De la lucha territorial a la lucha por la libertad

Edgars Martínez Navarrete**

De la lucha territorial a la lucha por la libertad. La prisión política Mapuche como mecanismo contrainsurgente*

A la violencia del Estado chileno, la represión policial y el asedio de los terratenientes y las multinacionales, los presos políticos Mapuche utilizan la huelga de hambre sólida y líquida como herramienta de resistencia en sus propios cuerpos. Tratados como “terroristas” y señalados como el “enemigo interno” por los medios del poder económico, los huelguistas entregan su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.

Yo soñé que soñaba:

que fuimos sometidos

y nos gobernaban tiranos.

Me pongo en huelga de hambre

para despertar la rabia,

despegar el vuelo

y aniquilar el sueño.

Juan Jerónimo Lemus, Cherán, México

Al momento de escribir estas líneas, los presos políticos Mapuche en huelga de hambre viven horas cruciales. Los comuneros en la cárcel de Lebu llevan 50 días sin comer y los de Angol suman 113 días, pero desde el 24 de agosto iniciaron el ayuno seco, quizá la medida de presión más extrema que un ser humano puede tomar encerrado en una prisión. Si bien los presos de Temuco no se han plegado aún a esta iniciativa, ellos ya llevan 42 días en huelga de hambre. Fue gracias a esta medida y a las distintas movilizaciones alrededor del mundo, que el machi Celestino Córdova pudo doblarle la mano a los poderosos y fijó ciertos acuerdos mínimos, a cambio de terminar su huelga.

No obstante, en todo este tiempo el gobierno de Chile ha dado escasas señales para destrabar el conflicto con el resto de los huelguistas, cuestión irrisoria porque el petitorio de estos, que básicamente busca reglamentar la prisión vinculada a causas indígenas bajo los criterios de la legislación internacional, se encuentra enmarcado en el Convenio 169 de la OIT adoptado por Chile hace más de una década.

Para comprender esta situación es necesario explicar las razones de fondo que motivaron el encarcelamiento político de algunos comuneros. La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanó violentamente cinco viviendas en el Valle de Elicura, territorio lavkenche del Wallmapu. Entre golpes, forcejeos y vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Aquella misma tarde, todos los imputados quedaron en prisión preventiva bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona.

En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en su contra eran declaraciones brindadas por testigos protegidos. Además de ser contradictorios entre sí, los supuestos testigos no lograron establecer un vínculo entre los imputados y el delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los peñi del Valle de Elikura fueron trasladados a la cárcel de Lebu, en la provincia de Arauco, donde se encuentran realizando actualmente su huelga de hambre.

El weichan, la construcción del enemigo interno y la contrainsurgencia

Durante la década del ‘90, la emergencia del movimiento mapuche, en general, y su línea autonomista, en particular, pusieron en crisis por primera vez el carácter monocultural que el Estado – Nación chileno reprodujo a lo largo de su historia moderna. El prolongado tiempo de la chilenización criolla, impuesta a sangre, fuego y ley, y cristalizada con la frase de Augusto Pinochet “ya no existen mapuches, porque todos somos chilenos” fue rotundamente cuestionada por un pueblo dispuesto a transformar su realidad. Las viciadas promesas culturales del gobierno no pudieron contener la autodeterminación mapuche en la vuelta de siglo.

Las recuperaciones territoriales tomaron fuerza, proliferaron las organizaciones políticas y el weichan, tradición histórica del antagonismo mapuche, se convirtió en la praxis de los sectores que comenzaron a desconfiar de la institucionalidad neoliberal. La zona lavkenche cobijó a las primeras manifestaciones de insubordinación colectiva de este periodo: parió a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y, con esta, todo un legado de rebeldía que se ramificó hasta la actualidad. Los procesos de reivindicación territorial en el Valle de Elikura, por ejemplo, son producto de toda una generación lavkenche criada y formada en este ciclo de insurrección.

