Al final de esta semana (21), terminan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Unos pocos días más, y el Senado brasileño debe llevar a cabo, en Brasilia, la votación para consolidar la salida definitiva de la presidenta Dilma Rousseff. Hasta ahora, nada indica que cualquier posibilidad de cambio en el juicio político.

Numerosos indicios apuntan a cuáles deben ser los próximos pasos de un proceso político que busca claramente permitir la ejecución de un programa de doble cara: ultraliberal y austero con respecto a los trabajadores y los sectores estatales relacionados con las políticas sociales, al mismo tiempo em que extremadamente generoso con las oligarquías vinculadas al mercado financiero y los sectores del Estado que siguen controlados por las elites – en particular los poderes legislativo y judicial.

La educación y la salud pública ya están en la línea de fuego. Grandes recortes en el presupuesto de las universidades y el sistema de financiación de investigaciones científicas se han anunciado. El gobierno convoca a un grupo de trabajo formado por las empresas del sector para crear la propuesta de un «plan de salud popular» para ser contratado masivamente por la clase trabajadora. En la práctica, eso indica el deseo de demoler lo que se considera uno de los grandes logros de la sociedad brasileña en las últimas décadas, el Sistema Único de Salud, que es gratuito, universal, pleno y equitativo, de acuerdo con la Constitución de 1988.

En el Legislativo, avanzan con celeridad propuestas que alteran profundamente la forma de crear y aplicar el presupuesto nacional – la eliminación del requisito legal que fija cuotas de la cantidad invertida al año vinculadas a las áreas sociales, por ejemplo. Con el pretexto de hacer frente a una supuesta «crisis» se han previsto medidas como la congelación de los salarios de los funcionarios públicos y la suspensión total de las contrataciones.

Otro objetivo son los derechos laborales, que en Brasil todavía están anclados en la Consolidación de la Legislación Laboral (CLT, en portugués), de 1943, una herencia del gobierno de Getulio Vargas. Empresarios de San Pablo – el estado más rico del país – que apoyaron con entusiasmo el golpe parlamentario están animadísimos con la posibilidad de eliminar la exigencia de derechos como las vacaciones, 13^o salario o intervalo fijo para las comidas, a menudo citadas por ellos como obstáculos al aumento de la productividad y la «modernización» del país.

Todos estos múltiples golpes sobre los derechos de los brasileños están siendo cuidadosamente armados, esperando el momento en que el gobierno interino pasará a ser definitivo. Cómo sostener una agenda tan amarga?

En primer lugar, los golpistas tienen un amplio apoyo de los medios corporativos – y, sobre todo, de la TV Globo. Una parte importante de la clase media, e incluso los trabajadores más pobres, está completamente mesmerizada por la narrativa construida en los últimos años en torno a las investigaciones de corrupción que involucran al gobierno del PT. Tiene mucha fuerza la idea de que la empresa más grande del país, Petrobras, está rota debido al robo de los políticos de la izquierda, y, a los ojos de esa parte de la población, esto justifica que se privatize la empresa y se entreguen los enormes yacimientos de petróleo que controla a la operación de las multinacionales. Esta versión parece absurda, pero ha convencido a muchas personas – tanto es así que este proceso de desmantelamiento de la compañía ya ha comenzado, sin grandes protestas.

Además, diversas declaraciones ofrecidas durante los procesos de impeachment han demostrado que los golpistas tienen conocimiento de que las escuelas y universidades pueden convertirse en un foco de resistencia frente a los nuevos excesos del gobierno. En este sentido, se está procesando con gran énfasis, en varios casos (tanto locales como nacionales, siempre con la solicitud de un diputado conservador), un proyecto llamado «Escuela sin partido», para permitir y alentar la criminalización de los maestros que supuestamente «politizen» el debate en sus clases.

Pero, al igual que en todos los golpes, el elemento más importante del juego debrá ser la fuerza bruta. Desde 2013, cuando las protestas masivas estallaron en el país, la violencia en la represión de las manifestaciones en las calles estaba a cargo principalmente de las policías militares, que sin duda continuarán en rol protagonista. En conjunto con esta función de la policía, los militares, ya es noticia (escasamente, por cierto), parecen asumir funciones de inteligencia, mientras que el poder judicial ya empieza la implementación de nuevas medidas adaptadas para permitir la persecución de los movimientos sociales, como una Ley Antiterror y la Ley de las Organizaciones Criminales – irónicamente, las dos han sido firmadas durante el gobierno de Dilma Rousseff.

En las próximas semanas, pues, así que digamos adiós a los gringos que vinieron a ver los Juegos Olímpicos, llegará pronto la paliza. Lo que se ha visto ahora en las calles de Sao Paulo y Rio mientras la televisión transmite los juegos es solo el trailer de lo que va a pasar (y por cierto hay muchos spoilers) – puras botanas, porque todo indica que la represión podrá empeorar mucho.

La población sin duda irá a las calles. ¿Cuánto tiempo tomará para que las personas se den cuenta de la gravedad de lo que se propone? Como movimientos sociales serán tratados en este nuevo contexto? Comienza una verdadera prueba para esta que a veces ya se ha considerado «una de las democracias más vibrantes de la Tierra” (o sería una de las mas grandes farsas del mundo?). El planeta debe girar sus ojos a Brasil en los próximos meses para conferir.