El día 12 de diciembre de 2011, alrededor de las 10 de la mañana todas las academias de la Normal Rural de Ayotzinapa salieron en 6 autobuses con destino a la autopista del Sol para bloquearla ante la cerrazón del gobernador Ángel Aguirre Rivero de recibirlos. A las 11:30 aproximadamente llegaron al lugar acordado. Estacionaron 3 autobuses en cada carril de la carretera. En pocos minutos la autopista quedó bloqueada y detenida la circulación. De inmediato arribaron al lugar el general Ramón Miguel Arriola y el director de gobernación Moisés Alcaraz Jiménez. Plantearon a los estudiantes la liberación de la autopista con la promesa de que en próximos días el gobernador los recibiría. No había más plazo que esperar, por eso los estudiantes con firmeza manifestaron que no se irían del lugar sin tener una respuesta inmediata para el encuentro con el gobernador. Al filo de las 12:15 un grupo de policías federales lanzaron granadas de gas lacrimógeno al lugar donde protestaban los estudiantes. Mientras tanto otro grupo de la misma corporación que portaba armas, avanzaba por el lado norte efectuando disparos al aire. A su paso detuvieron y sometieron a varios estudiantes. Minutos más tarde llegaron por el poniente, del lado de Liverpool, elementos de la policía ministerial del Estado, quienes al escuchar disparos que efectuaban elementos de la policía federal, también empezaron a disparar contra los estudiantes.
Los normalistas se reagruparon y avanzaron de sur a norte para detener el avance de la policía federal. Simultáneamente los disparos se intensificaban y del poniente eran atacados con armas de fuego por elementos de la policía ministerial. En esos instantes fueron alcanzados por las balas de las fuerzas policiales los estudiantes normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, muriendo al instante. El cuerpo del primer compañero quedó tendido sobre el carril de circulación de sur a norte y el segundo estudiante cayó en el carril que va de norte a sur. Tres estudiantes más resultaron heridos y otros 9 fueron detenidos. Estos últimos fueron sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, durante los hechos, en una gasolinera ubicada en el lugar de la tragedia, una persona más, Gonzalo Rivas Cámara, – empleado del establecimiento – perdió la vida al intentar sofocar un incendio de una bomba expendedora.
La reacción del procurador general de justicia del Estado de Guerrero fue tergiversar los hechos e inculpar a los propios estudiantes. Afirmó que los manifestantes iban armados, que 3 dispararon y que ello se produjo la muerte de los dos normalistas. Más tarde los estudiantes expresaron que habían sido torturados con el fin de que se inculparan. Esto sucedió con el estudiante Gerardo Torres Pérez, quien fue sometido a tortura para que disparara un arma y se autoinculpara de la muerte de sus compañeros. La cobertura que dieron los medios de comunicación sobre estos acontecimientos reforzaron los señalamientos de los estudiantes de que los policías eran los responsables materiales de las ejecuciones de sus dos compañeros. Al entonces procurador no tuvo otra salida que admitir que los estudiantes habían sido agredidos por la policía federal, para poder exculpar a la policía ministerial.
De inmediato se iniciaron las investigaciones, pero ningún policía fue retenido. Hasta el día 13 de diciembre, la PGJE les practicó la prueba química de radizonato de sodio. Casi todos salieron negativos, sin embargo, arraigó a varios policías ministeriales, siendo procesados solo dos: Rey David Cortez Flores e Ismael Matadamas Salinas. Se instruyó la causa penal 27/2012 que tramitó el Juzgado Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos. El Juez de Primera Instancia encontró elementos para dictarle auto de formal prisión como probables responsables de homicidio en agravio de los estudiantes. Para colmo de males un Juez de Distrito concedió un amparo estableciendo que en la averiguación previa no existían pruebas científicas ni técnicas que demostraran que los policías procesados accionaron sus armas y que esos disparos ocasionaron la muerte a los estudiantes. Con esta argumentación de por medio, el 23 de abril de 2013 los dos policías fueron liberados por el Juez de primera Instancia quien tuvo que acatar la ejecutoria de amparo, que establecía insuficiencia probatoria para procesar a los policías.
Simultáneamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una queja ejerciendo por primera vez su facultad de investigar graves violaciones a los derechos humanos. Esta atribución era propia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso Aguas Blancas fue el Supremo Tribunal del país quien realizó las investigaciones. Ahora lo hacía la CNDH, integrando el expediente de queja número CNDH/1/2011/1/ VG. El 27 de marzo de 2012 el organismo público emitió su recomendación, concluyendo que el día 12 de diciembre de 2011 diversas autoridades y servidores públicos incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, entre las que destacan: la criminalización de la protesta social; el uso excesivo de la fuerza y las armas; privación de la vida; lesiones; tortura; imputación indebida de hechos; violación a los derechos del niño y la mujer; inadecuada atención a las víctimas; inadecuada atención a la escuela Normal Rural de Ayotzinapa; indebida preservación y alteración del lugar de los hechos; obstáculos en la investigación y el deber de investigar efectivamente. Entre sus recomendaciones figuran las que hacen énfasis en el procesamiento y sanción a los servidores públicos que participaron directamente en los hechos, así como los que planearon y ordenaron; medidas administrativas y legislativas en materia de uso de la fuerza; protocolos para la preservación de lugar de los hechos en las investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos; medidas de mejoramiento y dignificación de las condiciones de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa; juicio político para fincar responsabilidades administrativas contra los funcionarios de primer nivel, responsables de los hechos e indemnización a los familiares y víctimas. En todos estos planteamientos, únicamente la indemnización de algunas víctimas se cumplió de manera parcial. El juicio político al ex-procurador y ex-secretario de seguridad pública de Guerrero sólo se inició, pero la legislatura local nunca lo resolvió.
Después de los deleznables hechos varias organizaciones sociales en Guerrero se solidarizaron con la Normal y expresaron su indignación por las graves violaciones consumadas el 12 de diciembre. Todo el movimiento social se agrupó y se iniciaron de manera más contundente las movilizaciones. La demanda de los estudiantes logró escalar a nivel nacional, sin embargo, su fuerza mermó por el período vacacional de diciembre y también por la cooptación de varias organizaciones sociales que sucumbieron ante el poder, al colocar sus demandas por encima de la exigencia de justicia de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría.
En medio de este mar de impunidad la CNDH emitió la Recomendación 1 VG/2012 que concluyó que los proyectiles de arma de fuego que habían privado de la vida a Jorge Alexis y Gabriel fueron disparados por elementos de la policía ministerial del Estado de Guerrero. No obstante, la CNDH fue omisa por no coadyuvar para que sus conclusiones fueran confirmadas en el ámbito penal. Estas inconsistencias contribuyeron para que las investigaciones no avancen y más bien pasen al archivo muerto.
Los asesinatos de Jorge Alexis y Gabriel ponen en evidencia cómo las graves violaciones a los derechos humanos no se investigan, por el contrario se protegen a sus perpetradores. No hay la menor intención de la fiscalía de profundizar en las investigaciones, por el contrario es rehén de sus propias tropelías. Los intereses siniestros enquistados en esta institución pueden más que las demandas de justicia de las víctimas. Persiste una postura intransigente contra los estudiantes que increpan a las autoridades y ponen en entredicho su legitimidad. Criminalizan su movimiento y los colocan en la mirilla del poder represor.
La represión del 12 de diciembre pone en evidencia que se utilizaron armas letales para disuadir una protesta estudiantil, resultando de esta acción desproporcionada dos estudiantes asesinados y más de cinco heridos. El marco jurídico internacional prohíbe que la policía utilice armas letales para contener o disuadir una protesta social. En el caso de la protesta de los estudiantes de Ayotzinapa, más de 60 policías utilizaron sus armas y 40 de ellos efectuaron disparos, sin que hasta la fecha un solo policía esté procesado. Además de esta apuesta por la impunidad, el ministerio público no preservó ni procesó adecuadamente la escena del crimen, por lo mismo un sinnúmero de evidencias se desvanecieron, perdiendo la oportunidad de dar con los responsables. No se aseguraron inmediatamente las armas ni a los policías que participaron en la agresión. Por tal razón muchos de ellos no dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio y GIES. Institucionalmente se encubrió a los perpetradores y se le dieron todas las garantías para que evadieran la acción de la justicia. Tampoco se realizaron diligencias ni se aportaron pruebas científicas, como la de balística de efectos para determinar los disparos que se realizaron y establecer las trayectorias de los proyectiles. En este caso el ministerio público nunca estableció la trayectoria de los disparos, por lo mismo no se verificó desde que lugar les dispararon a los estudiantes asesinados.
Esta infamia propalada por las altas autoridades ha sido la causante de este ambiente de corrupción, impunidad y violencia que impera en nuestro estado. El permiso para matar, que por la vía de los hechos tienen los policías, es también un salvoconducto para delinquir y coludirse con el crimen organizado. La tragedia del 12 de diciembre de 2011 forma parte de la cadena delictiva de un estado represor y mafioso que llegó al extremo de consentir una acción macrodelincuencial con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acaecida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Está plenamente probado por las investigaciones que realizó el GIEI de que hubo participación de todas las corporaciones policiales que actúan en la región, del ejército del 27 batallón de infantería, de las autoridades municipales y estatales que se coludieron con organizaciones criminales para desparecer a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. No en vano las autoridades federales se han casado con la verdad histórica para mantener este continuum de impunidad. De avasallar con balas y desapariciones la lucha legítima de los normalistas que han cimbrado a un sistema fincado en la mentira y la violencia institucionalizada.
