El Pacto por México firmado el 2 de diciembre de 2012 por Enrique Peña Nieto y dirigentes de los principales partidos políticos en México: PRI, PAN, PRD, y posteriormente por el Partido Verde Ecologista, fue el preámbulo de la formal complicidad entre la clase política en nuestro país, que hoy deriva en una grave crisis en materia de derechos humanos.
Dicho Pacto dio origen a 11 Reformas Estructurales: la energética, de telecomunicaciones, competencia económica, financiera, hacendaria, laboral, del Código Nacional de procedimientos penales, Ley de Amparo, Transparencia, Política Electoral y la Reforma Educativa.
Lejos de su revisión exhaustiva y un consenso ciudadano, las reformas son reformas impuestas sin consultas previas, amplias y eficaces que no garantizan los derechos básicos de la población sino perpetuan el control económico y político de cúpulas empresariales y políticas nacionales y extranjeras.
El inicio de la implementación de dichas reformas fue acompañado por una campaña mediática que aseguraba la pertinencia de las reformas. Con frases como «Transformar» o «Mover a México», el Gobierno Federal promovía al interior y el exterior del país una imagen que buscaba convencer que las reformas sociales, políticas y económicas derivarían en el progreso del país.
A partir de la simulación, con portadas como la publicada en febrero de 2014 en la revista Time que coloca la imagen de EPN con la frase Saving México, se intentó crear un imaginario colectivo a favor de las reformas y de la política neoliberal impulsada por el mandatario priista.
Fue la desparición forzada de 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales de seis personas, en esos mismos hechos, entre ellas tres normalistas, lo que visibilizó el aumento de las violaciones graves a los derechos humanos en México, las cuales incrementaron exponencialmente con la llamada “Guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón.
Lo sucedido en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014 evidenciaron la violencia, corrupción y colusión de las autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército contra la ciudadanía, sin embargo, la falta de acceso a la justicia en México, ha hecho que las víctimas y las organizaciones acompañantes recurran instancias u organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poder acceder a la justicia.
Lejos de combatir los impactos de la militarización y de la implementación de la Iniciativa Mérida en el sexenio de Felipe Calderón, que trajo consigo el incremento de la violencia y la militarización de la seguridad pública, este sexenio ha priorizado garantizar las ganancias ecónomicas de unos cuantos, mientras la mayoría de población vive en una situación precaria.
El panorama es adverso, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) hasta finales de 2015 se documentó la desaparición de 27 mil 638 personas (20 mil 203 hombres y 7 mil 435 mujeres). El número de personas muertas como resultado de la estrategia de la Guerra contra el narcotráfico supera las 150 mil como lo informaron organizaciones no gubernamentales ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés) realizada en abril pasado.
A ello se suman la prevalencia de la tortura, las decenas de familias desplazadas y las víctimas de delitos como robo de vehículo; robo en casa habitación; asalto en calle o transporte público; amenazas verbales; lesiones, secuestros y delitos sexuales cuya cifra asciende en 2015 a 22.8 millones de víctimas según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Obstaculización de la justicia
En el caso Ayotzinapa luego de que el 27 de enero de 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) diera a conocer su “verdad histórica” de los hechos ocurridos en Iguala, cuya investigación concluía que los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan, el 9 de febrero de 2015 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer públicamenye que “desde el punto de vista de evidencia física recolectada y analizada proveniente del Basurero NO es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes, pues NO hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial”.[1]
Lejos de respaldar la investigación independiente de los expertos internacionales y abrir nuevas líneas de investigación, el Gobierno Federal descalificó las investigaciones y no brindó las condiciones óptimas para que el EAAF continuará su labor.
En ese mismo sentido, si bien el Gobierno Federal solicitó la colaboración e instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), igual que el EAAF el GIEI enfrentó diversos obstáculos al realizar su trabajo, que derivó en la no ampliación de su estancia en México a partir de abril de 2016.
Como practica común se usó a los medios de comunicación para generar campañas de desprestigio contra las expertas del GIEI, principalmente contra Angela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, a dicha campaña se sumó la difamación contra las madres y padres y normalistas de Ayotzinapa; así como contra las organizaciones acompañantes del caso: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de DH José María Morelos y Pavón y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Pese a la petición expresa y confianza de las familias a la labor del EAAF y del GIEI, la voluntad y labor de dichas instancias internacionales, el Estado Mexicano ha sido omiso de cumplir las recomendaciones realizadas, negando el acceso al derecho a la justicia y a la verdad. A la fecha ninguna persona ha sido procesada por el delito de desaparición forzada.
A la desaparición forzada se une la prevalencia de la tortura en México, como lo manifestó en su visita a México en 2014, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez El quien advirtió la persistencia de una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos[2].
