Ciudad de México | Desinformémonos. Además de no haber resuelto de fondo el conflicto de límites territoriales existentes entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, el gobierno “contribuyó a la administración del conflicto y al escalamiento de la conflictividad por las tensiones entre ambos pueblos, situación que se llevó ante el tribunal agrario, y que no ha resulto” la problemática, denunciaron organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos.

Las organizaciones acusaron no sólo que han documentado “la aquiescencia del Estado mexicano ante la presencia de grupos armados que controlan el territorio en los Altos de Chiapas”, sino también que el gobierno estatal “ha sido inoperante para disuadir las agresiones y las instancias de impartición de justicia no han actuado”.

El estado de sitio a las comunidades de Chalchihuitán “se mantiene y agrava, como una forma de control de la población y el territorio basado en infundir terror, con la protección de la alcaldesa de Chenalhó Rosa Pérez Pérez y la omisión del gobierno de Chiapas”, denunciaron. “La situación de emergencia se acentúa con la amenaza de ‘actuar drásticamente en contra de los comuneros de Chalchihuitán en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, el día 15 de diciembre’”, como lo refiere el acta de acuerdo firmada por las autoridades de Bienes Comunales de San Pedro Chenalhó, el Consejo de Vigilancia y los presidentes del Comisariado Ejidales de Puebla.

Reafirmaron que en la zona del conflicto hay presencia de personas armadas con el rostro cubierto, mientras que la policía estatal y el ejército no tienen iniciativas de desarme ni de accionar medidas directas de protección a la población y salvaguardar las garantías de libre tránsito.

Por otro lado, aseguraron que “las brigadas de ayuda humanitaria del gobierno de Chiapas son una burla a la dignidad, llegaron de entrada por salida, sin medicamentos, sólo a la cabecera municipal y no a los campamentos en desplazamiento forzado pidiendo a la población vulnerada se trasladara para ser atendida”.

Por todo lo anterior, calificaron al Convenio de Paz entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán de “estrategia mediática” por no atender el conflicto ni la emergencia del desplazamiento forzado de alrededor de 6 mil personas, así como hicieron un llamado a la sociedad en general y a otras organizaciones a sumarse a la exigencia para que el gobierno actúe e intervenga en favor de los habitantes.