Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Ya pasaron más de 72 horas desde que los siete presos políticos loxichas, encarcelados durante los últimos 16 años por el Estado mexicano por delitos que no existen, están desaparecidos.

Este pasado viernes 7 de junio, a las 02:40 de la madrugada, Álvaro Sebastián Ramírez, integrante de La Voz de los Xichés en Prisión y adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, junto con Abraham García Ramírez, Agustín Luna Valencia, Eleuterio Hernández García, Fortino Enríquez Hernández, Justino Hernández José, conocidos como Los Presos Loxicha, fueron violentamente sacados del penal de Ixcotel en Oaxaca en dos autobuses de turismo y trasladados, negándosele a los familiares cualquier información sobre su destino. Todavía se desconoce si el séptimo preso loxicha, Zacarías García López, preso en el penal de Etla, fue trasladado también.

En las siguientes horas, los hijos de los presos exigieron información sobre el paradero de sus padres y se les avisó que éstos se encuentran en penal de mediana seguridad (CEFERESO # 13) ubicado en Mengolí de Morelos, Miahuatlán. Este penal, inaugurado este pasado 14 de mayo, está concesionado a la iniciativa privada, es decir,a quienes lucran a través del atropello a los derechos humanos fundamentales de los detenidos y de sus familiares.

En efecto, el día jueves 6 de junio, en los medios aparecieron denuncias de familiares de otros presos recién trasladados a este penal que describen una situación de terrorismo de Estado. Estas denuncias señalan que “todos los presos que llegan trasladados de otros penales son vejados, pateados en el estómago y en los testículos, independientemente de las cachetadas tan fuertes que les dan hasta obligarlos a gritar las consignas que ellos ordenan” (sic). Todas las denuncias coinciden en señalar como responsable al director del Cefereso, Ramiro Delgado, a quien nombran «el principal golpeador» y quien se hace acompañar de un perro «para asustar más a los que tuvieron la desgracia de llegar a ese lugar y caer en sus manos».

Los familiares de los presos loxichas, después de haber tenido que sacar del penal de Ixcotel todas las pertenencias y herramientas de trabajo de sus seres queridos reunidas en los últimos 16 años de vida, exigieron poder visitar a sus presos para comprobar que efectivamente se encuentren en el penal de Miahuatlán y para verificar su condición física y psicológica. Sistemáticamente se les ha negado la posibilidad de entrar, aunque reunieron la larga lista de nuevos requisitos para visitas al nuevo penal. Por esta razón los familiares de los presos y los que se solidarizan con su situación, declaran que los siete presos loxichas están actualmente desaparecidos por el Estado mexicano, hasta no poder comprobar en persona su paradero. Exigen poder verlos, verificar si se les violó su integridad física o psicológica, y exigen su libertad inmediata.

Los siete indígenas zapotecas están presos ilegalmente desde hace 16 años, acusados de delitos que no existen. Fueron sentenciados a entre 23 y 31 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, intento de homicidio, terrorismo y conspiración, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y lesiones calificadas, después de haber sido obligados a firmar bajo tortura y a poner huellas digitales a más de un centenar de hojas en blanco para inculparlos de ser integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en los ataques en contra de cuarteles militares y de policías en Santa Cruz Huatulco en 1996. Durante el largo proceso jurídico, se demostró con pruebas irrefutables que esos delitos no fueron cometidos y se les retiraron todas las sentencias menos la de homicidio calificado.

El Estado mexicano, durante todos estos años, creó fuertes estigmas hacia los presos loxichas, creando intencionalmente un estado de confusión difícil de desenmarañar.

Por un lado tanto el aparato de (in)justicia del Estado como su aparato mediático, han tratado a los presos loxichas como “terroristas”, integrantes de una organización revolucionaria armada, calidad que en la constitución se reconoce como “delito de rebelión”. A pesar de que nunca fueron acusados formalmente del delito de “rebelión”, siempre fueron tratados en los juicios y en los medios como “rebeldes”. Es de notar que los presos, siempre, después de la tortura, desmintieron formar parte de cualquier organización armada.

Por otro lado, a pesar de que el Ministerio Público dice en la última sentencia, definitiva, que “sus conductas constituyen delitos de rebelión”, no se les aplicó el artículo 137 del Código Penal Federal, según el cual “los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidos en el acto de un combate”. Si el Ministerio Público los considera rebeldes, no puede al mismo tiempo afirmar que son homicidas por las muertes que resultaron en un combate.

Por esta falta de aplicación de la ley, los indígenas loxichas están presos de manera ilegal desde hace 16 años y en este momento se encuentran desaparecidos, posiblemente trasladados a un penal de mediana seguridad, tratados por enésima vez como “terroristas” por el terrorismo de Estado. Sus familiares y sus compañer@s exigen ver a los presos, que se garanticen sus derechos humanos y que se les libere de manera inmediata.