En marzo de 2015 el Relator presentó su Informe Oficial en el que aseguró que “la tortura en México es una práctica generalizada” lo que derivó en la negación de una nueva visita oficial a nuestro país, la cual había sido solicitada por el Relator para realizarse en 2016; tal cual como sucedió con el Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, a quien también le fue negada su visita oficial este año.
Por su parte, los resultados de los informes presentados por el GIEI de la CIDH; que desmentían la “verdad histórica” del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa, tuvo como otra de sus consecuencias la presentación de una denuncia penal por el delito de fraude contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
La denuncia fue interpuesta el 15 de marzo de 2016 por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal A.C., ante la PGR por el presunto fraude de un millón 250 mil dólares y dos millones de dólares, en perjuicio de la Federación; si bien la denuncia fue desechada por la PGR, el hostigamiento y cuestionamiento a la labor Emilio Álvarez Icaza, está sin duda ligado al impacto de la labor del GIEI en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
Política exterior
Desmantelar los pocos espacios que tenemos a nivel regional; desacreditar su labor; no asumir de buena fe un acuerdo y un convenio firmado por el Estado Mexicano; el notable cambio en la política exterior es preocupante para quienes habitamos este país, pues envía un mensaje de falta de voluntad política tanto en la eficacia y transparencia de las investigaciones como para que las vćtimas de violaciones graves a los derechos humanos puedan acceder a las justicia.
Cabe recordar que México es un actor fundamental en el ámbito internacional, que en su momento jugó un rol fundamental tanto en el Sistema de Naciones Unidas como en años recientes cuando se ejerció la defensa de la CIDH en el llamado proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano.
Si bien Ayotzinapa visibilizó la violencia institucional, la colusión de las autoridades con el crimen organizado a este se suman casos como las ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 12 a 15 personas en Tlatlaya, hechos en el Estado de México realizados contra población civil el 30 de junio de 2014.
A casi dos años de ocurridos los hechos “ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado. Contrario a ello, el pasado mes de mayo el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, alegando insuficiencia de elementos para probar los hechos o las responsabilidad de los soldados”.[3]
A Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán se unen las agresiones, represión y criminalización en Nochixtlán y la Ciudad de Oaxaca ocurrida el 19 de junio de 2016, fecha en la que 11 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y al menos 65 resultaron heridas cuando se manifestaban contra la Reforma Educativa y en respaldo a las maestras y maestros que desde 2013 han exigido una reforma integral con la consulta previa a madres, padres de familia y el magisterio, una reforma que garantice el derecho a la educación sin que eso signifique su precarización y privatización; una reforma que no viole los derechos laborales, una reforma con visión intercultural.
Las violaciones graves a los derechos humanos en México como las ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura se enmarcan en contexto de permanente agresión a los derechos básicos como el derecho a la salud, al trabajo, a la información; es necesaria la democratización de los medios de comunicación, el cese a las agresiones contra los medios alternativos y periodistas de voces críticas; el reconociendo a la labor de las y los defensores de derechos humanos; eficacia en el sistema de justicia; poner alto a la corrupción; poner fin a la estrategia de seguridad militarizada para el supuesto combate al narcotráfico, que ha generado graves violaciones a los derechos humanos; cesar el uso excesivo de la fuerza pública; ordenes de aprehensión contra luchadoras/es sociales; cese a la criminalización; libertad para las y los presos políticos; terminar con la corrupción; el cese al 98% de impunidad cifra oficialmente reconocida; es necesario que las investigaciones se realicen bajo los más altos estándares internacionales en la materia y que la responsabilidad de las autoridades, entre ellas el Ejército, ponga fin a los crímenes de Estado.
Quienes estamos en México y en otros país saben que la situación se está complicando mucho y en la medida en que las autoridades quieran maquillar, esconder y tergiversar la crisis que vivimos, en esa medida se pierde un tiempo valioso para que se toquen de verdad, con seriedad y con mucha ética las mismas medidas que se tienen que tomar para que en este país se garanticen y ejerzan plenamente nuestros derechos.
[1] Resumen Ejecutivo del EAAF http://www.tlachinollan.org/wp-content/uploads/2016/02/Resumen-Ejecutivo-8-2-2016_revision.pdf
[2] Conclusiones Preliminares de la Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. Disponibles en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ApprovedFinalConclusionesPreliminares_2deMayode2014_VisitaSRTMexico.pdf
[3]Tlatlaya sumido en la impunidad; PGR debe investigar http://www.tlachinollan.org/comunicado-tlatlaya-sumido-en-la-impunidad-pgr-debe-investigar/
