A raíz de la disputa de intereses frente a las Reformas Sociales (pensional, salud, laboral, etc) entre quienes representan a los monopolios privados y sus medios de comunicación y quienes defienden la regulación estatal donde prime lo público, se ha abierto el debate estableciendo una dicotomía entre democracia callejera y parlamentaria.

Para el presidente Gustavo Petro las reformas se discutirán en las calles y para el presidente del Congreso, Roy Barreras, éstas se negociarán por arriba con las bancadas del «foro natural de la democracia».

Desde la lógica de la democracia formal corresponde al Congreso aprobar las Reformas. Sin embargo, la Constitución Colombiana de 1991 reconoció la existencia de los mecanismos de participación ciudadana pero limitados por el control del poder legislativo convirtiéndolos en un obstáculo para la toma de decisiones directamente por la ciudadanía, es decir, los mecanismos de participación se establecieron para fortalecer la democracia formal.

Independientemente, de las formas creadas por la Constitución se reconoce que el poder reside en el pueblo (Soberanía Popular), razón por la cual los ciudadanos tienen derecho a proponer, debatir y decidir conforme a sus intereses todas las reformas o cambios que se requieran para mejorar su calidad de vida, incluso ejercer el derecho a la movilización para presionar a «sus representantes» para que cumplan con su función de obedecer y no mandar a quienes los eligieron.

Para ejercer los derechos a la participación y la movilización es fundamental la garantía del derecho a estar bien informados. El problema está en quien informa y cuál es la intención o el interés que se difunde. Veamos en concreto.

 Se han convocado dos marchas para el mes de febrero en Colombia. Una, contra «las reformas que se anuncian desde el gobierno» y que ha contado con el poder de la mayoría de los medios de comunicación que representan los intereses de los monopolios financieros del gran capital y que manipulan a la opinión asumiendo que las propuestas gubernamentales están en contra del interés general, incluso, utilizando encuestas como la de la ANDI^[1] referida a la Reforma a la salud,  según la cual, el 63% de los encuestados se oponen a que se eliminen las EPS, cuando son conscientes de que hacen parte del gran negocio de los particulares que no están dispuestos a ceder a sus privilegios, incluso, disfrazados con la expresión «reformas si pero no así».

La otra manifestación, convocada a favor de las reformas gubernamentales, se fundamenta en que éstas hacen parte del programa que mayoritariamente fue respaldado en la urnas.

Es una sustentación válida. Sin embargo, los programas se materializan en Proyectos de Ley que han sido objeto de debate al interior del gobierno pero que son desconocidos por la ciudadanía porque no se han generado espacios alternativos de pedagogía política, propios de la democracia callejera, que garantice se conozca la «otra información» para que la movilización sea consciente, contrarrestando la manipulación de los grandes medios.

A quién corresponde construir esos espacios? Se supone que a los sectores que se denominan «alternativos» y, entre ellos, a los integrantes de la Bancada progresista.

El problema está en que la mayoría de ellos fueron elegidos producto de acuerdos donde por lo general primó el «cálculo electoral» y no los programas, donde se impuso que «lo importante es ganar para ser gobierno», es decir, los PP como los denominó el Maestro Fals Borda, plata y puestos.

Las consecuencias, de esas prácticas clientelares se evidencian hoy cuando lo que se requiere es debatir las propuestas de reformas. Lo preocupante, es que los mismos que fueron elegidos desconocen el contenido de las mismas o cuentan con una información tan superficial que cuando la difunden generan más confusión que es aprovechada por los medios al servicio del capital.

Es lógico que es imposible construir espacios de debate que contribuyan a formar a la opinión pública cuando la mayoría de los responsables de hacerlo están dedicados a armar acuerdos para las elecciones regionales, sin programas porque su lógica es la de los PP.

La democracia callejera tiene sentido si se convierte en espacio de argumentación programática y movilización social donde se confronten los intereses del capital y los del trabajo para que los cambios sean posibles.

Mientras no ocurra lo anterior, continuará avanzando el acuerdo por arriba, de negociación sin participación, tal como lo expresó el presidente del Congreso, Roy Barreras para quien hay que mantener la coalición de gobierno para aprobar las reformas sociales que es lo esencial, así haya que sacrificar los intereses personales en las elecciones regionales.

Es evidente que quienes convocan a la movilización a favor de mantener los privilegios económicos particulares, también lo hacen buscando deslegimitar el gobierno de Petro para mantener el control político regional para lo cual cuentan con la ventaja que les ofrecen los PP porque en la lógica de puestos y contratos quien gana es el que posee mayor poder económico y maneja las estructuras clientelares.

Cómo se pretende mantener el Proyecto Progresista si los partidos tradicionales logran conservar el control del poder político regional en las elecciones del 2023, incluso, promoviendo alianzas con los PP?

*Coordinador Movimiento Social Defensores del Territorio

^[1] https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/reforma-a-la-salud-en-encuesta-de-la-andi-esto-es-lo-que-dijeron-los-colombianos-de-cara-al-proyecto-de-ley-del-presidente-petro/202343/