En este contexto, viendo amenazados sus intereses en pleno ascenso del “milagro chileno”, las clases dominantes reacomodaron sus estructuras de poder para hacer frente al resurgimiento de un nuevo “enemigo interno”. El Mapuche en lucha pasó a ocupar el lugar predilecto del terrorista racializado. La criminalización pareció ser la vía más efectiva para hacer frente a esta amenaza “innovadora”. Así, se inaugura lo que podríamos caracterizar como un nuevo ciclo de “Conflicto de Baja Intensidad”, es decir, un escenario de contrainsurgencia basado en mecanismos pasivos y coercitivos de sometimiento, cooptación, explotación y persecución a los enemigos del modelo.

Un conflicto de baja intensidad que encubre una arremetida contrainsurgente y neocolonial sobre el pueblo Mapuche en weichan y que se desarrolla en tres niveles interconectados. En primer lugar, a través de una amplia maquinaria creada por los sectores de poder para arrinconar la resistencia, posibilitando la acumulación por desposesión y la reproducción ampliada de capital. A nivel continental esto se plasma en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Tratado Transpacífico (TPP-11), entre otras. Y a nivel nacional, en el Plan Araucanía, en los intentos de modificación de la Ley Indígena y en el proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA). Estas iniciativas económico-políticas tienen tres objetivos: la apertura definitiva del Wallmapu a las corporaciones transnacionales, el saqueo y la expoliación de los recursos naturales y el sometimiento de la protesta territorial. En definitiva: la subsunción real de la naturaleza, las tramas espirituales y las capacidades políticas de la resistencia mapuche ante el capital.

No obstante, si bien la lógica coercitiva de estos planes proviene de una matriz transnacional movilizada por los intereses del imperialismo contemporáneo, su capacidad operativa reside en el despliegue de una multiplicidad de pivotes nacionales encargados de afirmar la doctrina chilena de “seguridad nacional” contra este nuevo “enemigo interno”. En este segundo nivel se encuentran los numerosos planes de persecución y criminalización que ha impulsado el Estado durante las dos últimas décadas para debilitar al movimiento Mapuche autonomista y acusarlo de “terrorismo”. La “Operación Paciencia” (2002 – 2004) dirigida a desarticular a la CAM, la irrisoria “Operación Huracán” articulada mediáticamente para “descabezar” a Weichan Auka Mapu y nuevamente a la CAM y la Operación Andes (2017), parte de la anterior, con la cual se pretendía vincular a las organizaciones del weichan Mapuche con el tráfico de armas y con estructuras político-militares de diversos territorios. Estos son sólo algunos de los planes conocidos de este nivel de contrainsurgencia.

La construcción de la figura del terrorismo como estrategia de los terratenientes

Pero la “lucha contra el terrorismo” es también la finalidad obstinada de los terratenientes, empresarios forestales y gremios de agricultores de la ultraderecha regional que hoy habitan el Wallmapu. Los herederos del settler colonialism, colonialismo de colonos o de asentamiento, beneficiados por el despojo territorial, el desplazamiento y la subordinación racial del Mapuche, persisten en justificar su presencia histórica, sus propiedades y sus inversiones bajo la defensa de una presunta supremacía blanca nacionalista asociada a una especie de Estado de derecho. Para esto, además de construir la idea del “mapuche terrorista”, se han organizado en grupos de autodefensa paramilitar que amenazan con recrudecer la violencia engendrada por ellos mismos y sus antepasados.

Específicamente para el Lavkenmapu, y para el Valle de Elikura, este plano de la contrainsurgencia se evidencia en la sistematización de datos que sacó a la luz el medio de prensa Mapuche Aukin bajo el titular “El nuevo plan represivo para la franja lavkenche”. En este documento se sintetizan las medidas que el gobierno, en diálogo con los “principales” sectores productivos de la zona, destinarían al sur de la provincia de Arauco con el fin de mitigar los índices de “violencia rural”, categoría mediática a través de la cual se hace referencia a la resistencia lavkenche. La creación de nuevas subcomisarías, la llegada de 100 efectivos a la zona, la presencia permanente de retenes policiales, el arribo de 16 carros blindados todo terreno, un helicóptero y la donación de drones de última generación serían solo una parte del plan represivo con el que se perseguirá a los lov y comunidades que defienden el Lavkenmapu.

