Cuando el Estado mexicano decidió crear en 2007 una Ley que contemplara la posibilidad de declarar una alerta de género se pensó en contar con una herramienta para recuperar el tejido social y evitar una mayor descomposición de éste por la violencia contra las mujeres, pero siete años después, organizaciones civiles denuncian que el gobierno federal y los estatales se han negado a emitir cualquier alerta porque la ven como un asunto político que dañará su gestión y no como una obligación para garantizar el acceso a una vida libre de violencia.
“Esta actitud negligente los hace responsables de contribuir a la violencia sistemática que viven las mujeres día a día. No entendemos la negación, el afán de continuar solapando violaciones graves a derechos humanos y sumarse a este tipo de violencia”, dijo en entrevista con Animal Político, María de la Luz Estrada, presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

El OCNF ha documentado 2 mil 299 casos de feminicidio en el país ocurridos entre 2012 y 2013, aunque sólo tiene registros de que 572, es decir, únicamente 24% está siendo investigados en once entidades federativas.

Además, los registros oficiales muestran que sólo 1.7% de esos casos reconocidos como feminicidio alcanzan sentencia, por lo que también denuncian un problema de impunidad.

En ese contexto, el OCNF declaró el pasado 22 de mayo una Alerta de Género Ciudadana que se suma a la que mujeres de Chiapas lanzaron en marzo pasado ante la negativa de autoridades de decretarla tras la violencia contra mujeres documentada por organizaciones civiles.

Esta nueva Alerta Ciudadana surgió en el Estado de México, en donde desde enero de 2011 se sigue un proceso judicial para que autoridades reconozcan el problema pues organizaciones civiles presentaron un amparo contra la decisión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) de desechar la solicitud de alerta de género.

Finalmente, en abril pasado un juez determinó que el Sistema estaba obligado a investigar la violencia contra las mujeres en la entidad antes de rechazar la alerta argumentando que la información de las organizaciones civiles no mostraba que la violencia fuera un problema sistémico.

Y aunque esa investigación ya inició, el OCNF denuncia que es discrecional, no cuenta con la participación de la sociedad civil ni está tomando en cuenta los testimonios de los familiares de las víctimas. Incluso enviaron una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que puede ser consultada al final de esta nota.

“Se está realizando un informe de escritorio, son organismos gubernamentales los que investigan y se basan en un informe del gobierno estatal, lo que nos llevará al mismo resultado de no tener una alerta, por eso iniciamos una alerta ciudadana”, dijo Estrada.

El objetivo de esa Alerta es “hacer el trabajo que no hace el Estado”, por lo que se identificarán las zonas en las que las mujeres están siendo desaparecidas y se hallan los cuerpos para colocar una cruz rosa “y visibilizar las zonas de riesgo”; también se realizará un conteo diario de víctimas y un diagnóstico sobre la violencia de género en la entidad.

Para María de la Luz Estrada del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio el problema de la violencia contra las mujeres persiste pese a la existencia de una ley con la que se debería garantizar su protección.

“Se ha agudizado el problema, nos preocupa cómo aumenta la violencia y se agudiza más la vulnerabilidad de las mujeres, vivimos en un lugar en el que las mujeres viven en riesgo y el gobierno no ha demostrado que estén trabajando con una perspectiva de género en donde no se sigan violentando los derechos de más mujeres”.

“No más alertas de género rechazadas”

Organizaciones de otros estados como Guanajuato, Morelos y Oaxaca también se suman a la Alerta Ciudadana y exigen que se reconozca que existe un problema de violencia de género tanto en el Estado de México como en otras entidades del país.

En conferencia de prensa, este martes alertaron que entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40% y cuestionaron, “¿para el gobierno federal y gobiernos estatales cuántos asesinatos de mujeres son suficientes para aplicar la alerta?”.

“A más de seis años que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entró en vigor, su implementación y la activación de los mecanismos de protección que contempla no han garantizado la protección de la vida y la integridad de las mujeres en México”, dijeron.

Desde que esa Ley se publicó en febrero de 2007, la sociedad civil ha presentado siete solicitudes de alerta de género. Hasta ahora, todas han sido rechazadas y solamente una —la última de Guanajuato presentada en mayo de 2013— está bajo investigación; además, organizaciones de estados como Morelos se alistan para solicitar una en su entidad.

El encargado de declarar o rechazar las alertas es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), integrado por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social; además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres de las 32 entidades federativas
Estas son las solicitudes de alerta hasta ahora presentadas, su principal motivación y las últimas cifras de feminicidios documentados por sociedad civil.

-Oaxaca, abril de 2008, por la violencia feminicida en la zona Triqui. Se argumentó que las mujeres son tomadas como botín de guerra.

Actualmente se busca presentar una nueva solicitud de alerta bajo el argumento de que durante la gestión de Gabino Cué (2010-2016) se han cometido 292 feminicidios y éstos aumentaron 216% en enero a mayo de 2014, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

-Guanajuato, mayo de 2009, por la modalidad de Agravio Comparado. Se denunció la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia sexual por leyes que transgredían sus derechos humanos, pues el estado no proporciona servicios de interrupción legal del embarazo y procuración de justicia a las víctimas.

-Estado de México, diciembre de 2010, por el contexto de violencia feminicida e impunidad. De enero de 2005 a agosto de 2010 se documentaron 922 feminicidios y en 526 casos se desconocía la identidad de los asesinos.

El gobierno estatal se negó a entregar datos actualizados argumentando que aunque cuentan con 1,900 asesinatos tanto de hombres como de mujeres, la información no se procesa por sexo y entregar esos datos pone “en riesgo la seguridad del estado”.

-Nuevo León, enero de 2012, motivada por al aumento de crímenes contra mujeres pues una investigación hemerográfica de Arthemisas por la Equidad mostró que los feminicidios se incrementaron 689% de 2000 a 2011. En marzo pasado, esa organización denunció que en los primeros quince meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en la entidad se cometieron 118 feminicidios.

-Hidalgo, marzo de 2013, por el contexto de violencia e incremento en los casos de feminicidio tras 93 asesinatos de mujeres registrados de 2009 a 2011, según datos de la Procuraduría Estatal.

-Guanajuato, mayo de 2013, por violaciones a los derechos humanos de las mujeres en un contexto de impunidad, pues de 24 asesinatos de mujeres de enero a abril de 2013 sólo 3 se investigaron como feminicidios pese a que en 70% de los casos las mujeres fallecieron tras el uso excesivo de la fuerza.

Datos actualizados muestran que el año pasado culminó con 73 feminicidios documentados y en lo que va del 2014 ya suman otros 22.

-Chiapas, noviembre de 2013, se denunciaron omisiones de parte del sistema de Justicia del estado para proteger y salvaguardar la vida de las mujeres.

Organizaciones civiles dijeron que el año terminó con 84 registros de mujeres asesinadas con violencia.

-Morelos, no hay una solicitud de alerta de género formal, pero se está planteando porque la sociedad civil tiene registros de que en 32 de los 33 municipios de la entidad hay al menos un feminicidio cometido en los últimos cinco años.

De 2000 a la fecha se han registrado 600 casos y sólo en los últimos diez meses fueron 70.