A través de testimonios de testigos, familiares, videos y fotos, Wayka, en colaboración con Diario Expresión, reconstruye el momento de la intervención policial en el sector de Siete Vueltas en la provincia de Aymaraes, donde un joven huancabambino de 22 años murió de un disparo. Tocaba el bajo eléctrico y era seguidor de la cantante sureña, Yarita Lizeth. Era el último de ocho hermanos y el más joven del grupo de ciudadanos que fueron a protestar en Aymaraes, Apurímac. Su familia lo conocía como ‘Uchita’ y sus amigos como ‘Beni’. El 9 de febrero lo mató un proyectil de arma de fuego.

Colaboración: Wilson Chilo desde Cusco / Fotos: Juan Zapata desde Apurímac / Ilustraciones: Jazmín Moscoso

LA RECONSTRUCCIÓN

Horas antes de recibir un disparo, Denilson Huaraca Vílchez se comunicó con sus familiares a través de una app de mensajería. Había salido de su comunidad Huancabamba, y se había despedido de sus padres Dionisio Huaraca y Dolores Vílchez, una pareja de agricultores de tercera edad a los que cuidaba. Era el sustento de casa y el último hijo.

‘Uchita’, como le decían sus hermanos mayores —Marcelino, Emilio, María, Héctor, Samuel, Heber y Luz Marina— porque de pequeño tenía un parecido a un personaje de la televisión, les dijo por celular que había participado en las movilizaciones pacíficas en Aymaraes. Esta provincia es la más grande de Apurímac y la que se levantó contra el régimen militar y autoritario de Dina Boluarte.

Hasta ese momento, Denilson decía que estaba bien, como acostumbraba responder a sus familiares y amigos. Por eso sus amistades lo llamaban Beni, porque siempre respondía: Bien, bien, bien. 

“Todo estaba bien para él”, recuerda su hermano mayor, Marcelino, quien lo vio por última vez cuando lavaron su moto lineal. Era el hermano a quien Denilson tenía más apego, además de Emilio, fallecido hace un año.

Ese 9 de febrero Aymaraes fue duramente reprimida por la Policía Nacional del Perú (PNP). Denilson y 39 ciudadanos de Huancabamba, en su mayoría agricultores, regresaban a sus hogares luego de participar en las protestas.

Los vehículos que los transportaban se encontraban cerca al bloqueo de la carretera, a la altura del sector Siete Vueltas —un tramo de la ruta interoceánica que conecta Lima y Abancay, considerado peligroso por transportistas debido a sus bajadas y curvas—, en la comunidad Iscahuaca, ubicada en el distrito de Cotaruse. 

Durante el trayecto, Denilson y los demás viajaban dentro de las tolvas de un par de ‘camiones fruteros’ de colores azul y verde, con las placas BCH-859 y C9V-836, respectivamente.

Denilson iba en el camión azul, junto a los portones, según testigos. Estaba lloviendo y por esa razón se cubrieron las tolvas. Los ciudadanos huancabambinos permanecían sentados sobre colchones, llevaban consigo ollas donde hace poco prepararon sus alimentos, también llevaban pan, papa y cancha para alimentarse.

En aquel rato, una testigo y el menor de los Huaraca Vílchez conversaban sobre cómo se iban a cubrir con las mantas y frazadas debido a que iban a pasar por un abra, una zona de altura en donde cae mucho hielo (nieve y granizo) y hace bastante frío.

El lunes, Denilson iniciaba sus estudios de mecánica automotriz. Solo le faltaban cuatro días para ir al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI). “Estoy tranquilo, con todas las ganas de iniciar mis clases”, le dijo a su hermano tiempo atrás.

En tanto, a unos 400 o 500 metros atrás, un testigo que se encontraba en un bus interprovincial observó que siete camionetas de la Policía pasaron raudamente con efectivos y armas de largo alcance.

Los vehículos del personal policial, con placas falsas, se pusieron por delante y detrás de los camiones. “Fue una emboscada, ellos estaban indefensos, no tenían armas, no hubo ningún enfrentamiento como se dice, ellos se estaban retirando, fue un abuso”, precisa el testigo.

Pasadas las 4:30 p. m., según el relato de los detenidos, Denilson y los demás comuneros oyeron un ruido fuerte. Le siguieron varios disparos. Empezaron a cubrirse el rostro y sus cabezas con las mochilas, mantas y ropas que tenían a la mano. Las balas perforaban la toldera, las llantas y las partes laterales de los camiones.

Pablo Lazo Mariño, agricultor y comerciante, era el chofer del camión verde con placa C9V-836. Una bala le traspasó el brazo izquierdo, quedando alojado en el pulmón, cerca del corazón. 