El nivel más específico de este conflicto de baja intensidad está relacionado con la prisión política Mapuche. No es un secreto que las cárceles de América Latina tienen color, como señala la antropóloga Rita Segato (2007). Pero no es tan solo eso: la judicialización de la protesta indígena también tiene color. Durante las últimas tres décadas, en Chile se ha sometido de forma sistemática a militantes, dirigentes y autoridades culturales del pueblo Mapuche a largos procesos judiciales que generalmente concluyen en absoluciones o sobreseimientos por falta de pruebas.

Sin embargo, estas causas, famosas por sus inconsistencias técnicas y sus vacíos legales, no tienen necesariamente la finalidad de condenar. Más bien, se busca neutralizar a los combatientes Mapuche, fatigar el movimiento de resistencia y forzarlo a disputar la agenda del gobierno.

Por lo anterior, podemos observar que la prisión política, si bien genera cohesión y ciertos niveles de aglutinamiento socio-comunitario inclusive entre sectores orgánicamente disímiles, presiona al movimiento de apoyo a concentrarse en objetivos inmediatos, descuidando generalmente los fines estratégicos. En este contexto, la liberación de los presos o el mejoramiento de sus condiciones carcelarias pasan a ser, con toda razón, prioridades indiscutibles. Quienes reditúan políticamente de tal situación son las clases dominantes al “mantener” los niveles de insubordinación Mapuche atomizados a un objetivo, aparentemente efímero, pero que requiere del despliegue de un amplio repertorio de alianzas, negociaciones y prácticas contestatarias. A su vez, las acciones en apoyo a los presos políticos y, particularmente, en torno a las huelgas de hambre son procesos emocional y materialmente desgastantes para un movimiento que no se caracteriza por tener extensas redes de solidaridad más allá del Wallmapu o recursos en abundancia.

No obstante, existen momentos de ruptura en los que el movimiento Mapuche marca el ritmo de la agenda y obliga al gobierno a negociar, tal como ha ocurrido durante las últimas semanas donde se han incrementado las acciones de sabotaje, las ocupaciones de espacios públicos y otras medidas de presión que han doblegado la indiferencia gubernamental.

La crueldad como dispositivo biopolítico contrainsurgente

La cárcel y las huelgas de hambre constituyen mecanismos disciplinarios sobre el sujeto y su cuerpo, que se extienden como un dispositivo de dolor a las familias y círculos cercanos que acompañan este proceso. A los ayunos líquido y seco que dejan secuelas crónicas en el organismo de quien la realiza, se suma el sufrimiento producido por las detenciones, los allanamientos y los largos procesos judiciales que derivan en la prisión.

En las últimas tres décadas, cientos de mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niños y niñas han sufrido la violencia de estos mecanismos biopolíticos contrainsurgentes, que dejan huellas imborrables en sus vidas. A sus cortas edades, muchos pichikeche (niños y niñas) han pasado sus infancias en territorios militarizados, entre el hostigamiento policial y los lúgubres pasillos de los Tribunales de Justicia. En esta misma lógica, y sin desconocer la ayuda comunitaria que suele activarse, es importante mencionar que son generalmente las mujeres quienes cargan gran parte del esfuerzo en estos contextos, ya que además de cumplir jornada completa en los campamentos levantados rudimentariamente fuera de las cárceles, deben hacerse cargo del trabajo cotidiano en sus hogares y de las múltiples labores en sus respectivos lov y territorios.

A pesar de todo esto, la acción coercitiva de la estructura de poder conformada por las elites chilenas y transnacionales no logran doblegar la voluntad colectiva de los huelguistas. Los presos políticos Mapuche no están luchando por una demanda individual: la huelga de hambre con la que arriesgan sus vidas, busca reglamentar un marco jurídico mínimo para que la prisión política indígena en Chile deje de ser invisibilizada.

