En la última semana al menos 300 familias campesinas fueron víctimas de desalojos forzosos. Comunidades con varios años de existencia sufren la violencia estatal que busca liberar los territorios para el avance del modelo sojero. Los casos de las comunidades Edilson Mercado, de Canindeyú, y Cristo Rey, de San Pedro, muestran un patrón de actuación por parte de las instituciones estatales que no respetan las normativas vigentes a nivel nacional e internacional y que se presume buscan dejar vía libre para el avance de la sojización

En la jornada de ayer, 2 de noviembre, se llevó adelante un nuevo desalojo contra la comunidad Edilson Mercado, de Jasy Kañy, Departamento de Canindeyú, allí habitaban más de 250 familias campesinas quienes desde hace más de 3 años luchan por acceder a la tierra para producir alimentos. El reclamo campesino se da sobre unas mil hectáreas de las que existen sospechas de ser tierras fiscales y que fueron peticionadas ante el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. A pesar de los trámites y del arraigo de las familias campesinas en el lugar el INDERT no ha dado respuestas a los reclamos.

Los dirigentes del Asentamiento campesino señalaron que el violento desalojo destruyó más de 100 viviendas y cerca de 800 hectáreas de cultivos familiares y comunitarios, así como otras pertenencias de los campesinos. Igualmente reclamaron que el procedimiento se realizó de manera irregular ya que no existió orden de ningún juez competente tal como lo señala la legislación nacional, “estos operativos vulneran los derechos humanos, las garantías judiciales, el derecho a una vida digna, a la alimentación, a la vivienda, y utilizan la violencia ilegitima vulnerando la integridad física y la vida de miles de familias campesinas” indicaron desde la Asociación Campesina Joaju

Exactamente una semana atrás, con un operativo similar, fue desalojada la comunidad campesina Cristo Rey integrada por unas 40 familias campesinas de la zona de Guayaibí, Departamento de San Pedro. Un asentamiento con más de 12 años de existencia donde tras el violento desalojo fueron destruidas viviendas, escuelas y cultivos de la comunidad.

Tanto la Comunidad Edilson Mercado, como el asentamiento Cristo Rey se encuentran en zonas de pleno avance sojero, donde los asentamientos campesinos y las comunidades indígenas son los últimos focos de resistencia territorial a la lógica extractivista, planteada por las empresas sojeras, basada en la deforestación, el uso intensivo de agrotóxicos y el monocultivo transgénico.

En ambos casos las medidas de desalojo se han realizado sin los procedimientos adecuados a la legislación paraguaya y violando los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos que el Estado paraguayo se comprometió a respetar.

Desde 1976 en su primera Conferencia sobre los Asentamientos Humanos la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus distintos organismos han realizado permanentes recomendaciones respecto a lo que denominan “desalojos forzosos” que definen como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU la práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos y sólo pueden realizarse de manera legal en casos muy excepcionales y garantizando que las personas afectadas tengan acceso a una vivienda digna en otro espacio.

En el caso del Estado paraguayo existen diversas recomendaciones de organismos internacionales que instan a evitar los desalojos forzosos, en el año 2007 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mencionaba “El Comité insta al Estado parte a tomar las medidas necesarias, incluyendo de orden legislativo, para evitar que las familias campesinas e indígenas que ocupan las tierras sean desalojadas (..) investigar, juzgar y sancionar a los responsables de desalojos forzados y violaciones conexas a los derechos reconocidos por el pacto”.

Diez años después, en 2017, la relatora especial para el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, expresaba en su informe la preocupación porque sigan teniendo lugar desalojos forzosos de comunidades campesinas y comunidades indígenas en diferentes partes del país y agregaba que “En la mayoría de los casos, estos desalojos se ejecutan con el uso de violencia por parte de seguridad estatal o privada (…) Se debe implementar un mecanismo eficaz de protección contra tales desalojos forzosos. Cuando una comunidad se ha asentado en una parcela de tierra y depende de esa tierra para su sustento, la obligación de respetar el derecho a la alimentación requiere que el desalojo de la comunidad de esa tierra esté prohibido a menos que se cumplan ciertas condiciones” afirmaba.

foto: CONAMURI

Publicado originalmente en BASE