“Lo bajaron, lo golpearon, lo pisaron en el cuello y en la espalda, y una vez bien maltratado, recién se fijan en la sangre que traspasó la ropa y lo dejaron”, cuenta su hermano Wilfredo.

Víctor Rojas Alarcón estaba en ese mismo camión y fue herido en la médula ósea, por lo que hoy no puede mover los pies.

En medio de la ráfaga, los policías abrieron los portones de los camiones y siguieron apuntando y disparando. Uno de esos proyectiles de arma de fuego atravesó los pulmones de Denilson Huaraca, el más joven de los ciudadanos de ambos camiones. Su muerte fue instantánea.

Damián Félix Sivipaucar, según los testigos, fue uno de los que se resistió a bajar del camión azul, y por eso le dispararon un proyectil en el muslo izquierdo.

«Hasta hemos visto humo blanco (saliendo del arma). Gritábamos temblando: “por favor, ya no disparen, ya no disparen, ya hay un muerto”, y nos gritaban: “bájate, conchatumadre. Bájate, conchatumadre” y nos mostraban (su arma) y nos decían “o, si no, ¿quieres esto?”, cuenta una testigo.

Según otra testigo, los casquillos de las balas fueron recogidos por los efectivos policiales, que habrían estado con pasamontañas. Se los guardaban  en los bolsillos de sus chalecos. Las imágenes de ambos camiones llevan orificios que serían de bala. 

“Un policía me ha bajado del carro apuntándome en el pecho, me quería agarrar a patadas y puñetes”, narra una testigo. Luego de bajarlos, los tumbaron en la pista, en medio del granizo y la lluvia. A algunos los pateaban en las piernas. Así los tuvieron por dos horas. Les quitaron sus objetos personales, entre ellos, sus celulares.

El cuerpo de Denilson y uno de los heridos estaban en el camión azul; y en el verde otros  dos heridos más. Ellos fueron llevados a las instalaciones de Seguridad del Estado en Abancay.  

Pablo Lazo Mariño, según cuenta su hermano, fue obligado por los policías a manejar por 10 km porque conocía la zona, pero en ese lapso también perdía sangre. Luego los efectivos obligaron a otra persona a conducir hacia Abancay.

Llegaron a la 1:00 de la mañana. “Hemos pedido ambulancia, y no nos hacían caso”, cuenta una testigo. Nunca los auxiliaron.

En aquel local policial fueron humillados, no les permitieron llamar a sus familiares ni a sus abogados y tampoco comer; hasta que por insistencia de familiares, abogados y personas solidarias lograron alimentarse y cambiarse de ropa.

Posteriormente, debido a la presión de la defensa legal y la falta de pruebas, los ciudadanos y ciudadanas de Huancabamba fueron puestos en libertad.

El 10 de febrero, el certificado de necropsia confirmó que Denilson fue asesinado por un impacto de proyectil de arma de fuego (PAF). 

Dos días después, el 12 de febrero, el joven huancabambino fue enterrado . Aquel día, al ritmo de La Usurpadora de Los Qaris, —carnaval compuesto y dedicado al régimen de  Boluarte y las fuerzas del orden — sus hermanos hicieron danzar a su féretro. 

Hoy la habitación de Denilson está vacía. Ahora son ocho hijos del pueblo que faltan en la región de Apurímac.

Las cuerdas de su bajo eléctrico ya no suenan, tampoco suenan las letras de su canción favorita: Corta Venas, uno de los huaynos de Yarita Lizeth, conocida cantante folclórica sureña que en este contexto apoyó a las protestas de las regiones.

TEMEN MANIPULACIÓN DE PRUEBAS

Aquella noche, abogados abanquinos —que ya habían asesorado a otras personas en detenciones masivas del gobierno de Boluarte— fueron a asistir a los comuneros detenidos.

Cuando llegaron se encontraron con una situación absurda y cruel. En vez de velar por la salud de los detenidos, que tenían golpes y heridas, la Fiscalía realizó pruebas de absorción atómica a los ciudadanos y ciudadanas de Huancabamba, pero no se les aplicó a los agentes policiales, por lo que, según los letrados, califican la  investigación como parcializada, de la cual no se tiene resultados hasta ahora.

“Se tenía que hacer a los agresores, no a los agraviados”, comenta el abogado, Juvenal Borda. Ellos lo solicitaron a los fiscales, pero fueron ignorados.

De igual modo, el abogado de la familia de Denilson, Víctor Lizarzaburo Prado manifestó en varios medios locales de la región: “Ha sido, a mi juicio y ya lo probaremos en la investigación, un disparo a mansalva, un disparo a una persona indefensa, que no tenía consigo ningún objeto contundente, que no tenía un palo, no tenía una huaraca, no tenía absolutamente nada”.

