El desesperanzador anuncio hecho por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de que a causa de la devastación ambiental “se encuentra en riesgo de extinción más de un millón de especies de animales y plantas”, en México se encuentra estrechamente ligado a la omisión de las autoridades para el combate a los delitos ambientales.

La principal contribución a la crisis ambiental en la que ya se encuentra sumido el planeta, son las decisiones de los gobiernos -como el mexicano- que actúan con una omisión oficiosa para sancionar y castigar los delitos ambientales; muestra de esto es, por ejemplo, casos como el de la decisión de la autoridad mexicana para la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, donde se ha decidido pasar por alto los estudios de impacto ambiental para la ejecución de esta obra.

En nuestro país, a lo anterior se suma también el permiso tácito que la autoridad ha venido otorgando a los depredadores del medio ambiente, que se han apropiado de este bajo el argumento de un desarrollo económico regional que nunca termina por llegar, pero que arrasa con el entorno natural al despojar de suelo y agua a las especies de animales y plantas, y a veces a núcleos poblacionales humanos.

Cifras que no Empatan con la Realidad

Para evidenciar la omisión que hace la autoridad federal en materia de persecución de delitos ambientales, basta solo ver la respuesta pública otorgada por parte de la Fiscalía General de la Republica (FGR), donde informó a Zenzontle400 el número de carpetas de investigación y denuncias continuadas por delitos ambientales en todo el país, solo en el periodo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Pese a que activistas como Telésforo Santiago Enríquez, quien fue asesinado apenas el pasado 2 de mayo en San Agustín Loxicha, Oaxaca, han denunciado que solo en el gobierno de Enrique Peña Nieto se cometieron al menos 3 mil 560 delitos ambientales, la mayoría de ellos por razones económicas de grandes corporativos de la industria minera, cervecera, refresquera, petrolera y de las manufacturas, la FGR solo inició investigaciones en 586 casos.

Es decir el 83.6 por ciento de todos los delitos ambientales cometidos en México, solo en los últimos seis años, quedaron en completa impunidad, sin contar siquiera con una investigación ni mucho menos con una sanción por parte de la FGR para los responsables de dañar el medio ambiente, el que en su mayoría se manifestó en daños irreversibles, mediante la tala, en las principales zonas boscosas del país.

Según la FGR, del 2012 a 2018, en todo el territorio nacional se documentaron y persiguieron 586 delitos ambientales, de los que 270 de ellos ocurrieron en la Ciudad de México, 28 en Quintana Roo, 25 en Veracruz, 19 en Tlaxcala, 19 en Baja California, 19 en el Estado de México, 17 en Jalisco, 17 en Michoacán, 17 en Campeche, 16 en Puebla, 15 en Sonora, 14 en Guanajuato, 13 en Morelos, 11 en Chiapas y otros 11 Oaxaca.

En Guerrero solo se persiguieron delitos ambientales, 10 en Hidalgo, ocho en Nuevo León, seis en Colima, seis en Yucatán, cinco en Baja California Sur, cinco en Durango, cinco en Querétaro, cinco en Tamaulipas, cuatro en Chihuahua, dos en San Luis Potosí, dos en Sinaloa, uno en Tabasco, uno en Coahuila, uno en Nayarit, y otro en Zacatecas. Además de otros tres que no se especificaron en qué entidad ocurrieron.

Las Mineras, un Ejemplo de Devastación

Los datos que aporta la FGR sobre la persecución de delitos ambientales, sin duda alguna no coinciden con la realidad, pues en entidades, como Zacatecas, donde a industria minera y cervecera ha desbastado el medio ambiente, solo se tiene conocimiento de uh solo delito ambiental a lo largo de seis años.

En esta entidad baste solo referir la devastación ambiental que hace la minera Frisco, propiedad del empresario Carlos Slim, en las minas de Mazapil y Salaverna, en donde el suelo no solo ha sido arrebatado a la población, sino que ha sido devastado en su totalidad, con clara afectación al ecosistema natural, que en esta parte del semidesierto zacatecano contiene uno de los reservorios ambientales más importantes del país.