Desde sus celdas, los presos políticos Mapuche enfrentan todas las acciones represivas y niveles de la contrainsurgencia. A la violencia de los consorcios económicos, estructuras políticas, poderes judiciales y aparatos represivos, la combaten con afafanes (gritos de aliento), ceremonias y pequeñas muestras de solidaridad. Es una contienda desigual, sin lugar a dudas, pero dentro de todo lo desgarrador de este proceso, los presos políticos Mapuche encarnan la mayor expresión de dignidad humana posible: entregan su vitalidad y su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.

*Texto en honor a la digna resistencia de los presos políticos Mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Lebu: Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Tomás Antihuen, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura, Manuel Huichacura, Cesar Millanao, Orlando Saez, Damian Saez, Robison Parra, Oscar Pilquiman. A la vez, lo dedico con cariño a Kelüray y Külapañgi, semillas de rebeldía en el Lavkenmapu.

**Edgars Martínez Navarrete es militante de la causa Mapuche autonomista, integrante de AUKIN y candidato a doctor en Antropología por el CIESAS-CDMX

Este material periodístico es de libre acceso y reproducción. No está financiado por Nestlé ni por Monsanto. Desinformémonos no depende de ellas ni de otras como ellas, pero si de ti. Apoya el periodismo independiente. Es tuyo.

Otras noticias de opinión  

Una Respuesta a “De la lucha territorial a la lucha por la libertad”

  1. Claudio Ekdahl

    Excelente articulo compas. Les hago llegar mi humilde contribución de traduccion al ingles: From the territorial struggle to the struggle for freedom
    Edgars Martínez Navarrete **
    4 September 2020 0

    From the territorial struggle to the struggle for freedom. The Mapuche political prison as a counterinsurgency mechanism *
    The violence of the Chilean State, the police repression, and the siege by landowners and multinationals are confronted by Mapuche political prisoners with solid and liquid hunger strike as a tool of resistance in their own bodies. Treated as «terrorists» and designated as the «internal enemy» by those who hold economic power, the strikers offer their newen (strength) to seek the freedom of their people.

    I dreamt that I was dreaming:
    that we had been subjected
    and tyrants ruled us.
    I go on a hunger strike
    to awaken the rage,
    to lift the flight
    and annihilate the dream.
    Juan Jerónimo Lemus, Cherán, México
    As of this writing, Mapuche political prisoners on hunger strike are living crucial hours. The community members in the Lebu jail have not eaten for 50 days and those of Angol jail for 113 days, and since August 24 they began a dry fast, perhaps the most extreme measure of pressure that a human being can take when locked in a prison. Although the Temuco prisoners have not yet joined this initiative, they have already been on a hunger strike for 42 days. It was thanks to this measure and to the sum of mobilizations around the world that machi (traditional spiritual healer) Celestino Córdova was able to twist the arm of the powerful and set certain minimum agreements, in exchange for ending his strike.
    However, in all this time the Chilean government has given few signals to unblock the conflict with the rest of the strikers, a ridiculous situation because their petition, which basically seeks to regulate the prison terms linked to indigenous causes under the criteria of International Law, framed in ILO Convention 169 adopted by Chile more than a decade ago.
    To understand this situation, it is necessary to explain the underlying reasons that motivated the political imprisonment of some community members. In the early morning of January 29, more than a hundred police officers violently raided five homes in the Elicura Valley, Lavkenche territory of Wallmapu. Between beatings, struggles, and transgressions against their families, Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura, and Manuel Huichacura were taken as detainees. That same afternoon, all the defendants were held in preventive custody for allegedly participating in the death of a neighbor in the area.
    At the formalization hearing, it became clear that the only evidence against them was statements provided by protected witnesses. In addition to being in contradiction to one another, the alleged witnesses failed to establish a link between the accused and the crime. Ignoring these legal gaps, the Peñi (Mapuche men) from the Elikura Valley were transferred to the Lebu prison, in the Arauco province, where they are currently on a hunger strike.

