Ciudad de México | Desinformémonos. A siete años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el gobierno no ha emitido ninguna respuesta ni identificado o detenido a los responsables, sino que ha evadido la línea de investigación sobre la posible complicidad de las fuerzas policiacas en los hechos, denunciaron activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Las autoridades ni siquiera dan a los familiares de las víctimas y los defensores que los acompañan el pleno acceso a los expedientes sobre la masacre en el municipio de San Fernando, y tampoco sigue la la línea de investigación para determinar si las fuerzas del Estado participaron en el secuestro y asesinato de los 72 migrantes, lamentó la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo.

De acuerdo con Delgadillo, ya existían indicios de que los migrantes eran violentados en el municipio y por lo tanto la policía pudo haber actuado para evitar las agresiones.

Por su parte, la abogada del FJEDD, Ana Sandra Salinas, recordó que los familiares de algunas víctimas denunciaron que recibieron ataúdes por parte de las autoridades mexicanas, quienes les aseguraron que en ellos estaban los restos de sus parientes, pero sin permitirles ver la ropa, objetos u otros indicios para comprobar su identidad.

Los activistas, junto con los familiares de las víctimas y organizaciones, se presentarán mañana frente a la Procuraduría General de la República para llevar a cabo un mítin y exigir que la dependencia retome las indagatorias del caso y a identificar los cuerpos de todas las víctimas, pues por lo menos diez de ellas permanecen en calidad de desconocidos.