Reyna Gómez Solorzano es una mujer que fue condenada por homicidio culposo a 25 años de cárcel por herir a su concubino en defensa propia. Su detención fue arbitraria y estuvo sometida a tratos crueles y degradantes por parte de la policía estatal. Está detenida en una cárcel de Chetumal, en el estado de Quintana Roo desde hace 10 meses.
El caso es hiper complejo, no sólo por la vulnerabilidad de la acusada, – una mujer de 45 años, originaria de Belize, de dónde huyó de la miseria para pasar los últimos 30 años en México trabajando como doméstica en casas de familia – sino porque ella misma es una víctima que se defiende y todo se le vuelve en contra.
Fue la propia Reyna la que llamó a la ambulancia y a la familia del marido herido, esperó junto a él y la herida a cuchillo que le había hecho para defenderse de su ataque. La atención médica demoró más que la policía: al tiempo que el herido se moría, Reyna era secuestrada por los policías que se presentaron en su casa. La afirmación parece fuerte, pero los hechos así lo demuestran.
Los agentes se la llevaron de su casa y la retuvieron, la incomunicaron y la agredieron físicamente, la acusaron de haber huido cuando siempre estuvo bajo control de sus captores, los policías estatales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un dictamen en el que sostiene que lo sucedido fue una detención arbitraria y de tratos crueles y degradantes antes de ser entregada en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.
La Red de Feministas Peninsulares conoció acerca de su caso y se acercó a la familia, únicamente integrada por Jorge, el hijo de Reyna. Integrada por mujeres y defensoras de derechos humanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Reyna las aceptó como coadyuvantes en su caso.
«Vamos a exponer todas las violaciones a los derechos de la imputada: cómo no se le garantizó un juicio adecuado y transparente, que derivó en una condena injusta. Lo que pretendemos y vamos a argumentar es que tiene que reponerse todo el proceso. El juicio a Reyna está viciado, por lo que debe hacerse uno nuevo. Es la mejor manera de garantizar sus derechos, sobre todo en su caso, en que fueron sistemáticamente violados”. Argentina Casanova es la Coordinadora del Observatorio de Violencia Social y Género de Campeche e integra la Red ya mencionada.
El nuevo sistema penal acusatoria habilita la participación de la sociedad civil mediante el permiso de las víctimas y mucho más de los acusados. Sin embargo, la participación de las defensoras ha sido irradiada del caso por la intervención del defensor público que lleva la defensa de Reyna, Lino Magos Acevedo.
“La Defensoría Pública del estado hizo que Reyna firmara un papel que señala que esa división es la única que va a llevar su caso. El problema es que no ha hecho una defensa adecuada. Reyna ya tiene una pesada condena y el defensor inició la apelación. Sabemos que Reyna firmó ese papel bajo coacción, ya que está controlada, le restringieron las visitas, tanto a nosotras como a su hijo, su único familiar, además de estar en amenaza permanente debido a la inseguridad con que vive en el Penal”
La Red de Feministas promovió una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, que ya conoce el caso, a la vez que envió copia a la Comisión Nacional, para que dicte medidas precautorias en favor de Reyna durante su reclusión.
“La pretensión de la defensoría de desplazar a la sociedad civil del proceso penal, negando que coadyuvemos en el caso, incluso cuando Reyna así nos lo permitió hace meses, es una muestra de las resistencias al nuevo sistema penal acusatorio. Sobre todo en lo que involucra a la sociedad civil como monitor de los procesos judiciales del país”
“Nunca antes los operadores judiciales habían estado bajo tanta presión para que la víctima tenga una defensa equilibrada. Es una ventaja del nuevo sistema. Nosotros asumimos la coadyuvancia del caso a partir de la víctima, que es la imputada en este caso. Pasamos de que ella nos nombrara como sus representantes en esa coadyuvancia, a no poder entrar al penal a verla y perder contacto.”
La distancia de Chetumal, uno de los puntos perdidos de la República en la frontera con Belize, para la que no hay vías fáciles de comunicación y transporte – “fijate que nosotras estamos en Campeche y nos toma 5 horas llegar” – sumado a la cerrazón de la defensoría pública, obturan el caso de Reyna para que sea otro de los que quedan en el olvido.
Foto: integrantes de la Red manifestándose frente a la sede del poder judicial actuante // vocesfeministas.com