    The weichan (resistance), the construction of the internal enemy, and counterinsurgency
    During the ’90s, the emergence of the Mapuche movement, in general, and its autonomist line, in particular, put into a crisis for the first time the monocultural character that the Chilean Nation-State reproduced throughout its modern history. The prolonged time of the Creole Chileanization imposed by blood, fire, and law, and crystallized with the phrase of Augusto Pinochet «there are no Mapuche anymore because we are all Chileans» was categorically questioned by a people willing to transform their reality. The government’s flawed cultural promises could not contain Mapuche self-determination at the turn of the century.
    The land recuperation actions gained strength, political organizations proliferated and the weichan (resistance), a historical tradition of Mapuche antagonism, became the praxis of the sectors that began to mistrust neoliberal institutions. The Lavkenche area sheltered the first manifestations of collective insubordination of this period: it gave birth to the Arauco Malleco Coordinator (CAM – Spanish acronym) and, with this, a legacy of rebellion that has branched out to the present day. The territorial claim processes in the Elikura Valley, for example, are the product of an entire Lavkenche generation raised and trained in this cycle of insurrection.
    In this context, seeing their interests threatened in times of ascendancy of the «Chilean miracle», the ruling classes rearranged their power structures to face the resurgence of a new «internal enemy». The Mapuche in struggle became to be portrayed as the racialized terrorist. Criminalization appeared to be the most effective way to deal with this «innovative» threat. Thus, what we could characterize as a new cycle of «Low-Intensity Conflict» is inaugurated, that is, a counterinsurgency scenario based on passive and coercive mechanisms of submission, co-option, exploitation, and persecution of the enemies of the neoliberal model.
    A low-intensity conflict that conceals a counterinsurgent and neocolonial onslaught on the Mapuche people in weichan and that takes place on three interconnected levels. In the first place, through an extensive mechanism created by the sectors of power to corner the resistance, making possible accumulation by dispossession and the expanded reproduction of capital. At the continental level, this is reflected in the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America and the Trans-Pacific Treaty, among others. And at the national level, in the Araucanía Plan, in the attempts to modify the Indigenous Law and in the Modernization and Expansion of the Arauco Plant project. These economic-political initiatives have three objectives: the definitive opening of the Wallmapu to transnational corporations, the looting and pillage of natural resources, and the submission of the territorial protest. In short: the real subsumption of nature, the spiritual, and the political capacities of the Mapuche resistance to capital.
    However, although the coercive logic of these plans comes from a transnational matrix mobilized by the interests of contemporary imperialism, their operational capacity resides in the deployment of a multiplicity of national pivots in charge of affirming the Chilean doctrine of «national security» against this new «internal enemy». At this second level are the numerous persecution and criminalization plans that the State has promoted during the last two decades to weaken the Mapuche autonomist movement and accuse it of “terrorism”. The «Operation Paciencia» (2002 – 2004) aimed at dismantling the CAM, the ridiculous «Operation Huracán» articulated by the media to «behead» Weichan Auka Mapu and once again the CAM and «Operation Andes» (2017), part of the previous, intended to link the Mapuche weichan organizations with arms trafficking and with political-military structures in various territories. These are just a few of the known plans of this level of counterinsurgency.

