cómo han sufrido ellos, lo extrañan un chorro. ¡Era su papá, haya sido lo que haya sido, era su papá! Nosotros aquí creemos en la Santa Muerte. Un día estábamos haciendo un rezo para pedirle a la Santa Muerte que nos ayudará aunque sea a encontrar alguna parte de mi hermano. Pusimos una foto del “Gordo” y los chamacos se agarraron a llorar. Nosotras no les hemos dicho qué le pasó a su papá, pero pareciera que ya saben. ¿Cómo nos van a reponer a mi hermano pa´que mis sobrinos vuelvan a estar alegres? Ese dolor nunca se nos va a quitar. Mi cuñada se fue, quién sabe pa´ dónde, yo sé de mis sobrinos porque por el Facebook nos mandamos mensajes. Mis papás también se fueron, ya no aguantaron la presión y la tristeza de ver que nadie se nos acercaba (Karla, en entrevista, 2021).

Algunas cuestiones respecto al Eje 2 derivan de la importancia que poseen los medios de comunicación en los procesos de construcción de la memoria. Dichos medios poseen un rol fundamental en lo que concierne a la difusión de la información. La agenda de medios de comunicación es crucial para colocar a discusión temáticas que ayuden a resolver conflictos sociales, a sensibilizar a la sociedad frente al dolor del Otro. Las formas en que se organiza la información (qué noticia va en primera página y cuál va al final de la publicación o transmisión según sea el caso del medio de comunicación) y la edición de la noticia (tamaño del encabezado, uso de palabras que denostan a las víctimas, extensión de la noticia, entre otras.), así como el derecho a réplica, pueden generar empatía o antipatía entre aquellos y aquellas que son objeto de una nota periodística y aquellos que juegan el rol de audiencia. Pero, no todo depende de los medios de comunicación, hay cuestiones (valores) que se encuentran arraigadas a la sociedad mexicana y que provienen de una carencia aguda en materia de educación.. 

Es en ese punto donde se da el quiebre para que reflexionemos respecto al Eje 3 que dice sobre la participación de la sociedad. Un ejemplo es el caso de la poca cultura ciudadana de verificación de la información misma que tiene un impacto negativo en los procesos de construcción de memoria de víctimas que sufren el fenómeno de la desaparición forzada. Esos sectores vulnerables que viven en la periferia de las ciudades y que constantemente son excluidos de los procesos de toma de decisiones dependen en alto grado de los medios de comunicación puesto que se encuentran en una lucha continua por el reconocimiento de sus derechos, comenzando por el derecho a poder difundir sus narrativas, sus dolores y sus deseos de justicia.  Es fundamental apuntar que, para generar participación ciudadana, lazos de solidaridad que permitan la reconstrucción del tejido social que la violencia ha venido rasgando, debemos combatir la desinformación, toda vez, que es uno de los factores que generan estigmatización en las relaciones entre sectores precarizados (víctimas de la desaparición forzada) y aquellos sectores que socioeconómicamente se encuentran en una posición favorable. [8] 

El estigma y el miedo no se construyen exclusivamente a partir del riesgo que implica el que una persona esté relacionada a actores que participan en actividades que están en conflicto con la ley (crimen organizado, narcotráfico, secuestro, extorsión, por mencionar algunos delitos), sino que también se reproduce en las relaciones en donde hay personas que se encuentran luchando por la justicia, la verdad y la reparación del daño al ser víctimas de la violencia en México. El caso de Karla nos permite corroborar la forma en que la lucha por la verdad y la justicia se convierte en un camino de la soledad: 

Nos hemos venido quedando solas desde que comenzamos a exigir justicia por mi hermano, ni nuestros familiares se nos han acercado. Como le decía, mis papás hasta se fueron mejor, ya no podían, mi mamá ya andaba muy mal de los nervios y se sintió muy sola porque estaba rodeada de gente que pensaba que conocía y la iba apoyar y pos nada que la apoyaron. Las amenazas de muerte que sufrimos fueron las que hicieron que mucha gente que nos apoyaba se nos alejara. Hasta una reportera que según decía que nos iba ayudar nunca nos volvió a contestar el celular (Karla, en entrevista, 2021). 

La truculenta maquinaria de procuración de justicia en México, hace que los familiares de los desaparecidos se queden sin aliento. Algunas y algunos de ellos se cansan y desisten frente a los procedimientos engorrosos, lentos y que están viciados por una impunidad y una corrupción que se ha instaurado como común denominador en las fiscalías a lo largo y ancho de nuestro país. Los vicios que sexenio tras sexenio arrastra nuestro sistema de impartición y procuración de justicia agotan a cualquier atleta de alto rendimiento. Basta con señalar lo que tras bambalinas diversas mujeres rastreadoras nos han contado respecto a la corrupción que obstaculiza el proceso de solicitud de la famosa Carta de Ausencia por Desaparición, misma que se ha convertido en un negocio altamente lucrativo para aquellas personas que no se inmutan frente a la desesperanza y la tristeza de una madre, de un hijo, de una esposa que lo único que desea es que le digan dónde está su ser amado. Vivimos en una suerte de Estado de Derecho desorganizado, que no genera condiciones y contextos de justicia pero que sí propicia escenarios fértiles para la revictimización. 

