En la Plaza de la Constitución de Guatemala, entre los festejos decembrinos montados para el entretenimiento de la gente, hay un espacio que se resiste al olvido: el altar de cruces rosas con los nombres pintados a mano de las 41 niñas que murieron y 15 que sobrevivieron al incendio del centro estatal de protección temporal, el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, el 8 de marzo de 2017.
Vianney Claret Hernández recordó en aquel lugar a su hija Ashley Angely Rodríguez Hernández, vestía una playera con el retrato de su hija en la marcha del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Ella era muy alegre, era de un carácter muy fuerte, le gustaba bailar, bromear, quería mucho a mi nieta. Para mi persona, era muy cariñosa. No se merecía esto”. Ashley tenía apenas 14 años de edad cuando murió en el incendio del hogar donde el Estado suponía protegerla.
El hastío de los abusos sexuales, las condiciones insalubres, el hacinamiento, la comida en mal estado, llevó el 7 de marzo de 2017 a más de 100 menores de edad a intentar escaparse del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, que dependía de la Secretaría de Bienestar Social del Estado guatemalteco.
Según la información pública, las niñas y niños fueron detenidos por la Policía Nacional Civil tras el aviso del director. A 43 niños los encerraron en un auditorio y a 56 niñas en un aula bajo llave donde cada una tenía menos de un metro de espacio (el salón media 6.8 x 7 metros).
Luego pasar la noche sin agua ni servicios sanitarios -aparentemente una niña estaba embarazada y otra con una luxación de pelvis-. En extrema desesperación una de las niñas prendió fuego a una colchoneta de esponja con la esperanza de llamar la atención de las vigilantes y convencerlas de sacarlas.
Los gritos de auxilio se desvanecieron durante los nueve minutos que tardaron en abrir la puerta, tiempo suficiente para acabar con la vida de 41 de ellas, mientras que en 15 quedaron con graves quemaduras: dos de ellas sufrieron amputaciones para sobrevivir. Las víctimas tenían entre 13 y 17 años de edad.
No fue el fuego, fue el Estado
Mucho antes de la tragedia, Vianney había interpuesto una denuncia de las malas condiciones en las que vivía su hija en el Hogar Virgen de la Asunción, que albergaba a 600 niñas, niños y adolescentes -100 por encima de su capacidad-, pero las autoridades nunca dieron respuesta adecuada a su queja y las de otros familiares que acusaban de violencia psicológica, física, sexual y trata contra las niñas.
“Cuando hay una denuncia en una institución que era del Estado tenían que investigar. Qué estaba pasando ahí, qué estaba sucediendo. Por qué las niñas hablaban y las madres ponían denuncias”. Vianney comentó que en los peritajes al cuerpo de su hija, le indicaron que había sido violada antes del incendio.
A casi tres años de la tragedia, Vianney sabe que le queda un largo camino para acceder a la verdad y justicia. El caso sigue entrampado en los juzgados donde el proceso está divido en tres grupos de acusados: del personal del Hogar Seguro, de la Secretaría de Bienestar Social, de la Procuraduría de Derechos Humanos, y de la Policía Nacional Civil. Pero de formas perversas las autoridades guatemaltecas han querido librar de culpa a los señalados.
Este año un funcionario del Estado interpuso una denuncia contra las 15 niñas sobrevivientes por 19 delitos para responsabilizarlas del incendio. Mientras a madres como Vianney, constantemente son culpadas de dejar a sus hijas en el centro estatal. “Ellas lo que estaban exigiendo era la justicia de ellas, que fuera un trato mejor. Ellas no eran delincuentes, ellas estaban bajo la protección del Estado. El Estado quiere culpar hasta las madres, porque estaban ahí”.
El Hogar de la Virgen de la Asunción albergaba a menores de edad entre cero y 17 años de edad de ambos sexos, con necesidades de atención por vivir abuso físico o sexual, abandono, dependencia de sustancias adictivas, adopciones irregulares, niñez en situación de calle, con discapacidades y víctimas de trata. Según los reportes de la Policía Nacional Civil, en los últimos años habían escapado del centro 300 niñas y niños.
Para el resto de las niñas y niños que estaban albergados en el Hogar Seguro su destino no fue favorecedor. Reportes de organizaciones documentaron que fueron trasladados a hogares, tanto públicos como privados, otros reintegrados con sus familias, y en muchos casos siguieron expuestos a malas condiciones de vida e incluso violencia.
Vianney externó que una justicia justa para ella serían de 50 a 60 años prisión para cada funcionario. Ella ha tenido la posibilidad de asistir a cada audiencia pero es consciente que no todas la madres tienen la posibilidad de viajar y seguir de cerca el proceso, porque lo que anhela crear al lado de organizaciones civiles un fondo económico para trasladar a las madres de las niñas y estén en las audiencias más importantes.
“A mi el dolor ya me transformó en lucha, en fuerza, a mí me da coraje porque sé que hay una lucha muy grande para seguir contra el Estado. Mi persona no va desmayar hasta que Dios diga aquí está, pero mientras yo esté viva yo seguiré hasta encontrar la justicia, y una justicia justa”.
Cruces para no olvidar
La muerte de las niñas del Hogar Virgen de la Asunción son de las peores tragedias que ha vivido Guatemala desde el fin de la guerra civil, pero a su vez es el reflejo cruel de la continua violencia que experimentan las mujeres y niñas de este país, expresó la directora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Ada Valenzuela.
“Nosotras hablamos del continuum de la violencia en la vida de las mujeres, y en el caso específico de la violencia sexual, hay un ejemplo claro en el país que es la guerra. Durante el conflicto armado interno la violencia sexual fue utilizada como una estrategia para controlar los territorios y cuerpos de las mujeres. Y es exactamente lo que pasa en la actualidad, sigue siendo utilizada para controlar los cuerpos y territorios de las mujeres instalada en las zonas donde necesitan tener control social. Entonces ahí lo que nos demuestra además, que tenemos una sociedad con el tejido altamente dañado producto de la guerra, de la desigualdad social en la que vivimos, y un Estado que es incapaz de proteger la vida de las mujeres.”
Parte del trabajo de UNAMG, explicó en entrevista Ada Valenzuela, es el no olvido de los crímenes vividos en el Hogar Seguro. Por lo que mantienen en la Plaza de la Constitución de Guatemala un memorial de cruces con los nombres de las víctimas del incendio. Este 25 de noviembre tuvieron que salir a marchar y volver a colocarlo, ya que las cruces habían sido quitadas por el Ministerio de Cultura, alegando que eran un peligro para quienes transitaban y que la plaza pública “no era un cementerio”.
Publicado originalmente en CIMAC Noticias