    The construction of the figure of terrorism as a strategy of large landholders
    But the «fight against terrorism» is also the obstinate aim of the landowners, forestry entrepreneurs, and farmers’ associations of the regional extreme right that today inhabit the Wallmapu. The heirs of settler colonialism, benefited by the territorial dispossession, displacement, and racial subordination of the Mapuche, persist in justifying their historical presence, their properties, and their investments under the defense of a presumed nationalist white supremacy associated to a kind of rule of law. For this, in addition to constructing the idea of the “terrorist Mapuche”, they have organized into paramilitary self-defence groups that threaten to intensify the violence generated by themselves and their ancestors.
    Specifically, for the Lavkenmapu, and for the Elikura Valley, this counterinsurgency plan is evidenced in the systematization of data that the Mapuche Aukin newspaper brought to light under the headline «The new repressive plan for the Lavkenche strip.» This document summarizes the measures that the government, in dialogue with the «main» productive sectors of the area, would allocate to the south of the province of Arauco in order to mitigate the rates of «rural violence», a media category used in reference to the lavkenche resistance. The creation of new sub-police stations, the arrival of 100 troops to the area, the permanent presence of police checkpoints, the arrival of 16 all-terrain armored cars, a helicopter, and the donation of state-of-the-art drones would be only part of the repressive plan with which the lov (social Mapuche structure) and communities that defend the Lavkenmapu will be persecuted.
    The most specific way in which this low-intensity conflict is manifested is in the imprisonment of Mapuche political activists. It is not a secret that Latin American prisons have color, as the anthropologist Rita Segato (2007) points out. But it is not just that: the judicialization of indigenous protest also has color. During the last three decades, in Chile militants, leaders and cultural authorities of the Mapuche people have been systematically subjected to lengthy judicial processes that generally end in acquittals or dismissals due to lack of evidence.
    However, these cases, famous for their technical inconsistencies and legal gaps, are not necessarily intended to convict. Rather, they seek to neutralize Mapuche fighters, fatigue the resistance movement, and force it to contest the government’s agenda.
    Therefore, we can observe that the political prison, although it generates cohesion and certain levels of socio-community agglutination even between organically dissimilar sectors, pressures the support movement to focus on immediate objectives, generally neglecting strategic ends. In this context, the liberation of prisoners or the improvement of their prison conditions are, with good reason, indisputable priorities. Those who profit politically from such a situation are the ruling classes by “maintaining” the levels of Mapuche insubordination atomized to a seemingly ephemeral objective, but which requires the deployment of a wide repertoire of alliances, negotiations and protesting practices. In turn, actions in support of political prisoners and, particularly, around hunger strikes are emotionally and materially exhausting processes for a movement that is not characterized by having extensive networks of solidarity beyond the Wallmapu or resources in abundance.
    However, there are moments of rupture in which the Mapuche movement sets the pace of the agenda and forces the government to negotiate, as has happened in recent weeks where the increase of sabotage actions, occupations of public spaces, and other pressure actions have broken the indifferent stand of the government.

    Cruelty as a counterinsurgent biopolitical device
    Prison and hunger strikes constitute disciplinary mechanisms on the individual and their bodies, which are extended as a way of inflicting pain to the families and close circles who accompany this process. In addition to the liquid and dry fasts that leave chronic consequences in the body of those who perform it, there is also the suffering produced by the arrests, the raids, and the long judicial processes that lead to prison.
    In the last three decades, hundreds of women, men, the elderly, boys, and girls have suffered the violence of these counterinsurgent biopolitical mechanisms, which leave indelible marks on their lives. At their young ages, many pichikeche (boys and girls) have spent their childhoods in militarized territories, between police harassment and the gloomy corridors of the Courts of Justice. In this same logic, and without ignoring the community aid that is usually activated, it is important to mention that it is generally women who carry a large part of the effort in these contexts since in addition to working full time in the rudimentary camps erected outside the prisons, they must take care of the daily work in their homes and the multiple tasks in their respective lov and territories.
    Despite all this, the coercive action of the power structure composed of Chilean and transnational elites have not been able to break the collective will of the strikers. The Mapuche political prisoners are not fighting for an individual demand: the hunger strike that risks their lives seeks to regulate a minimum legal framework and to raise awareness about the indigenous political prison in Chile.
    From their cells, Mapuche political prisoners face all the repressive actions and levels of the counterinsurgency. They fight the violence of economic consortia, political structures, judicial powers, and repressive apparatuses with eagerness (shouts of encouragement), ceremonies, and small displays of solidarity. It is an unequal contest, without a doubt, but within all the heartbreaking of this process, the Mapuche political prisoners embody the greatest possible expression of human dignity: they give up their vitality and their newen (strength) to seek the freedom of their people.

    * Text in honor of the dignified resistance of the Mapuche political prisoners on hunger strike in the Lebu prison: Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Tomás Antihuen, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura, Manuel Huichacura, Cesar Millanao, Orlando Saez, Damian Saez, Robison Parra, Oscar Pilquiman. At the same time, I dedicate it with affection to Kelüray and Külapañgi, seeds of rebellion in the Lavkenmapu.
    ** Edgars Martínez Navarrete is a militant of the Mapuche autonomist cause, a member of AUKIN and a candidate for a doctorate in Anthropology from CIESAS-CDMX

Dejar una Respuesta