Desinformémonos| Ciudad de México. 19/07/2016.- A poco de que se cumplan dos años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las madres y padres de los estudiantes, que han dado seguimiento puntual al caso, reclamaron los pocos avances que se han obtenido y que los “temas burocráticos” tienen un propósito. Denunciaron que la investigación policiaca es lo que menos importa, que las discusiones con el gobierno se dan sin un final próximo y sin acuerdos relevantes. Pidieron que expertos de la CIDH, acudan a México dos veces al mes con el objetivo de revisar los avances en las investigaciones, pero el gobierno insistió en que sea solo una vez al mes y se informe cómo se dará seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .
Insistieron mediante nueva reunión con representantes del gobierno federal para dar seguimiento a la exigencia hecha por organizaciones defensoras de los derechos humanos para crear un mecanismo de “seguimiento efectivo” sobre la desaparición forzada de los estudiantes así como la implementación que el gobierno aplicará sobre las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los puntos que el mecanismo debe contener, según la opinión de organizaciones expertas, que hicieron llegar a Enrique Peña Nieto mediante una carta abierta sus demandas están: 1) el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expuestos en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; 2) un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo; 3) visitas periódicas por parte de la CIDH; 4) la difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento; y 5) el acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso.
En este contexto, Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México en WOLA, explicó que «El Grupo de Expertos enfrentó muchos obstáculos por parte del gobierno mexicano, lo que les impidió avanzar en la investigación. Para ser una herramienta eficaz, el mecanismo que México está negociando con la CIDH debe contar con la cooperación plena del gobierno mexicano», y que «de no garantizar las condiciones mínimas para poder operar, el gobierno mexicano estará impidiendo nuevamente el trabajo de la CIDH alrededor del caso y mostraría su falta de voluntad para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas».
El 26 de septiembre de 2014, seis jóvenes fueron asesinados y 43 desaparecidos, todos ellos estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa, ubicada en la localidad de Iguala, Guerrero, al sur de México. Fueron atacados por policías locales y presuntos grupos armados que dispararon en contra de los estudiantes así como en contra un autobús en el que se trasladaba el equipo de fútbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo (Guerrero), de inmediato el caso dio la vuelta al mundo por hecho en sí Así como por las inconsistencias, omisiones y deficiencias en las investigaciones hechas por el gobierno sumándose a los casos que evidencian la crisis de derechos humanos en México.
Por lo anterior la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó en octubre del mismo año la desaparición y violencia de la que fueron víctimas los normalistas que definió como uno de los hechos mas terribles de todos los tiempos, por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano aplicar las medidas de protección necesarias para los desaparecidos.