Foto: Prensa Comunitaria
«Para los jueces es preocupante que se puedan formalizar acusaciones penales en base a hechos que no son ciertos. Nos encontramos en el año 2016, es una nueva era, no estamos en la Inquisición.» Yassmin Barrios durante la lectura de la sentencia el 22 de julio de 2016.
El pasado viernes 22 de julio a las 21:54 de Guatemala, una sentencia de una gran relevancia fue emitida por la jueza Yassmin Barrios Aguilar, la misma que condenó al ex-dictador Efraín Ríos Montt por genocidio en mayo de 2013. En un poco más de tres años, la impartidora de justicia acumula así dos fallos históricos, el primero en cuanto a crímenes del pasado y el segundo en cuanto a la defensa del territorio. Si bien admite que conoce «muy poco sobre el derecho indígena», la jueza, haciendo prueba de una clarividencia poco común, decidió poner en estas dos ocasiones su sentencia del lado de los pueblos indígenas y contra un Estado que históricamente les ha denegado sus derechos y que los sigue oprimiendo en la actualidad. Este es un ejercicio de autocrítica escaso por parte de un operador del estado que se encuentra en los escalones más altos del Sistema de Justicia.
A causa de esa segunda sentencia, durante la madrugada de ese sábado, salieron libres las 5 autoridades comunitarias de Santa Cruz Barillas: Ermitaño López Reyes, Arturo Pablo Juan, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Mynor López. Y por la noche de ese mismo sábado, recobraron la libertad las 2 autoridades ancestrales de Santa Eulalia: Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar. Todos pasaron más de un año en la cárcel por haber defendido el derecho al agua y a la vida de sus pueblos contra la entrada de empresas nacionales y trasnacionales. Mismas que codician los recursos naturales que se encuentran en la cadena montañosa de los Cuchumatanes, en el norte del departamento de Huehuetenango, una región donde la mayoría de la población es maya.
En los últimos años se multiplicaron las agresiones por parte de las empresas Hidralía Ecoener en Santa Cruz Barillas, la empresa PDH S.A. en San Mateo Ixtatán y la empresa 5M en Santa Eulalia. Sin mencionar las varias docenas de concesiones hidroeléctricas y mineras que existen en el territorio, eso a pesar de las consultas comunitarias que se realizaron en todos los municipios de esa región y que rechazan ese tipo de proyectos.Las empresas mencionadas desataron una ola de conflictividad social sin precedente desde el conflicto armado, reabriendo así muchas de las heridas que se intentaron cerrar desde los años noventa cuando terminó la dictadura.
Desde el 2012 a la fecha, 3 personas fueron asesinadas dentro del territorio: el comunero de Santa Cruz Barillas, Andrés Pedro Miguel en el 2012, el destacado líder comunitario de Santa Eulalia, Daniel Pedro Mateo en el 2013 y el joven Pascual Basilio en el 2015.[1] Todos, en su momento, se opusieron a la implementación de proyectos hidroeléctricos por parte de esas 3 empresas y en ninguno de sus casos jurídicos se pudo lograr justicia de manera satisfactoria o ningún tipo de resarcimiento a las familias. A esos asesinatos se suma el estado de sitio impuesto por el Presidente Otto Pérez Molina en 2012 en Santa Cruz Barillas, los casos de amenazas, agresiones físicas y casos de criminalización en contra de los que se oponen a dichos proyectos. Por esa vía se intenta desestabilizar los movimientos sociales e indígenas del norte de Huehuetenango. A pesar de ello, los comunitarios siguen organizados y movilizados en su lucha para defender su territorio.
Para esas empresas, es como si no hubieran existido los Acuerdos de Paz. En los últimos años, por ejemplo, motivaron el regreso de los destacamentos militares de Santa Cruz Barillas y de Ixquisis (municipio de Santa Mateo Ixtatán), lugares donde se realizaron masacres durante los tiempos del conflicto armado y que se habían desmantelado una vez que terminó la dictadura. El Antropólogo Santiago Bastos Amigo, incluso llama a ese nuevo fenómeno «genocidio de baja intensidad» para recordar los lazos macabros que tienen esas empresas en la actualidad con las estructuras de un conflicto armado que acaban reviviendo.