En el estado de Nayarit, también el gobierno federal solo reconoce un delito ambiental en seis años, pasando por alto la devastación que en los municipios de Santa María del Oro, La Yesca, Huajicori y Tecuala, hacen las empresas Minera Real México, Minera Silver Creek, Golden Anvil, Vane Minerals de México, Aldrett Hnos. S.A., UC Resources Ltd. y Rochester Resources Ltd., las que han sido señaladas -solo en el 2018- por parte de defensores del medio ambiente de haber ocasionado por lo menos 17 desastres ambientales.

En el estado de Coahuila, para la federación solo ha ocurrido un delito ambiental en los últimos seis años, pero las estadísticas de algunos defensores del medio ambiente refieren que allí, por lo menos, han ocurrido cerca de 120 afectaciones irreversibles al entorno, las que han sido ocasionadas en los municipios de Muzquiz, Arteaga, Ramos Arizpe, Torreón y Sabinas, por parte de las mineras Barita de Santa Rosa, Corporación Industrial de Caliza, Black Fossil, El Potrero Barita de Santa Rosa, San Luis Domosa, San Lucas Corporación Industrial de Caliza, Caleras de La Laguna, Hércules Carbonífera y Minerales y Alpha Prime Mining.

Los Bosques, el Blanco Principal

La falta de persecución de delitos ambientales por parte de la federación, sin duda es lo que hace que al día de hoy México se encuentre al borde de una crisis ambiental; de todos los estados del país que cuentan con zonas forestales de importancia, solamente cinco de ellos no registran áreas devastadas por la tala inmoderada y la explotación irracional. En los otros 26 estados existen al menos 108 zonas forestales consideradas como en estado crítico.

A la deforestación se suma la sustracción ilegal de la fauna silvestre, de lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha dado cuenta que en los últimos diez años se ha logrado 2 mil 461 decomisos de especies animales que pretendían ser removidas de sus hábitat natural a causa de la comercialización furtiva.

Otro problema que resalta la crisis ambiental que se vive en el país, a partir del desmesurado consumo que se hace de los bosques, es el del cambio de uso de suelo de los bosques, el que sólo durante el 2018 y en lo que va del 2019 se han registrado en 2 Mil 241 casos en 27 estados del país.

En sendas respuestas públicas emitidas por la PROFEPA, se revela que el problema de la deforestación, sustracción de fauna silvestre y cambio del uso de suelo forestal para otras actividades, son las principales amenazas que enfrentan actualmente los bosques mexicanos, los que se extienden sobre el 60 por ciento del suelo nacional.

El problema de la deforestación que vive el país se considera como tal no solo por la importancia económica que los bosques representan, sino porque esto son “el sustento de decenas de miles de familias campesinas; albergan una altísima diversidad biológica y prestan servicios ambientales fundamentales”, según se reconoce en la Agenda Ambiental 2018, elaborada por científicos y académicos de la UNAM para ser presentada a los candidatos presidenciales.

De acuerdo a la PROFEPA, los únicos cinco estados que cuentan con bosques y que no presentan a la fecha una devastación considerada como grave, son: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit y Tabasco, pero esto podría cambiar en breve, dadas las peticiones de exploración para proyectos económicos que ya han presentado ante la Secretaría de Economía (SE), por lo menos 83 empresas mineras que pretende proyectos extractivos en esas zonas.

La PROFEPA reconoce que en todo el territorio nacional sí se han registrado otras de las tres causas considerada como factor de afectación directa a los bosques, como es la sustracción ilegal de especies animales, acción de la que no se escapa ninguna de las entidades del país.

Por lo que hace al cambio de uso de suelo para otras actividades distintas a la forestal, este fenómeno, de acuerdo a lo reconocido por la PROFEPA en el oficio de respuesta del 23 de mayo del 2018, se ha presentado en todo el territorio nacional, a excepción de los estados de Baja California, Colima, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas.

