Defensoras del agua en El Salvador, un ejemplo de organización comunitaria

Diana Delgado y Maitane Arri

Foto: James Rodriguez / Oxfam America

Más de una década de movimiento comunitario incansable, en el que se fue construyendo poco a poco una resistencia a los proyectos mineros, una organización que ha ganado una partida, la de la minería, pero que sigue saliendo a la calle para lograr que el agua sea considerada por ley un derecho fundamental para la vida en El Salvador.

El Salvador es un país pequeño, con una extensión poco mayor que la provincia de Cáceres, por poner un ejemplo. Pero mucho más poblado. El más densamente poblado del continente americano. Muchas personas tienen que ir a buscar el agua a la fuente o al pozo. Y se están quedando sin agua: “estrés hídrico”, lo llaman. Principalmente porque, cuando llueve, la orografía del terreno, sumada a la gran deforestación de algunas zonas, no permite que el agua se filtre, sino que va directa al mar. Pero también por el cambio climático, por la contaminación y por una gestión política mercantilista e injusta del acceso al agua.


Además de escasa, es de mala calidad. El 90 por ciento del agua salvadoreña está contaminada, llena de químicos como el glifosato. Poca agua, privatizada y de mala calidad. Y en este contexto de violación de uno de los derechos humanos más fundamentales para la vida, llega una empresa minera canadiense a El Salvador a querer terminar con la poca que aún les quedaba.

Pacific Rim consiguió del gobierno un permiso de exploración en el departamento de Cabañas, al norte del país, allá por el año 2004. Es en ese momento cuando Vidalina Morales empieza a trabajar con la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES). “El compañero de la asociación me propuso formar parte del equipo técnico y me dijo un viernes que tenía que incorporarme ese mismo viernes. Yo ni siquiera fui a preguntarle a mi marido, no dudé en aceptar. Mi pareja y mis hijos nunca me reclamaron. Los mayores cuidaban de los pequeños (el pequeño tenía 7 años). No tuve muchos impedimentos en la familia. Pero sí en la comunidad, allí fui muy criticada, porque, si yo salía de mi casa, era porque dejaba a mi marido y a mis hijos solos. ¿Para qué? Para buscar otro hombre. Ahí sí hubo más críticas. Mal vista por salir de la casa. Pero yo me dije que, si no lograba romper estas barreras, no podríamos nunca ganar la lucha” – recuerda Vidalina.

Su trabajo consistió en situar el tema de la minería en las comunidades, fortalecer la lucha local y visibilizar la problemática. A tiempo completo. Como hormiguitas, ella y sus compañeros fueron desenmascarando al monstruo. Consiguieron incluso un informe elaborado por Robert Morán, un experto norteamericano que pudiera decirles con imparcialidad si habría impactos contaminantes si se abría la mina de oro en la región.

La comunidad ya estaba sembrada. Como explica Vidalina, el espíritu comunitario y revolucionario de esta zona es histórico: “la comunidad de Santa Marta fue primero expulsada de El Salvador a Honduras durante el conflicto armado en 1981. Durante los siete años que estuvieron allí se organizaron en los campamentos y, organizados, decidieron regresar a El Salvador. A la vuelta pusieron en marcha un proyecto de educación popular, en los noventa se forman asociaciones, nace Radio Victoria, una radio comunitaria que ha sido fundamental en la lucha contra la minería. Es una comunidad que estaba muy ligada a la teología de la liberación, algunos fueron guerrilleros en los años noventa…”.

Y después… el miedo. Sin ser una guerra, fueron asesinadas cinco personas. Amenazas, golpes. “El miedo se siente – dice Vidalina-, pero una tiene la convicción de que si le toca a una, pues es un camino que habrá que recorrer”.

MUJERES EN PRIMERA LÍNEA

Las primeras en manifestarse fueron las mujeres. Las primeras también en sufrir los golpes. “Cuando asesinaron a Dora, me pidieron que fuese a acompañar a su familia en los días del entierro. Yo tenía mucho miedo, porque estábamos todos amenazados, pero fui en la mañana para acompañarles”. Dora Sorto estaba embarazada de 8 meses y llevaba en sus brazos a un niño de dos años, que también fue herido a balazos.

Las mujeres no se apartaron de la primera línea. Por eso, en 2012, las empresas mineras cambiaron la estrategia y empezaron a amenazar a los hijos de las personas más visibles del movimiento de resistencia.

Vidalina Morales habla de feminismo como de defensa de los bienes comunes, porque las mujeres dependen más directamente de los recursos naturales, viven en contacto con la tierra y el agua. El discurso de Vidalina en las comunidades es claro. Si nos quedamos sin agua, serán las mujeres las que tendrán que levantarse más temprano para ir a buscar más lejos el agua. Sin embargo, “los grupos feministas de El Salvador se han mantenido un poco al margen de la lucha por los bienes comunes y yo les digo que, sin menospreciar la lucha por los derechos de las mujeres que ellas llevan a cabo, es muy importante luchar por lo que nos permite vivir, porque, ¿quién vive sin agua? ¿Quién vive sin alimento o sin aire puro?”

En marzo de 2017, tras 12 años de lucha imparable de las comunidades, se aprueba por unanimidad en el Congreso la ley contra la minería metálica en El Salvador. A partir de entonces, ninguna empresa minera podrá emprender actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo. Además de la lucha popular, “la presión de la Conferencia Episcopal fue muy importante para que los diputados de derechas accedieran a votar. También Caritas, por ejemplo. Y por supuesto, las radios comunitarias”.

A POR LA LEY GENERAL DEL AGUA

Se acabó con la minería, pero las comunidades tienen claro que no pueden bajar la guardia. La ley contra la minería depende aún de cómo se conformen las mayorías del Congreso, y hay muchos intereses que pugnan por hacerse con los recursos de El Salvador.

“El tema sigue vigente, porque los minerales siguen ahí, tenemos la maldición de tener oro. Luego si hay un cambio de gobierno pues es un riesgo. Por eso estamos en una campaña continua con la población para que conozcan el contenido del marco jurídico (son unos 10 artículos) y esto nos permite seguir organizados por si en cualquier momento necesitamos volver a movilizarnos”.

El mes pasado, la movilización popular logró parar un nuevo intento de la derecha por incorporar a la empresa privada en el ente público que dirige las políticas hídricas del país, con apoyo de la Universidad de El Salvador, sindicatos y organizaciones ecologistas. El presidente del gobierno, Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, reiteró que no se privatizará el agua mientras él siga como presidente.

Sin embargo sigue pendiente la propuesta de las comunidades para una ley general del agua, sobre la mesa desde 2012. Esta propuesta define el agua como derecho, establece un ente rector totalmente público y garantiza la participación comunitaria en la protección del vital líquido. Además de blindar este derecho, se pide también una ley que proteja las semillas criollas. Porque, como dice Vidalina, ¿quién vive sin agua?, ¿quién, sin alimento o aire puro?

Este material se comparte con autorización de El Salto

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