Recuento del juicio: un proceso de empoderamiento, así como de reconocimiento para los pueblos indígenas
El 5 de julio de 2016, en la Ciudad de Guatemala, inició el juicio contra 7 autoridades comunitarias y esa es la primera vez que un caso de defensa del territorio llega hasta un Tribunal de Mayor Riesgo, hecho para juzgar casos de altos impactos para el país.[2] Todos los presos políticos fueron encarcelados por supuesto «plagio y secuestro», cargo que no permite libertad condicional y que por esa razón suele ser utilizado en casos de criminalización. Efectivamente entre la imputación de los delitos y la sentencia pasó más de un año. Con esa estrategia se busca claramente desestabilizar a los movimientos inculpando a sus autoridades. Los acusados fueron procesados por hechos ocurridos en abril de 2013, en enero de 2014 y en enero de 2015, aunque los abogados defensores lograron juntar los tres casos por ser parte del mismo conflicto. Cabe resaltar que los únicos denunciantes son o empleados del sistema de justicia (fiscales, jueces, administrativos, policías) o empleados de la empresa hidroeléctrica española Hidralía Ecoener.
El juicio, que se llevó a cabo entre el 6 y el 22 de julio, fue ante todo un proceso que permitió el empoderamiento de las comunidades indígenas del norte de Huehuetenango y del resto del país. Las autoridades presas pudieron expresar lo injusto que fueron las acusaciones en su contra y plantear su papel como defensores de la vida y del agua ante el Tribunal de Mayor Riesgo, la prensa, la comunidad internacional y los miembros de distintos movimientos y pueblos indígenas del país que vinieron hasta la capital para seguir el juicio.[3]
En la sala de audiencia estaban presentes autoridades ancestrales de varios departamentos y en lo que duró el juicio se podía observar más de un bastón de mando dentro de la Torre de Tribunales. «Venimos desde lejos, de todos los puntos cardinales para apoyarlos, porque ustedes son nuestra inspiración para seguir luchando», dijo una mujer Q’eqchi, autoridad ancestral de las Verapaces un día antes de que se diera la sentencia.[4] Al mismo tiempo estaban presentes dirigentes de varios movimientos indígenas tal como Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina (CUC). Durante el juicio, un conjunto de organizaciones sociales guatemaltecas y internacionales emitieron un pronunciamiento reclamando la libertad para los presos políticos – entre las cuales Coordinación y Convergencia Nacional Maya Wakib Kiej, Ukux Be, la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango (ADH), Colectivo Madre Selva, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG) y muchas más.[5]
Pocos días antes de que finalizará el juicio, el 18 de julio, 9 premios Nobel de la Paz escribieron una carta al Presidente de Guatemala para exigir la liberación de los presos políticos y que el Estado de Guatemala se desista de las más de 60 órdenes de captura que fueron libradas contra defensores comunitarios del norte de Huehuetenango con el objetivo de generar miedo dentro de las comunidades.[6] El 13 de julio, Amnistía Internacional publicó un comunicado que denuncia la embestida jurídica contra las autoridades que defienden los derechos indígenas.[7] Y, dentro de la sala de audiencia, estaba presente la comunidad internacional y nacional: enviados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) de las embajadas europeas, así como organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales como Acoguate, Peace Brigades International (PBI) o Protection International (PI).
