El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de la carretera Pirámides-Texcoco y la extracción de grava en el río Papagayo, son algunos de los proyectos que amenazan a las comunidades en los estados mexicanos como el Estado de México o Guerrero, los cuales se llevan a cabo sin la información, consulta y consenso “de quienes desarrollan otros modos de vida”, denunció el Comité por la Madre Tierra a diez años de la represión en San Salvador Atenco.

Respecto a la construcción del aeropuerto y la carretera, el Comité manifestó su preocupación ante las operaciones de la empresa Cypsa Vise en tierras de la comunidad de Tocuila, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a pesar de que sus integrantes mantengan la resistencia en contra del proyecto.

“La oposición y los recursos legales que habitantes y campesinos han interpuesto contra los mismos deberían despertar la sensibilidad de las autoridades y los gobiernos correspondientes, y por supuesto, de la empresa constructora”, sostuvo.

Además, hicieron visible que la represión y la violencia vivida en Atenco el 3 de mayo del 2006 no han terminado, pues en otros lugares del país se reproducen los ataques contra la población en defensa del territorio, el agua y la vida, tal como en el conflicto generado por la extracción de grava en el río Papagayo, explotación pétrea a la que se opone el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.

Por otra parte, las amenazan contra integrantes del Sistema Autónomo de Agua Potable de Tecámac, en el Estado de México, resultan alarmantes por tratarse de un proceso de gestión autónoma del recurso natural.

El Comité también resaltó las movilizaciones de los barrios de Santo Domingo y los pueblos La Candelaria y Los Reyes en la Ciudad de México, que defienden el venero afectado por una empresa inmobiliaria.

Finalmente, recordaron los acontecimientos en la comunidad otomí de San Francisco Magú, que desarrolla un incipiente proceso de organización autonómica, además de mantener su lucha contra el desarrollo inmobiliario Bosques del Paraíso, donde en las últimas semanas ha crecido la tensión contra las autoridades municipales y estatales.

“La exigencia de reconocimiento de sus propias autoridades comunitarias recorre el mismo camino legítimo que han seguido muchos pueblos indígenas de todo el país, que luchan por su reconstitución y su autonomía”, señala el Comité.

Todas las agresiones contra las comunidades y los pueblos son a favor de proyectos que amenazan la vida y el sustento de sus habitantes, por lo que indicaron que es necesaria la construcción de lazos con los movimientos en defensa del territorio y autonomía, “cuya lucha común es precisamente la defensa de la madre tierra”.