Familiares de los normalistas asesinados durante un operativo policial de agentes federales y estatales denunciaron al Estado mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, frente a los hechos del 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, Guerrero.

La petición contra el Estado es para que a éste se le responsabilice por los actos violentos contra los normalistas y la violación a los derechos de la vida, la libertad, la integridad y protección judicial, pues el caso de Ayotzinapa de hace cuatro años, en el que resultaron dos estudiantes asesinados y al menos 50 detenidos por reclamar un incremento de matrículas, la reparación de las instalaciones y un promedio de 7 mínimo para el ingreso, aún permanece impune por la falta de investigación y sanciones.

Para los solicitantes, la admisión y evaluación de la petición significa una posibilidad de que cambie la estructura del Estado para implementar el orden y el respeto de una manera en que los derechos humanos estén garantizados y protegidos.

La denuncia fue presentada por los padres de los normalistas rurales de Ayotzinapa asesinados, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, junto con el normalista víctima de tortura, Gerardo Torres Pérez, y organizaciones y colectivos defensores como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón – ambas integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos-, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).