Cabe mencionar que las muestras de apoyo que se dieron frente a la Torre de Tribunales fueron variadas y múltiples. Se cantaron canciones para pedir la libertad de los presos políticos, se realizaron ceremonias mayas, artistas vinieron a pintar mantas, a declamar poesía o a presentar funciones de teatro.[8]
Un vistazo hacia el contenido del juicio: el papel de los peritajes propuestos por la defensa y las numerosas incoherencias por parte del Ministerio Público
Los peritajes propuestos por los abogados de la defensa tuvieron un papel fundamental en ese juicio y contribuyeron a deshacer las mentira históricas en contra de los pueblos indígenas y de sus autoridades que persisten desde hace siglos. La doctora Gladys Tzul, en un peritaje titulado «El rol de las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas en la mediación y realización de conflictos sociales», permitió entre otras cosas establecer que quienes mandan dentro de los pueblos indígenas no son los líderes sino el pueblo, poniendo al día el mecanismo de las asambleas comunitarias.
Santiago Bastos Amigo, en su peritaje titulado «Contexto socio-histórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango», explicó cómo se ha intentado caricaturizar a los pueblos indígenas como tierras sin fe ni ley, donde no impera ningún tipo de autoridad. Lo que queda reflejado en títulos de periódicos como «Huehuetenango, el ingobernable», donde se habla largamente de Rigoberto Juárez, uno de los acusados, tachándolo como «ex-guerrillero» o de ser parte de una «agrupación», con reclamos violentos desconociendo así su papel como autoridad ancestral en los medios de comunicación.[9]
Conforme iba avanzando el juicio, se pudieron evidenciar graves incoherencias en las investigaciones del Ministerio Público y en las declaraciones de los testigos a carga que éste presentó.[10] Por ejemplo, Domingo Baltazar y Francisco Pedro Juan (dos de los acusados) no estuvieron presentes en ningún momento el día de los hechos. Lo que se pudo comprobar por testigos a descarga que los ubicaron en otros lugares ese día, y sus nombres sólo aparecen en testimonios aislados y de dudosa consistencia por parte del MP. Los otros testigos de ese último confirmaron en su gran mayoría que no estaban presentes en el lugar de los hechos.
De la misma manera, el personal del sistema de justicia que acusa a las autoridades comunitarias admitieron que no les constaron directamente los hechos de los que acusan a los defensores, o que no fueron amenazados o agredidos directamente por ellos, sino que estas afirmaciones las escucharon por parte de otras personas. Además de eso, los testigos parecían seguir un formato estandarizado para inculpar a los acusados, lo que fue denunciado por los abogados defensores.
Antes de que empezará el juicio, 11 empleados de la empresa Hidralía Ecoener de Santa Cruz Barillas estaban inscritos como querellantes adhesivos dentro del caso de abril del 2013, acusando a tres de las autoridades comunitarias sindicadas. Desde el momento en que inició el juicio se desistieron como querellantes. Cuando presentaron sus testimonios, convocados por el Ministerio Público, varios afirmaron que nunca habían sido querellantes en el caso y que nunca habían firmado un documento acusando a los detenidos. Unos dijeron haber conocido al abogado que supuestamente los representaba, Hugo Villatoro, quien trabaja para la empresa – otros dijeron que nunca lo habían conocido. Más perturbador es el hecho de que declararon haber sido forzados por los acusados a firmar un documento donde prometían ya no trabajar para la empresa (por lo que esos fueron procesados por el cargo de coacción) y al mismo tiempo dicen haber seguido laborando para la misma empresa después de esa fecha. Además, dos de los testigos confirmaron que fueron contratados por Hidralía Ecoener hasta junio del 2016.
La Sentencia y la entereza de la jueza Yassmin Barrios
«Guatemala es un país pluricultural, pluriétnico y multilingüe, en el cual conviven varios grupos étnicos», así empezó la sentencia dictaminada por la jueza Yassmin Barrios aquel viernes 22 de julio. Manifestó que sólo partiendo del reconocimiento de esa realidad pueden ser consideradas las acusaciones generadas por el Ministerio Público en contra de los defensores comunitarios. Esa sentencia fue la ocasión de reconocer a la sociedad maya y sus formas de organizarse, poniendo en primer plano el papel de mediador desarrollado por las autoridades comunitarias dentro de la comunidad y despejando las imágenes de secuestradores y de criminales que el Ministerio Publico intentó proyectar sobre los acusados.