La principal razón que reconoce la PROFEPA como la causa de deterioro de los bosques mexicanos, es la tala inmoderada, aun cuando no explica a razón de qué se hace dicha tala, pues organizaciones como la del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) que encabeza Omar Esparza Zárate, atribuye dicha deforestación a una causa intencionada, “producto de la llegada de proyectos de desarrollo con inversión mayoritariamente trasnacional”.

Bosques Irrecuperables

De acuerdo a la respuesta publica de PROFEPA, la emitida por María del Carmen Yañez Oropeza, con el oficio OP/UT/0085618 que obra en poder de Zenzontle400, la mayoría de los bosques que se encuentran en la condición de “Zonas Criticas Forestales Vigentes” corresponde a especies arbóreas endémicas.

Así, en Baja California se encuentran altamente consumidos los bosques de Pino, Encino, Yuca, Agave y Jojoba, luego de la afectación que la tala clandestina ha ocasionado en los bosques de ña Sierra de Juárez, de San Pedro Mártir y Valle de los Cirios.

En Baja California se encuentran con alto grado de afectación los bosques de Valle de Santo Domingo, Comondú, La Paz Norte, Sierra La Laguna y la Sierra de Los Cobos, que en su mayoría contienen bosques de coníferas, Palo Fierro, Palo de Arco, Palo Zorrillo, Mauto, Naranjillo, Palo Escopeta, Palo Eva y Ocote.

En Campeche los bosques más afectados con los que contienen, entre otras, especies como las de Cedro, Huanacaxtle, Tzalam, Chico Zapote, Chaka, Ceiba, Jobo, Chechen, Ciricote, Jobillo y Popistle contenidas mayormente en los bosques de Escárcega, Región Chenes, Centro y Zona Costera.

En Chiapas la tala clandestina se concentra en la obtención de maderas de los arboles de Pino, Encino, Ceiba, Nogal, Granadillo y Caoba, lo que hace una situación grave en los bosques de las zonas Alto-Fronteriza, Sierra del Soconusco, bosques Chimalapa-La Sepultura, La Fraylesca y de la Zona Norte del estado.

En Chihuahua, las zonas boscosas más devastadas con las de La Belleza, San Juanito, Guadalupe y Calvo y la Región de Guerrero, en donde es considerable la explotación de Pino, Encino, Oyamel, Madroño, Agave y Candelilla, mismas especies de árboles que también son sustraídas en los bosques de Coahuila de la región La Laguna, Sierra de Arteaga, Rio Sabinas y Rio San Rodrigo, de donde también se extraen Acacia, Lechuguilla y Sotol.

En el estado de Durango, las zonas forestales críticas se ubican en los bosques de Mezquital, Durango y Sierra Noroeste, en donde se ha notado una alta disminución de especies arbóreas como Pino, Encino, Acacia, Agave, Lechuguilla, Sotol y Candelilla.

Por lo que hace al estado de Guerrero, las regiones más afectadas por la tala inmoderada y furtiva son las de Ejido de Vallecitos de Zaragoza, Costa Chica, Zona Norte, La Montaña y Centro, en donde las maderas más codiciadas son las de Pino, Oyamel, Cedro Blanco, Aile, Frenos Madroño, Parota, Caobilla, Cedro Rojo, Hoja de Palma, Pochote, Huizache, Guaje y Agave.

En Hidalgo, los bosques con mayor daño por tala inmoderada, según reporta la PROFEPA, son los de Acaxochitlán, Singuilucan y Agua Blanca, en donde va a la baja la población de árboles como Pino, Yuca, Agave y Encino, igual que sucede en Jalisco con las poblaciones de Pino, Encino, Oyamel, Mezquite, Habillo, Parota, Guayabillo, Caoba, Encino Rojo y Rosa, Orégano y Tuna. Contenidos en los bosques de Amula, Sierra Occidental, Sierra Sureste, Sierra Sur, Costa Norte, Costa Sur y Sierra Sureste II.

