La explotación petrolera en el Mar Argentino, los pueblos fumigados con agrotóxicos y el rechazo a la megaminería fueron temas de tres días de asambleas y análisis. También los caminos necesarios: la agroecología, la verdadera transición energética y los saberes indígenas. Y la necesidad de construir otra democracia, más participativa, donde se priorice la vida.

Desde Mar del Plata

El agua como derecho humano, la privatización del bien común, los hidrocarburos, la megaminería, el litio, los agrotóxicos, los problemas con el agua potable domiciliaria, los humedales y la criminalización; fueron algunos de los ejes de la Cuarta Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, realizada en la Reserva Natural de Laguna de los Padres (Mar del Plata). Una certeza que atravesó todo el encuentro: la necesidad de otra democracia, participativa. San Salvador de Jujuy fue designada como ciudad anfitriona para el 2024.

En las conclusiones de los debates, los participantes exigieron al Estado “el cese de las políticas extractivas, el saqueo y la contaminación”, como así también la creación de “tribunales ambientales” con la posibilidad de presentar amparos colectivos que se ejerzan sin formalismos, como sucede con los Habeas Corpus.

La criminalización de la protesta social y el reconocimiento de los procesos judiciales en curso por parte del Estado fueron algunos de los tópicos discutidos en Mar del Plata. En un documento consensuado por todas las organizaciones, se advierte sobre la necesidad del acceso público a los cuerpos de agua recreativos. Además, indicaron que “el espacio público es un factor determinante para la salud comunitaria en tanto espacio geográfico que garantiza la vinculación sobre bases igualitarias”.

En medio de la definición para el elegir al próximo presidente de la Argentina, la Cumbre se posicionó a favor de una “democracia más participativa y de las experiencias asamblearias horizontales que garantizan el principio de soberanía popular” frente a la democracia representativa que favorece un modelo mercantilista y extractivo. Las asambleas socioambientales proponen que el agua, considerada “un ser vivo sujeto de derecho y derecho humano ecosistémico”, sea administrada y defendida por la sociedad civil en los territorios de cada uno de los países.

Monserrat Gayone, de la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca, sostuvo que se está asistiendo en los últimos años a una brutal profundización del modelo extractivista: “Desde la primera cumbre en Catamarca, donde parecía que la Cordillera iba a ser la zona de sacrificio, al presente hemos visto el avance del fracking y ahora nos toca enfrentar la explotación petrolera off shore en el Mar Argentino”.

Para Gayone es cada vez más notorio como el modelo ataca en diferentes territorios del país “al calor de los compromisos con el FMI y el pago de la deuda, lo que genera una mayor participación de las comunidades, y que se vaya ampliando la Cumbre; desde las maloneras de la paz de Jujuy, pasando por las asambleas de Chubut y, por supuesto, con mucha presencia marplatense”.

Allen, territorio de sacrificio de la mano del fracking

Lidia Campos, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA) de Allen, Río Negro, aseguró que es muy importante visibilizar las acciones que se llevan a cabo en los territorios: “Mar del Plata tiene muchas asambleas que luchan por el agua y por el ambiente que no se conocen a nivel nacional; sí conocemos la lucha del Paren de Fumigarnos y de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que además es un reclamo que se ha extendido a otras ciudades de la costa atlántica”.

Campos recordó que cuando participaron en la primera cumbre buscaban que “el país se enterara de que YPF estaba planeando hacer 93 pozos para instalar torres de petróleo en nuestra región, en tierras productivas, en un lugar de producción de alimentos. Nosotros éramos los mayores exportadores de peras al mercado común europeo y nos dimos cuenta que esta actividad iba a ser perjudicial porque querían instalarse al lado del río, dado que el agua es el principal insumo para el fracking”.

Desde 2012 el agua de Allen no se puede beber. En las oficinas públicas de la ciudad se consume agua en bidones pero en las escuelas, a pesar del riesgo de contraer enfermedades, los estudiantes de primaria y secundaria toman agua de la canilla. En la provincia se declaró la emergencia hídrica, sin embargo a las petroleras nunca les faltó el recurso.

Privatización del agua y Mekorot

La gobernadora rionegrina Arabela Carreras firmó un convenio con la empresa israelí Mekorot (la misma que se apropia del agua de los palestinos y sella sus manantiales con hormigón) para potabilizar el agua. Sin consulta previa ni informar a la población, Carreras —junto a los gobernadores de Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz, Santa Fe y Formosa—, adhirió al acuerdo en el que Mekorot se encargará de optimizar el uso del agua. La compañía estatal israelí fue denunciada por Naciones Unidas y Amnistía Internacional por ser parte fundamental del apartheid contra el pueblo palestino y por violar el derecho al acceso al agua en los territorios ocupados.

Durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michael Lynk, relator especial para los Territorios Palestinos Ocupados advirtió que una de las estrategias del Estado de Israel para avanzar sobre Palestina es la de restringir el agua a sus habitantes. No se permite a los palestinos perforar nuevos pozos, la instalación de bombas sumergibles ni el acceso al río Jordán. Las familias palestinas más pobres suelen gastar la mitad de sus ingresos en la compra de agua a Israel, que, paradójicamente, realiza la extracción en el territorio ocupado.

Lidia Campos cuenta que en Allen por la actividad hidrocarburífera se perdieron 8000 puestos de trabajo y que ahora los chacareros se están desprendiendo de sus bienes. “Nos vendieron que íbamos a ser la Dubai argentina pero la ciudad está destinada a desaparecer. Nosotros teníamos 35 galpones de empaque de frutas, donde los productores guardaban la mercadería e iban vendiendo durante todo el año, principalmente a la Unión Europea. En este momento a la fruta de Allen no la quiere nadie”, afirma.

La obsesión de la dirigencia política y sindical por transformar los territorios en lugares desbordados de riqueza se repite en distintas épocas y en diversos lugares del país.

Cuando se conoció el proyecto de exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata, Pablo Trueba, el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) también había exclamado que la ciudad “podía llegar a ser Dubai”. Como si se tratara de una herencia cultural de la conquista española que promovió la leyenda de La Ciudad de los Césares, este nuevo espejismo por encontrar tesoros fácilmente pone en riesgo la vida y los ecosistemas mientras ofrece para sacrificio a la tierra y a las comunidades que la habitan.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva