Ciudad de México | Desinformémonos. Habitantes de la comunidad de Santa María la Asunción Tepexoyuca, en el estado de México, denunciaron los actos de corrupción en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, por lo que interpusieron un recurso de queja.
A pesar de que presentaron el recurso con folio e incidente de violación a la suspensión 118/2017, concedida por un juez federal y resuelto a favor de la comunidad por el tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del segundo circuito, las obras continúan durante todo el día.
Acusaron que el director general de transporte ferroviario y multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez Elizondo, entregó a dos personas físicas cheques por varios millones de pesos para que permitieran las obras del tren a costa del despojo de la comunidad.
Ante ello, exigieron que se respete el Estado de Derecho y que los trabajos cesen de inmediato, pues están “cansados de la imposición del gobierno”.
Francisco Montes, integrante de la comunidad indígena, aseguró que quienes representan las dependencias “no hacen bien su trabajo”, mientras que Julio Mendoza, de Central Campesina Cardenista, expresó que de no acatarse lo dictado por el amparo, procederán a otras acciones para impedir que siga la construcción.
El abogado de la comunidad, Gustavo Olivares, señaló que las autoridades mexicanas han sido “omisas” y “concernientes” al no reconocer los derechos del pueblo náhuatl, y recordó que en 2015 un comisariado fue pagado a modo con 292 millones de pesos para así proceder al despojo de sus tierras.
Por último, el cronista de la comunidad, Luis Miguel Torres, aseguró que se trata de proteger “un pueblo fundador que tiene 800 años de existencia”. “Ahora lo quieren desaparecer”, lamentó.