La señora jueza hizo suyas las palabras de Monseñor Ramizzini, obispo famoso por haber luchado al lado de las comunidades indígenas en los departamentos de San Marcos y de Huehuetenango, quien también vino a testificar durante el juicio: «El gobierno de Guatemala no se ha dado cuenta de que existen autoridades ancestrales». Resaltó que no se ha hecho el esfuerzo para regular la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), necesario para resolver la situación de los pueblos indígenas según el religioso y que contiene elementos claves como el derecho a la consulta previa, libre e informada. Es precisamente ese desconocimiento hacia las formas de organización indígena que estuvo en la raíz de este proceso penal, que la jueza no hesitó en calificar de «injusto e innecesario puesto que se hubiera podido resolver a través del diálogo y la mediación».
Sabiendo la larga historia de marginación, persecución y masacres de las cuales han padecido los pueblos mayas de Guatemala, este súbito reconocimiento por parte del estado Guatemalteco casi pareció un milagro a los asistentes. «Nos encontramos en el año 2016, es una nueva era, no estamos en la Inquisición» puntualizó la jueza.
Un elemento clave de esa sentencia fue el reconocimiento de la criminalización que existe por parte del Sistema de Justicia hacia la población indígena, y en particular contra sus autoridades comunitarias. «El derecho […] no debe de utilizarse como un instrumento de poder y dominación», expresó la jueza. Y en el presente caso reconoció que «se ha utilizado el proceso penal para criminalizar las acciones efectuadas por las autoridades ancestrales y en las que han participado líderes comunitarios para defender sus derechos.»
Dirigiéndose directamente a los operadores de justicia, la jueza llamó a reflexionar tanto a los jueces, como al Ministerio Público y a los abogados.»Los jueces no podemos convertirnos en instrumentos para criminalizar las conductas que no son delictivas y eso debe ser claro porque los jueces estamos llamados a fortalecer el Estado de Derecho dentro de un país.»
Hablándole directamente al Ministerio Público y a los fiscales, dijo que si presentan pruebas, ella podría condenar. Pero que en el caso contrario, no puede dar paso a la arbitrariedad. Expresó que no se pueden detener ilegalmente a las personas, porque de lo contrario se pierde la confianza en el Sistema de Justicia. «Presenten sus acusaciones, pero sostenidas. Porque no se vale que a una persona la detengan si no existen pruebas. Hay mujeres, hay esposas, hay hijas, hay toda una familia que ha estado sufriendo. No, no es correcto», concluyó Yassmin Barrios.
Además, dirigiéndose ahora a las autoridades comunitarias que acababa de absolver, los «exhortó» a que cuando regresen a sus casas sigan ejerciendo sus derechos, respaldándoles así en su lucha para defender su territorio. Resaltó que la defensa de los recursos naturales no constituye un delito y que, lejos de ello, tiene fundamento en los fines del Estado que es preservar el bien común. A lo que añadió que «como ha quedado demostrado no existió ningún delito. Lo que sí ha quedado demostrado es que los vecinos de Santa Eulalia, Huehuetenango, entre ellos los acusados, reconocen la necesidad de preservar sus recursos naturales».
En otra manifestación de reconocimiento hacia lo indígena, la jueza expresó que sus formas de organizarse tendrían que ser fuentes de aprendizaje para el resto de la sociedad guatemalteca. «La autoridad ancestral va caminando con la comunidad, que la representa y que lucha por sus intereses. Y algo muy hermoso de la cosmovisión maya, que aprendí en este debate, es que las autoridades deben de reconocer la voluntad de las asambleas. Es algo que nosotros también tenemos que aprender.»