El letrado abanquino espera que el Ministerio Público actúe con profesionalismo. Sin embargo, alertó de posibles manipulaciones. “Yo sospecho, y no solo yo, que la Fiscalía de la Nación está manipulando las intervenciones”, indicó Lizarzaburo a TV Sistemas Abancay.

“La Fiscalía de Abancay, por presión de sus superiores en Lima, tenía la intención de pedir prisión preventiva para los comuneros, con el fin de que quede como precedente, pero no lo hemos permitido”, acota el abogado Edwin Quispe.

DESMIENTEN ACTA POLICIAL

Sobre los primeros peritajes a los camiones, se pudo revisar el camión verde de placa C9V-836 en donde, según los abogados, hay 13 orificios de bala. 

“Dentro del vehículo no se halló dinamita, pólvora o algún armamento. Solo había casquillos de bala de la Policía, incluso incrustados en el camión”, afirma Borda y desmiente la versión que se dio a través del acta policial.

Este documento último de la PNP califica a los comuneros de “revoltosos” que estaban atacando a la Policía con armas de fuego y material explosivo. El acta también menciona que se avisó a los comuneros de un cese al fuego, pero al no hacer caso, los agentes procedieron a disparar al aire y a las llantas para intervenirlos. Sin embargo, los testimonios de testigos contradicen esta versión.

En dicha acta, firmada por el teniente PNP José Calatayud Chávez, se nombra al teniente David Chipa Aquino como uno de los agentes a cargo del operativo y también al suboficial Javier Copa Chalco, quien realiza una llamada al mencionado sujeto anterior. 

Un detalle importante es que el Jefe del Frente Policial Apurímac es el General PNP Luis Jesús Flores Solís, exmiembro de Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN) creado en 1990.

“El camión azul en donde viajaba Denilson está pendiente de peritaje, aún se encuentra en Huancabamba”, precisa Quispe. Solo el camión verde fue revisado por criminalística. Los peritajes balísticos aún no son notificados a la defensa legal. 

“Lo que queremos es que en la pericia se identifique la coincidencia de la bala que originó la muerte con la bala de los heridos porque es parte de un operativo que ha hecho la Policía”, acotó Lizarzaburo. 

Huancabamba es el pueblo más organizado, según los abogados. “No olvidemos que los primeros muertos (David Atequipa y Beckham Quispe) son de allí. El Gobierno ya los tiene identificados. Estamos en un país dictador y genocida sin derechos, ya no hay derecho, no hay libertad”, expresa Borda.

Por su parte, Quispe indicó que “tarde o temprano, los responsables tendrán que asumir este delito de homicidio y lesa humanidad. Apurímac lleva 8 muertos, no puede quedar impune. El pueblo ha despertado y no va a parar”.

“Ha sido una emboscada”, reiteró el abogado Juvenal Borda. Los otros abogados voluntarios que ayudaron a los detenidos de Huancabamba concordaron con lo dicho por Borda.

“No hay nada oculto bajo el sol”, sentenció el abogado Víctor Lizarzaburo. 

HOMICIDIO CALIFICADO

Al respecto, la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano en entrevista a Wayka dijo que, de acuerdo a los testimonios, no hay argumentó alguno que justifique la muerte de Denilson y las afectaciones a los heridos.  “Se ve claramente que esta persona no estaba en situación de poner en riesgo la vida de nadie, no se puede justificar el uso de armas de fuego, este accionar conlleva al daño y a la integridad de las personas que ocupaban ese vehículo”, afirma.

En tal sentido, señala  que «las ejecuciones extrajudiciales efectivamente son asesinatos, solo que están enmarcados dentro de un contexto internacional, pero dentro de nuestro ordenamiento penal no existe el tipo penal de ejecución extrajudicial, por eso se utiliza el homicidio calificado, ese es el tipo penal».

Sobre el actuar de la Fiscalía, Cano comenta que hay un doble estándar en donde se criminaliza velozmente la protesta y solidaridad de manifestantes mediante un uso abusivo de la legislación. “Pero por otro lado, sobre los heridos y muertos producto de la represión, hay lentitud en las diligencias y falta de apoyo”, explica.

“Tenemos una Fiscalía que acude a la Policía para investigar a la Policía”, añadió.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDDHH) calificó la muerte de Denilson y los daños a los heridos como una “emboscada” y no un “enfrentamiento”. La afirmación lo hizo a través de una publicación en Twitter, donde además, señala que el caso como una “ejecución extrajudicial”.  

• Por razones de seguridad no revelaremos las identidades de las y los testigos mencionados en la publicación. Agradecemos el apoyo de ciudadanos quienes contribuyeron a reconstruir lo sucedido en Apurímac y a la búsqueda de información que fue valiosa para el presente texto.

Publicado originalmente en Wayka