En el Estado de México, los bosques en condición crítica son los de Sierra Las Cruces, Sierra de Nevado, Sierra Ixta-Popo, Sierra de Zempoala, Sierra de las Goletas y de la Mariposa Monarca, igual que ocurre en Michoacán también la Sierra de la Mariposa Monarca, de la Meseta Purépecha y de la Sierra Sur Occidente, donde se extrae Pino, Oyamel, Acacia, Madroño y Encino.

En Morelos, las áreas boscosas más afectadas por la mano del hombre son las aledañas a la Laguna de Zempoala, Chichinautzin, Tetela del Volcán y Tlaneplantla, donde no se ha podido contener la explotación ilegal de Pino, Oyamel, Cedro Blanco, Aile, Madroño, Cubato, Guaje, Palo Mulato, Huizache y Táscate.

En Nuevo León el único sitio forestal crítico es el de la Sierra Peña Nevada, en donde se da la explotación ilegal de Pino, Encino, Ébano, Sotol, Yuca, Candelilla y Mezquite, igual que sucede con el Oyamel, Encino, Madroño, Aile, Caoba, Cedro Rojo, Granadillo, Parota, Jobo, Ceiba, Guayacán, Chicozapote, Barbasco y Palma en la Mixteca, Sierra Sur y la zona de Chimalapas del estado de Oaxaca.

En Puebla, las zonas arboladas más afectadas por la tala ilegal se ubican en la Sierra de San Miguel Contla, Zona de La Malinche, Región Zacatlán-Chignahuapan, en el Pico de Orizaba y en la Sierra Negra, donde la madera más codiciada es la de Pino, Cedro, Oyamel, Fresno, Encino, Mezquite, Agave, Yuca y Huizache.

En Querétaro, las regiones boscosas que están en el nivel de crítico son las de El Lobo, El Madroño, Tres Lagunas, Pinalito de la Cruz, Laguna de San Diego, Valle Verde, San Juan de los Durán, La Cercada, La Barranca, La Cañada, El Tejamanil, el Derramadero de Juárez, La Sierrita, La Gallina, El Rincón, La Laguna de Servín, Donicá, San Pablo, Taxquedo, La Florida, Conca, Santa María de los Cocos, Camargo, El Pilón, Río Blanco, Las Enramadas y Extoras, donde se explota Pino, Encino, Táscate, Garambullo, Tepehuaje, Mesquite, Yuca y Chaca.

En el estado de Quintana Roo, los bosques más dañados son los de ubicados en la serranía de la Frontera Sur y Frontera Norte, donde sigue la comercialización ilegal de Cedro, Huanacaxtle, Caoba, Ramón, Chechen, Granadillo y Mangle, de la misma que sucede en San Luis Potosí con la explotación irracional de Cedro, Pino, Oyamel, Franchipán, Yuca y Agave, esto en la Sierra de Álvarez, El Potosí, Sierra El Abra de Tanchipa, la porción Boscosa de Xilitla y Aquismon.

Por lo que hace a Sinaloa, los bosques más afectados son los de La Meseta de Cacaxtla; en Sonora, las Sierras de Pitiquito, Alamos, Benjamín Hill y Yécora, son las más dañadas, igual que las del Parque Nacional de la Malinche, en Tlaxcala, La Sierra de Tamaulipas en Tamaulipas, las de Chincontepec, Papantla, Los Tuxtlas, Zongolica, Otontepec, Misantla, Las Choapas, Cofre de Perote y de Orizaba, en Veracruz, y la Sierra Oriental de Yucatán.

Ante este panorama, no es alarmista señalar que México es uno de los principales países del mundo que en breve podrían estar registrando la perdida de miles de especies de animales y plantas de la que ha alertado la ONU, pues aun cuando existe un marco jurídico para la protección de esa riqueza biótica, este es letra muerta no solo para los grandes corporativos con intereses económicos, sino para el propio gobierno federal que ve en los delitos ambientales una causa sin importancia.

Publicado originalmente en Zenzontle 400