Otro punto importante, fue el reconocimiento del empresariado como una de las fuentes principales del conflicto que existe dentro de las comunidades indígenas. Por ejemplo, la jueza condenó la instrumentalización del Sistema de justicia por parte de las empresas hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango, refiriéndose al peritaje del antropólogo Santiago Bastos Amigo. Y resaltó que «dividen a las comunidades utilizando su poder político y económico, rompiendo la unidad y cooptando a la gente. Además de utilizar técnicas para impedir la movilización de la oposición, entre ellas la detención a los líderes comunitarios.» Al último se dirigió directamente a los empresarios: «Y, pues no están aquí los empresarios, pero decirles: no criminalicen la conducta de nuestros hermanos guatemaltecos». Concluyendo: «No criminalicemos a las comunidades indígenas. Todos tenemos derechos a vivir en paz y a ser un país mejor. Y si todos ponemos de nuestra parte vamos a lograr esa armonía. Yo sé que ahora ya es de noche, pero creo que el sol de justicia ha empezado a salir en nuestro país.»
Una sentencia: dos partes que desienten
Presidiendo a ese tribunal estaba la jueza Yassmin Barrios, pero junto con ella estaban dos jueces formando el panel que iba a dictaminar la sentencia. A pesar de los esfuerzos de la jueza para convencer a sus dos colegas, los jueces Patricia Bustamante y Gerbi Sincal, los tres no lograron ponerse de acuerdo sobre todos los puntos de la sentencia y esa quedó dividida en dos partes contradictorias. Yassmin Barrios había citado la gente a las 6:00 de la tarde, hora a la cual iba a emitir su sentencia, pero inició a las 8:30 de la noche, dejando por lo mismo muy en claro sus esfuerzos para intentar de convencer a sus dos colegas.
Ese desacuerdo puso a la luz del día las grandes dificultades que existen para que el Sistema de Justicia reconociera los derechos de los pueblos indígenas. Y cabe recordar que si esta sentencia constituye un logro, también sigue siendo una excepción debida en gran parte a la jueza Yassmin Barrios y a su entereza. “En este caso existe un razonamiento por parte de mis compañeros jueces, quienes están disentidos con esta presidencia quien considera que debe de absolverse a los acusados de todos los delitos”, anunció al dejar la palabra a sus colegas.
«En este caso existe un razonamiento por parte de mis compañeros jueces, quienes están disentidos con esta presidencia quien considera que debe de absolverse a los acusados de todos los delitos», anunció la jueza Yassmin Barrios.
En efecto, sus colegas decidieron condenar a Bernardo Ermitaño López Reyes y Rigoberto Juárez Mateo. El juez Sincal, quien leyó la parte de la sentencia que había determinado en conjunto con la jueza Bustamante, prácticamente desconoció el papel de autoridad comunitaria y de mediador del acusado Bernardo Ermitaño López Reyes. Lo acusó de haber incitado la población a convocar a más gente por medio de una radio comunitaria y de haber hecho uso de su teléfono para convocar a la muchedumbre. Todo aquello con el propósito de influenciar sobre proceso penal que se estaba dando el 23 de enero del 2014. Por lo cual lo condenó por obstaculización del proceso penal, lo que representan 3 años de prisión conmutables.
De la misma manera acusó a Rigoberto Juárez Mateo de coacción (6 meses de prisión conmutables) por haber forzado a la policía, al fiscal y al juez de Santa Eulalia a llevar a cabo una audiencia fuera del horario penal, usando como un instrumento a la población de esa cabecera municipal para realizar su meta. «No podemos jugar con la Justicia», resaltó el juez Gerbi Sincal al pronunciar esas dos condenas. El juez justificó así la existencia de un delito y el tiempo pasado por las autoridades comunitarias en la cárcel, alejándose del reconocimiento de su inocencia y del perdón pedido por los abogados de la defensa por parte del Estado de Guatemala.
No obstante, por el tiempo que ya habían pasado los acusados dentro de la cárcel de manera preventiva, se suspendió la condena en su contra y no tuvo influencia sobre la liberación inmediata que ya había anunciado la jueza Yassmin Barrios. Aunque después de haberlos condenado quedó clara la fractura que existe entre las dos posturas de los jueces: una queriendo reconocer a las autoridades comunitarias y su función, y la otra quedándose del lado de la criminalización y de las mentiras.
Después de la intervención del juez Sincal, Yassmin Barrios quiso dejar muy en claro que su presidencia no reconocía esas acusaciones y que se oponía rotundamente a ellas. Después de haber explicado sus argumentos, juzgó importante llamar directamente a los acusados: «Donde está don Ermitaño? Yo, sí creo en su inocencia», le afirmó. «Señor Rigoberto, donde está? Creo en su inocencia», le proclamó.
A pesar de esas divisiones el verdadero veredicto provino del público al terminar la sentencia y eso fracciones de segundos después de que se callara la voz de la jueza. Repentinamente, la sala de audiencia empezó a resonar con los gritos de alegría, las consignas de lucha y los aplausos a los recién absueltos. Fue un momento de ebullición porque la gente presente ese día dentro de la Torre de Tribunales sabía que no sólo se liberaban las 7 autoridades del norte del Departamento del Huehuetenango, sino que esa sentencia constituyó (¡aunque sea por una hora!) el reconocimiento del Estado de Guatemala a los pueblos indígenas, a la criminalización y violencia que enfrentan en su vida diaria y a las luchas que defienden.[11]
«En Guatemala, acostumbrados a tantas noticias adversas, no nos damos el tiempo de valorar, disfrutar y comunicar las buenas noticias. Sin duda alguna la LIBERTAD de nuestros compañeros es una de ellas», resumieron los comunicadores de la Red Tz’ikin en su página de Facebook al finalizar el juicio. Esa sentencia, lo mencionamos, casi pareció un milagro a la gente que se encontraba dentro de la sala de audiencia – de ahí esta última explosión de alegría. Pero lo que por ahora nos parece algún tipo de magia viniendo de la Jueza Yassmin Barrios, no será al fin y al cabo un humilde ejercicio del sentido común? Ese asombro provocado por un simple gesto de justicia por parte precisamente de la Justicia, nos viene a recordar el largo camino que todavía queda para que este tipo de decisiones se convierta en algo usual – y que lo que debería ser de sentido común nos deje de parecer un prodigio.
Frente a la sentencia: la postura de los movimientos, el papel del Estado hoy en día y los retos por venir
Los pobladores del Norte de Huehuetenango, lejos de dejarse doblegar por la ola de amenazas, violencias y criminalización en su contra, han optado por continuar la lucha. En estos días, han estado al tanto de lo que estaba ocurriendo dentro de la sala de audiencia donde se juzgaron a sus autoridades comunitarias que forman parte del Gobierno Plurinacional Q’anjobal, Chuj, Popti, Akateko y Mestizo. Varios de sus miembros estuvieron presentes durante el juicio, y los que no pudieron desplazarse hasta la capital del país (o por razones económicas o porque tenían órdenes de captura) siguieron el juicio a través la radio.[12]
Igual y las voces de las autoridades recientemente liberadas no tardaron en alzarse nuevamente. Don Ermitaño López Reyes, por ejemplo, llama a los defensores de recursos naturales del resto del país a “no tener ese miedo de expresarse y de luchar con esos grandes monstruos” que son las empresas que quieren aprovecharse de las riquezas de sus territorios. Los invitó a que “sigamos defendiendo, que no quitamos el dedo de la llaga para poder defender los recursos naturales que es el dador de vida”. Relata de la siguiente manera los meses que pasó dentro de la cárcel: “Tuve una gran experiencia, no me pesa el haber estado en prisión porque, al menos en mi país, los cuatro puntos cardinales se han dado cuenta que realmente nuestra lucha es justa, es por toda una multitud, no es por una persona, no es por un cierto sector, sino que es colectivamente la lucha que llevamos y esto me satisface grandemente”. Antes de añadir que “tarde o temprano somos escuchados como está vez se ha marcado historia en el país de Guatemala“.[13]
A estas alturas nos podemos preguntar si ¿este caso hará escuela? O si ¿abrirá el camino hacia un Sistema de Justicia más justo y más respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas y de la población en general? Por lo menos podemos decir que esa sentencia crea un precedente y que este precedente genera esperanzas. Pero como bien lo recuerda el Gobierno Plurinacional en un comunicado publicado después de que se concluyera el proceso penal en contra de sus autoridades : “valoramos que, dentro de la podredumbre del Sistema de Justicia, aún existen operadores de justicia honorables” pero “queda mucho por hacer para devolverle al pueblo de Guatemala su confianza en las instituciones de Justicia”.[14]
Es lo que nos recuerda también el periodista Andrés Cabañas, en un artículo publicado después del juicio, al subrayar que “el actual Estado, construido para perseguir, criminalizar y encarcelar a dirigentes comunitarios, para priorizar el derecho corporativo sobre los derechos colectivos, para operativizar un modelo de acumulación de naturaleza violenta, tiene que ser transformado de raíz”.[15]
Si hoy en día los presos políticos del norte de Huehuetenango fueron librados, no es por lo tanto que las amenazas en su contra y en contra de los demás luchadores se desvanecieron. Es suficiente recordar que solamente en esa parte del país quedan más de 60 órdenes de capturas vigentes en contra de los que deciden defender a su territorio. El derecho penal del enemigo, que retira al acusado su derecho a un debido proceso y abre la puerta a todos tipos de abusos por parte del Sistema de Justicia sigue haciendo mucho daño a la sociedad guatemalteca como lo resaltaron los abogados defensores durante el juicio. No se puede mentir: falta mucho para que la dignidad de la población indígena y el respeto a sus derechos imperen. Además, el actuar de las empresas, del Estado y de las grandes fortunas de Guatemala no es sin recordar ciertos rasgos de los tiempos del conflicto armado: “El ejército, los ricos de Guatemala y las transnacionales hacen uso de los métodos de contrainsurgencia que ya se aplicaron contra nuestros pueblos”, como bien lo menciona Domingo Ixcoy, coordinador de la Asociación Maya Uk’ U’x B’e.[16]
Sin embargo, Benito Morales Laínez, uno de los abogados defensores del autoridades criminalizadas, ve en la sentencia dictaminada por la jueza Yassmin Barrios este viernes 22 de julio razones de crecer esperanzas. El camino es largo e implica la fundación de un Estado Nuevo, pero el gran logró de esta sentencia según su criterio es el reconocimiento de las autoridades de los pueblos indígenas:
“La sentencia representa una oportunidad histórica para dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia la articulación política entre pueblos (originarios y mestizo), de cara a la transformación y/o construcción de un nuevo Estado basado en el principio de libre determinación. Un nuevo Estado representativo de un nuevo ejercicio del poder; no del poder autoritario, racista, etnocéntrico y represor que caracteriza al actual Estado de Guatemala, sino un poder solidario, horizontal, representativo y revocable por los pueblos.
La sentencia destaca la existencia y rol de la autoridades de los pueblos (originarios y mestizo), y que su ejercicio es legal y legítimo, por lo que el sistema de justicia (entiéndase el Estado) debe abstenerse de criminalizar ese ejercicio de autoridad y sus roles. Esto es vital en función del empoderamiento político y la acción estratégica de carácter político. Lo que sigue y lo que se pueda sacar de esto, va depender de la capacidad que se tenga para capitalizar.”[17]
El reconocimiento de las formas indígenas de vivir, de organizarse y de mirar al mundo, lo entendimos, es un primer paso. Así como la liberación de sus autoridades injustamente encarceladas. Pero un paso más, un paso que todavía no se ha dado y que podría constituir un gran salto hacia una sociedad más justa, es el enjuiciamiento de los actores que están a la raíz de los conflictos sociales que genera el despojo de los territorios indígenas y de los bienes naturales que contienen. Por el momento, los asesinos de Andrés Pedro Miguel andan sueltos, los autores intelectuales al origen del cruel asesinato de Daniel Pedro Mateo andan sueltos, y el verdugo del joven Pascual Basilio anda suelto. Y esos son tres ejemplos en medio de muchos más. Es un logro que se haga justicia y que se reconozca a las autoridades comunitarias injustamente acusadas. Pero mirando hacia adelante, el reclamo de justicia tiene que extenderse y atacarse a las fuentes mismas del conflicto.
Así quizás podríamos empezar a vislumbrar “un nuevo ejercicio del poder” del que nos habla Benito Morales Laínez. El ejercicio “no del poder autoritario, racista, etnocéntrico y represor que caracteriza al actual Estado de Guatemala, sino un poder solidario, horizontal, representativo y revocable por los pueblos”. Ese quizás es uno de los retos más grandes por venir.
Enlace documental entrevista a los presos políticos “Ríos de lucha”:
Ríos de Lucha: Video-entrevista a 5 presos políticos del norte de Huehuetenango
Enlace audio de la audiencia:
1.-Véase al respecto de: Andrés Pedro Miguel: https://www.plazapublica.com.gt/content/la-muerte-inconclusa-de-andres-pedro-miguel
Daniel Pedro Mateo:http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/04/homenaje-daniel-pedro.html
http://consejohuista.blogspot.mx/2014/04/normal-0-21-false-false-false-es-mx-x_16.html
Pascual Basilio: https://comunitariapress.wordpress.com/2016/03/17/santa-eulalia-a-un-ano-del-asesinato-del-joven-pascual-basilio-y-sigue-impune/
2.- Sobre la apertura del juicio véase: https://acoguate.org/2016/07/04/se-abre-el-debate-en-contra-de-los-defensores-del-territorio-del-norte-de-huehuetenango/
3.-Véase por las peticiones de los presos al tribunal horas antes de la sentencia: http://www.realizadorestzikin.org/noticias/guatemala/234-peticiones-finales-de-defensores-de-la-vida,-el-agua-y-el-territorio-en-guatemala
4.-Citado por Prensa Comunitaria en su página de facebook, el 26.07.2016
5.- Véase: https://issuu.com/lacuerdaguatemala/docs/comunicado_presos_politicos?e=18588054/37054278
6.-Véase: https://comunitariapress.wordpress.com/2016/07/18/premios-nobel-de-la-paz-piden-liberacion-de-los-presos-politicos-en-guatemala/
7.-Véase: https://www.amnesty.org/es/documents/amr34/4438/2016/es/https://www.youtube.com/watch?v=GNR_TDy5SUM
8.-Véase: https://comunitariapress.wordpress.com/2016/07/15/al-ritmo-de-la-batucada-se-realizo-un-planton-solidario-en-apoyo-ha-presos-politicos/
9.-Véase: http://contrapoder.com.gt/2015/02/26/huehuetenango-el-ingobernable-2/ https://comunitariapress.wordpress.com/2015/12/12/huehuetenango-ingobernable-el-papel-de-los-medios-en-la-criminalizacion-de-la-lucha-por-el-territorio/
10.- Para un recuento detallado, se pueden leer los boletines diarios de las audiencias que redactados por CALDH: https://drive.google.com/folderview?id=0BxOjd8OI5wmhaF9LeThYWjlUS3c&usp=sharing
11.-Véase los presos al salir de la sala de audiencia, minutos después de la sentencia: https://web.facebook.com/PlazaPublicaGT/videos/1079064902148716/ https://web.facebook.com/red.tzikin/videos/581239045395812/
12.-Véase: https://comunitariapress.wordpress.com/2016/07/23/barillas-al-pendiente-de-sus-autoridades-ancestrales/
13.-Durante una entrevista con el autor, el 24.07.2016.
14.-Véase: https://comunitariapress.wordpress.com/2016/07/23/comunicado-del-gobierno-plurinacional-por-sentencia-en-el-caso-de-los-presos-politicos/
15.-Véase: https://memorialguatemala.blogspot.mx/2016/07/presos-politicos-en-huehuetenango.html
16.- Véase: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192135
17.-Benito Morales durante una entrevista con el autor, el 25.07.2016