Cada vez que una madre rastreadora es amenazada, obligada a desplazarse, asesinada o desaparecida, como fue el caso reciente de Rosario Lilian Rodríguez [9], estamos de frente a un caso de revictimización que le da un golpe bajo al ánimo de los sectores de la sociedad involucrados en la construcción de procesos de búsqueda por la verdad, la justicia, la reconciliación y la paz. Por ello, es indudable la existencia del temor de estar relacionados con las familias que se encuentran inmersas en ese trágico fenómeno. Lo anterior lleva a que los lazos de solidaridad se vean fisurados por el contexto de inseguridad e incertidumbre que la ineficiencia institucional ha propiciado.

Algunos apuntes finales

Queda en evidencia, que el proceso de sensibilizarnos con otras personas debe partir de una premisa básica: entender que todos somos vulnerables y precarios, y que es justo esa fragilidad la misma que nos reúne en un tenue “nosotros”. Pero, ¿cómo involucrarse en actividades que procuran el reconocimiento de los grupos vulnerables cuando no existe un Estado de Derecho que garantice las vidas de quienes intentan construir una ruta por la justicia y la paz en México? 

A pesar de la compleja problemática social que enfrentamos, existen formas que alientan a continuar en la lucha por construir ciudades habitadas por personas que puedan vivir una vida vivible, digna. De acuerdo a Honneth [10] existen tres elementos que son los pilares fundamentales para el funcionamiento de una sociedad saludable, pacífica y próspera: el amor, la solidaridad y el derecho. 

Hemos decidido correr el riesgo de señalar, el primer paso de una verdadera reparación del daño está basado en un proceso sumamente complejo de reconocimiento legal, político y social hacia con las víctimas de la desaparición forzada a través de la creación de políticas públicas participativas e integrales, es decir, acciones de gobierno dirigidas hacia la creación de mecanismos que permitan a las familias de las y los desaparecidos la elaboración de un luto digno de esa forma se le restituye el derecho a llorar a sus seres queridos . La creación de estrategias que permitan resarcir el daño a través del reconocimiento a esas memorias que fueron víctimas de la violencia, la búsqueda por establecer redes de diálogo transectorial (Instituciones del Estado, Sociedad Civil, Medios de Comunicación, Instituciones Religiosas e Iniciativa Privada) con la finalidad de involucrar a todos en proceso de toma de decisiones que se presenta en el ciclo vital de la política pública y así generar sentido de pertenencia, compromiso y corresponsabilidades. 

Finalmente, queremos hacer énfasis respecto al rol crucial que juegan los medios de comunicación, puesto que con voluntad pueden constituirse en una eficiente herramienta que por un lado podría ayudar a visibilizar la tragedia que viven las víctimas de la desaparición forzada, y por otro lado, sería un elemento aglutinador y de sensibilización social para generar condiciones que establezcan puentes entre la sociedad y Estado mexicano. 

Referencias bibliográficas:

[1] Pérez-Tamayo, G.A., & Bayona-I-Carrasco. (2017). La segregación socioespacial en Culiacán, México (2000-2010): ¿de la ciudad dual a la ciudad fragmentada? Estudios demográficos y urbanos, 32, 547-591.

[2] Paz, Octavio. (1998). El ogro filantrópico. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia.

[3] Fannon, Frantz. (1983). Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica, México.

[4] Ibarra, Carlos. (2020). Violência, vida e memória precária: o deslocamento interno forçado no noroeste de México. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

[5] Valencia, Sayak. (2016). Capitalismo Gore: control económico, violencia y narcopoder. Buenos Aires, Paidós.

[6] Mbembe, Achille. (2017) Políticas da inimizade. São Paulo: Antigona.

[7] Butler, Judith. (2006). Vida Precaria, el poder del duelo y la violencia. Buenos Aires, Paidós.

[8] Barrutia, Mercedes. (2020). Fake news y extranjería: la desinformación como respuesta al estigma social. Inclusiones, 7, 286-305.

[9] ONU-ACNUR. (2022). ONU-DH condena el asesinato de Rosario Lilián Rodríguez, madre buscadora de Sinaloa, 01 de Septiembre de 2022. Consultada en: 3 de octubre de 2022. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-condena-el-asesinato-de-rosario-lilian-rodriguez-madre-buscadora-de-sinaloa/

[10] Honneth, A. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 2003.

Entrevista:

Karen (2021), La memoria como instrumento para la reparación, la reconciliación, la justicia y la construcción de paz: reconocimiento a las y los sobrevivientes y víctimas de la desaparición forzada en el noroeste de México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), PRONACES-318764.

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Carlos Emilio Ibarra Montero es profesor e Investigador de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Sinaloa; miembro del Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y director del proyecto: La memoria como instrumento para la reparación, la reconciliación, la justicia y la construcción de paz: reconocimiento a las y los sobrevivientes y víctimas de la desaparición forzada en el noroeste de México el cual forma parte de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) de CONACYT. 

Correo:carlos.iba.bra@gmail.com

NOTA: El nombre de Karla es un seudónimo que se utilizó con el fin de proteger la identidad y la vida de quien nos contó su historia de vida. 

**La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF ni de A dónde van los desaparecidos

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Foto de portada: Buscadoras de Sinaloa supervisan trabajos de excavación durante la Brigada Nacional de Búsqueda (Lucía Flores).

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos